“A la ministra de Justicia le informé verbalmente del informe de la Comisión Jeldres”

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-¿Por qué el Sename no dio a conocer oficialmente el Informe de la Comisión Jeldres si la comisión lo entregó en marzo pasado y hasta que CIPER lo publicó el 4 de julio nadie sabía de esta realidad?
Lo desconozco, porque ese informe lo encargó el Poder Judicial y a ellos se les  entregó. Nosotros lo conocimos primero informalmente y luego, el 7 de marzo, la magistrada Gloria Negroni nos entregó el informe. Una semana después tuvimos una reunión con representantes del Poder judicial y de Unicef. Cuando nosotros conocimos el contenido del informe, nos alarmamos e inmediatamente lo enviamos a todas las direcciones regionales para que hicieran un catastro y se abocaran a buscar a esos niños en riesgo, a individualizar a los niños que aparecían en el informe reportando algún tipo de vulneración en sus derechos. En algunos casos, no coincidían los datos.

-¿Qué es lo que no coincidía, para ser más claros?
Era muy difícil rastrear a ese niño, porque había pasado mucho tiempo, casi seis meses desde que contestaron la encuesta en el segundo semestre de 2012, sobre todo cuando la encuesta era anónima y no había antecedentes más que la edad para ubicar a ese menor.

-¿Usted solicitó esa información, con el detalle de la identidad de los niños vulnerados, a Unicef o a los jueces que participaron de la Comisión Jeldres, atendida la gravedad de las denuncias y la urgencia de intervenir por parte del Sename?

Lo preguntamos a Unicef y nos dijeron que era anónima, que no nos podían decir quién había contestado esa encuesta.

-¿No considera que Sename pudo ser más proactivo en insistir con esos datos, sabiendo que hay niños que declaran estar siendo abusados al interior del hogar o maltratados física y sicológicamente y que es urgente ir en ayuda rápida y directa de esos niños?
Es que de acuerdo a la información que nos entregaron, no era posible porque las encuestas eran anónimas.

-¿Qué acciones concretas tomó el Sename al momento de conocer estos casos graves de abuso sexual, de maltrato y de conductas totalmente irregulares e incluso constitutivas de delito?
En el caso de los informes que daban cuenta de abusos, nos abocamos a encontrar e identificar al niño que había denunciado el hecho, y en algunos casos lo pudimos determinar. En otros casos, establecimos que la respuesta no era coherente con lo que se había preguntado, de modo que se descartaba el caso.

-¿Y qué se hizo para proteger a esos niños? Porque puede que no hayan sido individualizados los nombres, pero sí estaban identificados los hogares, por lo tanto el universo se acotaba bastante para la búsqueda.
En esos hogares se desvinculó a doce personas, entre ellos, a la directora de un centro. También dimos los avisos al Ministerio Público por parte de las direcciones regionales, en los casos en que podría haber un delito.

-¿Cuál fue el motivo del despido de esas personas?
Por maltrato.

-¿Corresponde a las personas que aparecían mencionadas por los niños en los informes por maltrato?
Sí, en algunos casos. En otros, aparecieron los nombres en las visitas de supervisión que se hicieron cuando envié el informe a las direcciones regionales.

-Usted, como funcionario público y también las personas a cargo de los hogares, tienen la obligación por ley de poner los antecedentes ante el Ministerio Público en un plazo de 24 horas de conocido el delito. ¿Se hizo la denuncia en los casos que pudieron constatar en estas visitas a los centros que usted ordenó en marzo?
Hubo algunas denuncias, en oficios, que se hicieron en los hogares afectados y que se entregaron a la fiscalía respectiva.

-¿Esas denuncias corresponden  a los cuatro hogares que usted resolvió cerrar el día martes 9 de julio, o hay más?
No necesariamente corresponden a esos hogares. Algunos de los que cerramos tenían casos graves denunciados, pero también malos manejos y situaciones irregulares que se venían investigando hace un tiempo. No tengo la cuantificación de las denuncias realizadas ante el Ministerio Público. En todo caso, hoy se envió a todos los fiscales regionales el informe de la Comisión Jeldres más la información complementaria que pudimos recoger nosotros.

-Por qué no se entregó antes ese informe a los fiscales, considerando que se pudo avanzar antes en la investigación de los casos más graves?
Porque no teníamos claro quién era la víctima y el victimario y si efectivamente esos casos correspondían a lo que estaba contenido en la encuesta.

