Diagnosticar y repensar la inserción de posgraduados

Cientos de estudiantes acceden anualmente a becas del Estado para estudios de magíster y doctorado. Enfrentan luego, sin embargo, dificultades al buscar insertarse en un trabajo profesional y contribuir a sus respectivas áreas. En columna para CIPER, dos investigadores comentan las falencias y urgencias del sistema vigente, y proponen una serie de ajustes al respecto: «Nos queda un largo camino en materia de formación de capacidades que permitan sustentar un proyecto de desarrollo nacional, en especial en sectores estratégicos. No obstante, dicho esfuerzo requiere redefinir los roles y responsabilidades tanto del Estado como de los futuros becarios financiados con fondos públicos».

Desde 1981, programas de asistencia económica a estudiantes de posgrado chileno/as, tales como Becas Presidente de la República o Becas Chile, han contribuido a la formación de quienes obtienen maestrías y/o doctorados, tanto en nuestro país como en el extranjero. Se trata de una apuesta por parte del Estado por formar capital humano avanzado, en el marco de un esfuerzo mayor por avanzar en desarrollo económico. Los beneficios de dichos programas no pueden minimizarse: no por casualidad, nuestro país hoy registra 23 de las 100 mejores universidades de Latinoamérica y es un polo de atracción para investigadores y profesionales de toda la región.

No obstante, y en el marco del actual debate sobre eventuales reformas a la Beca Chile —en particular, a su política de retribución y otros recientes cuestionamientos—, consideramos necesario realizar una evaluación crítica del impacto de la política nacional de posgrados, especialmente en doctorados. Pese a que consideramos fundamental mantener como criterio de retribución el retorno al país, igualmente creemos necesario abordar las falencias y desafíos del programa por medio de una política central que permita insertar a dichos profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Algunas de los principales puntos a revisar, estimamos, son los siguientes:

•La gran mayoría de doctorados chilenos se integra a universidades e instituciones de educación superior una vez graduados, pero tan solo un 16% de ellos logra insertarse en rubros como el sector privado o la administración del Estado [MINISTERIO DE CIENCIA 2021]. Dicho porcentaje es comparativamente bajo en relación a la diversidad de áreas de inserción que presentan los postgraduados en países desarrollados.

•En países pertenecientes a la OCDE al menos 15 de cada 1000 habitantes presentan estudios de doctorado, mientras que en Chile solo alcanzamos los 1,3 doctores por cada 1000 habitantes [OECD 2020], casi 12 veces menos.

•Si bien Chile ha tenido políticas de inserción de posgraduados, estas han carecido de sostenibilidad en el tiempo. Un ejemplo se encuentra en la política pública de subvención a la instalación en la academia, que permite que ANID financie los costos de materiales de investigación e ingresos de un/a investigador/a sin contrato con una universidad por un tiempo limitado de tres años. Este 2024, quienes se han visto beneficiados con tal programa son solo veinte personas (11 mujeres y 9 hombres), de 338 postulaciones recibidas [ANID 2024].

•La realidad de los investigadores en Chile se caracteriza por una creciente precariedad, tanto en lo que respecta a salarios como a condiciones laborales. Por ejemplo, una parte sustantiva de los socios de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), la cual incluye desde magísteres hasta posdoctorados, declara trabajar de forma inestable (a honorarios o a plazo fijo). Más de dos tercios de ellos mantienen una relación laboral sin contrato indefinido y un 37% tiene rangos salariales que fluctúan entre los $400.000 y $1.000.000 de pesos.

•Por parte de redes de posgraduados en el extranjero también se ha identificado como un problema la actual política de retribución de la Beca Chile, la cual se limita a asegurar que el becario vuelva al país por un determinado número de años, pero sin que el Estado asegure la empleabilidad para el o la beneficiaria del programa. Esto implica renunciar a posibles oportunidades laborales en el país en donde se realizaron los estudios, pero además da cuenta de la falta de planificación por parte del Estado en cuanto a que su inversión se traduzca en un beneficio concreto que se desarrolle en y para el país. Dicho problema de inserción constituye además un desafío transversal, puesto que también afecta a las/os doctorados que efectúan estudios en Chile y reciben financiamiento de ANID.

