Aprobar y reformar: nadie está obligado a lo imposible

Con el Rechazo liderando encuestas a tres semanas del plebiscito, los partidos políticos detrás del gobierno se ven obligados «a realizar sacrificios o gestos impensados hasta hace poco tiempo atrás; en este caso, el compromiso de impulsar reformas en aquellos aspectos que han generado mayor controversia o resistencia en la opinión pública», recuerda esta columna para CIPER. Sin embargo, se trata de un Acuerdo que según el autor, cientista político y académico, «podría tener un impacto marginal, tanto por diferencias ideológicas como por la cuota de escaños que controla el gobierno y que podrían estar efectivamente disponibles para eventuales reformas.»

El acuerdo “Unidos y Unidas para Aprobar una Nueva Constitución” suscrito la semana pasada por las dos coaliciones oficialistas de Socialismo Democrático (SD) y Apruebo Dignidad (AD) responde a la urgencia de dar señales a aquel segmento de electores que en el plebiscito del 4 de septiembre votarían Rechazo para impulsar un nuevo proceso constituyente pero que, mediando ciertas garantías, podrían desplazarse hacia la opción del Apruebo para implementar reformas posteriores. Un variopinto conjunto de once organizaciones firmantes señala que el Acuerdo se celebra para que los electores «tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo». 

La ventaja del Rechazo sobre el Apruebo bordea los 10 puntos según encuestas a tres semanas del plebiscito, y obliga a los partidos políticos de SD y AD a realizar sacrificios o gestos impensados hasta hace poco tiempo atrás; en este caso, el compromiso de impulsar reformas en aquellos aspectos que han generado mayor controversia o resistencia en la opinión pública. Inicialmente, el Presidente Boric había declarado que no había “Plan B” frente al plebiscito, confiado en la legitimidad de origen y la superioridad moral del nuevo texto frente a la Constitución de Pinochet. Pero la confirmación de la ventaja del Rechazo en las encuestas durante tres meses consecutivos obligó a reorientar las estrategias en el oficialismo, asumiendo finalmente que el resultado de septiembre dependerá de la capacidad de influir en el comportamiento electoral de un «tercer espacio» que considera que lo mejor para el país es decidir entre alternativas bajo ciertas condiciones o garantías. En el siguiente gráfico se observa que en este «tercer espacio», quienes Aprueban para reformar llegan a 35%, y quienes Rechazan para un nuevo proceso alcanzan un 33% sobre el total de preferencias. 

Fuente: encuesta Cadem 7/agosto/2022.

Los cinco ejes que estructuraron el acuerdo de las dos coaliciones oficialistas comprenden: plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político y Poder Judicial, representando un repertorio alineado con los contenidos que han despertado mayores aprehensiones en la opinión pública. Sin embargo, cada eje de compromisos se encuentra menoscabado en su magnetismo electoral por vaguedades que pueden ser interpretadas como oportunismo o incapacidad de construir acuerdos sustantivos para materializar las reformas. Por ejemplo: cómo se pueden «garantizar» las reformas en el punto de plurinacionalidad (precisiones sobre consulta indígena, consentimiento previo y justicia indígena) si, conforme a la Propuesta de nueva Constitución, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previo a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afecten (art.66).

El acuerdo del oficialismo, incluyendo la garantía dada por el Presidente Boric, podría tener un impacto marginal, tanto por diferencias ideológicas entre SD y AD que han sido explicitadas reiteradamente en los últimos años, como por la cuota de escaños que controla el gobierno y que podrían estar efectivamente disponibles para eventuales reformas. Todo ello bajo el entendido que, en caso de ganar el Apruebo, se requerirían para reformar el régimen político 4/7 de los integrantes de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados en ejercicio más referéndum (art. 383, N° 2) o directamente un quórum de 2/3 (art. 384, N° 2,), sin considerar el debate sobre si constituye requisito el consentimiento indígena para reformas constitucionales sobre temáticas relativas a la organización del Estado.    

En el Senado, el camino más probable para la reforma constitucional consistiría en alinear 4/7 (57%), lo que corresponde a 29 (28,5) senadores entre las dos coaliciones oficialistas. Sin embargo, el gobierno de Boric solo controla una cuota aproximada de 19 escaños que equivale al 38% [GRÁFICO 2]. Vale decir, suponiendo que existe un entendimiento total en el contenido del Acuerdo del día 11 de agosto entre las dos coaliciones firmantes, el gobierno debiera conseguir diez escaños más para materializar esta expresión de voluntad. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) no puede ser considerado a priori en la cuota disponible del acuerdo, debido a que este partido, aunque formalmente apoya el Apruebo, se encuentra internamente dividido y dos de sus cinco senadores han manifestado públicamente su respaldo al Rechazo en un proceso de aproximación estratégica a la oposición. Por su parte, el Partido Socialista (PS), aunque posee la bancada más numerosa del oficialismo en el Senado con 7 integrantes, podría transformarse en una caja de pandora, por cuanto al menos dos senadores, Alfonso De Urresti y Fidel Espinoza, han asumido una posición crítica frente al texto de la propuesta Constitucional, como respecto al propio acuerdo suscrito por su partido.

Fuente: Senado de Chile

En el nivel de la Cámara Baja el camino de los 4/7 supone 89 diputados (88,4), habida cuenta que el oficialismo dispone de una cuota de 72 escaños sobre el total de 155. A pesar que la correlación en diputados puede considerarse más favorable para el gobierno que la existente en el Senado, al momento de enfrentar el debate concreto sobre las reformas a la nueva Constitución, probablemente se agudizará la colisión entre AD y SD, que poseen cuotas similares (38 diputados, AD; y 30 diputados, SD); sobre todo, en el caso de sumar estratégicamente los 8 escaños del Comité del PDC. En este caso, aumentar la cuota para apoyar las reformas comprometidas por el oficialismo contribuirá a la exacerbación de la grieta ideológica entre AD y SD. Estos dos bloques no solo responden a subculturas y perspectivas enfrentadas sobre el pasado reciente, sino también, resuelven de distinta forma el equilibrio entre poder constituido y poder constituyente, lo que determina diferentes oportunidades para impulsar reformas de la Nueva Constitución.

Fuente: Cámara de Diputados de Chile

No cabe duda que el gobierno de Boric enfrenta desafíos mayores cuando debe gestionar dos coaliciones con repertorios antagónicos para asegurar viabilidad legislativa. Con mayor razón, al tratarse de un gobierno minoritario con pretensión transformadora o refundacional, con sobrecarga de demandas sociales y con un conjunto de restricciones originadas por la crisis económica internacional.

El mismo día del anuncio del Acuerdo, el Presidente del PC, Guillermo Teillier, disparó en la línea de flotación de los compromisos suscritos por las dos coaliciones que apoyan al gobierno cuando advirtió: «No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas porque tendrá que haber debate popular». Pero para un político de larga experiencia como él, este gesto puede constituir una necesaria dosis de realismo político y transparencia. «Nobles mentiras» pueden ser aceptadas como recursos estratégicos cuando tienen alta probabilidad de producir los resultados esperados. Parece no ser el caso. No es razonable, por tanto, que un político se encuentre obligado a respaldar un pacto que contradice sus intereses fundamentales, por ejemplo, fracturando su propia interna partidaria. Con mayor razón, cuando se trata de asumir una obligación imposible de ser cumplida por motivos tan evidentes como la falta de votos en el legislativo. Después de todo Impossibilium nulla obligatio (nadie está obligado a realizar lo imposible).