-¿Cuál es su opinión respecto del contenido de este informe, considerando la gravedad de los hechos constatados?
Todos los informes son positivos, sobre todo cuando se hacen de manera integral a todos los hogares del país y en los que participamos nosotros. En el caso de esta encuesta, no participamos, porque es un trabajo que llevó adelante la Unicef con el Poder Judicial. Pero nos parece positivo, un aporte, porque mientras más ojos haya encima de un hogar, mayores opciones tenemos de detectar cualquier vulneración de derechos a los menores.

-Pero usted objetó la metodología de esta encuesta que realizó la Comisión Jeldres.
Yo la objeté personalmente. Esa encuesta se hizo sin dar una respuesta adecuada al niño en el momento inmediato, no se tomaron acciones simultáneas. Si nosotros tomamos una encuesta anónima a un niño, se procesan los datos y aparece esta información seis o siete meses después, no nos parecía adecuado.

-¿Usted cómo lo habría hecho?
Yo hubiera hecho una encuesta distinta, que significara reaccionar en el momento mismo de conocer la vulneración de la que dan cuenta los menores.

-¿A usted se le informaba periódicamente del avance de esta encuesta, de los resultados y graves antecedentes que se iban conociendo en cada centro?
Nosotros no teníamos idea que se estaba aplicando esta encuesta. En mi opinión, no debimos proceder de ese modo. Debimos hacer esa encuesta de una manera distinta, de modo de poder reaccionar inmediatamente frente a estos casos más graves. Supimos lo que pasaba recién seis o siete meses después.

-Cuando usted recibió en marzo el informe, ¿lo traspasó e informó de su contenido a la ministra de Justicia?
No, lo enviamos directamente a las direcciones regionales. A la ministra sí le informé que había llegado este informe.

-¿No le parece importante que la ministra responsable del Sename conociera esta información al detalle, dada la gravedad de su contenido, para que tomara acciones o instruyera, como lo ha hecho ahora, cuatro meses después?
Es que me pareció que debía enviarlo a las direcciones regionales, porque son ellos quienes deben verificar la información. A ella la informé verbalmente.

-¿Le hizo ver la gravedad de los hechos involucrados en ese informe?
Le dije que teníamos antecedentes graves y que íbamos a instruir a las direcciones regionales para que actuaran inmediatamente para ubicar a esos menores.

-¿Y cuál fue la instrucción que usted recibió por parte de la ministra?
Dijo que le parecía bien lo que estábamos haciendo: revisar las revelaciones que aparecían en los informes de Unicef a través de las direcciones regionales.

-Hay un oficio que le envía a usted el presidente de la Corte Suprema en junio, preguntando qué ha hecho el Sename frente a este informe. Usted lo respondió el 1 de julio. ¿Qué le informó a la Corte?
Me preguntan si nosotros habíamos recibido este informe de Unicef y qué habíamos hecho frente a esos antecedentes y si habíamos superado los inconvenientes de los derechos de los niños vulnerados. Yo le contesto que no fue posible conocer la identidad de cada uno de esos niños vulnerados y que sólo en algunos casos fue posible identificarlos.

-Entre marzo y junio de este año, tiempo que transcurre entre el 7 de marzo, cuando el Poder Judicial les entrega el informe, y el oficio que manda el presidente de la Corte Suprema el 14 de junio preguntando qué se ha hecho en el Sename al respecto, ¿preguntaron los jueces o la Corte Suprema qué medidas se habían tomado?
No, nada antes de ese oficio.

-¿Usted tenía antecedentes concretos sobre estas situaciones que reportan los niños de esos hogares o fue sorprendido con estos antecedentes que entrega el informe?
Hay casos en que conocíamos de las irregularidades y se había intervenido los hogares con nuestros especialistas. Otros sí nos sorprendieron.

-La medida que anunció la ministra de Justicia de intervenir todos los centros de menores, parece drástica. ¿Qué significa en concreto?
Es una medida correcta, con justa razón, en el sentido de aportar en la supervisión y el rastreo de casos de mejor manera y de reaccionar en el mismo momento, cuando aparece la revelación de un delito. Nosotros lo tomamos con muy buenos ojos y como una grana ayuda.