POSIBLES MEDIDAS

Ante el diagnóstico recién descrito existen una serie de opciones que permitirían integrar de mejor forma a los futuros posgrados en el país y, así, asegurar una mejor retribución de la inversión pública y mejores condiciones laborales para quienes se benefician de estas becas.

Gracias a distintas políticas públicas, las universidades nacionales han logrado consolidarse nacional e internacionalmente con doctorados competitivos. Se suma la existencia de una demanda por becas de posgrado nacional relativamente superior a la que se observa para becas en el extranjero. Entre 2017 y 2023, la tasa de adjudicación de Becas para Doctorados Nacionales rondó entre el 31,9% en 2019 y el 43,3% en 2021 (considerando el total de postulaciones, según datos ANID), mientras en en igual periodo en promedio la tasa de adjudicación de Becas Chile para doctorados en el extranjero promedió el 51,6% [ANID 2023]. Coherentemente, un posible paso en los programas de becas para posgrados podría ir en la línea de potenciar los programas nacionales, redirigiendo recursos desde los programas en el extranjero hacia universidades chilenas [ver nota previa en CIPER: “Pensar la política científica más allá de Becas Chile”]. Dichos recursos, a su vez, podrían traducirse en un aumento de la dotación de investigadores en universidades nacionales, y por tanto en una mejora en la absorción de doctorados y magísteres orientados hacia investigación y docencia. De igual forma, un aumento en los recursos para universidades chilenas debería orientarse a mejorar las condiciones laborales y salarios de investigadores/as, tal como se hace necesario fortalecer los planteles en regiones.

En segundo lugar, programas como Beca Chile requieren de una reforma en sus bases de postulación y criterios de selección, con el fin de asegurar una mejor inserción futura del beneficiario en el país y una retribución más efectiva. El Estado podría, por ejemplo, abrir concursos para becas que requieran como uno de los criterios de selectividad contar con el patrocinio de alguna universidad nacional o institución de investigación, las cuales se comprometan a integrar al postulante una vez concluidos sus estudios. Dicho sistema de patrocinio también podría incentivar una mejor distribución de doctorados formados en el extranjero a lo largo del país, con el fin de fortalecer los planteles a nivel regional.

Además, el Estado podría impulsar distintos mecanismos para integrar a posgrados (nacionales y en el extranjero) dentro de los sectores público o privado. Dicho esfuerzo implicaría impulsar cambios en el Estatuto Administrativo que brinden más puntuación a los posgraduados en sus postulaciones, pero por sobre todo diseñar una estrategia nacional que le permita al Estado integrar racionalmente a posgrados, incluyendo doctorados, en sus distintas áreas. De igual forma, desde el Estado pueden realizarse esfuerzos mayores para integrar a futuros becarios en el mundo empresarial, fomentando el desarrollo de investigación en el sector privado vía incentivos tributarios u otros mecanismos, incluyendo asociaciones público-privadas.
 
 

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Lejos de ser un programa que haya pérdido relevancia, la política de formación de doctorados en Chile y de posgrados en general ha permitido el fortalecimiento de las instituciones de educación, situando al país como un polo de atracción para investigadores y profesionales de toda Latinoamérica. No obstante, dichos programas también evidencian la falta de planificación en la formación de becarios y una confianza desmedida en la distribución espontánea de las capacidades que el mismo Estado ha contribuido a formar en el «mercado» nacional. Por el contrario, aquí identificamos crecientes problemas de precariedad laboral entre investigadores, falencias en políticas de inserción y una insistente desconexión entre doctorados y magíster académicos, por un lado, y sector privado y la administración del Estado, por el otro. Lejos de existir una saturación de doctorado/as en Chile, como país todavía nos queda un largo camino en materia de formación de capacidades que permitan sustentar un proyecto de desarrollo nacional, en especial en sectores estratégicos. No obstante, dicho esfuerzo requiere redefinir los roles y responsabilidades tanto del Estado como de los futuros becarios financiados con fondos públicos. Por lo pronto, esta columna se centra en la realidad de los programas de financiamiento de doctorados por parte del Estado. Todavía queda una larga discusión sobre todas las herramientas en materia de investigación y formación de posgrados de las que hoy disponemos.