Quienes apoyan el “rechazo” a la nueva Constitución aseguran que con algunas reformas el actual texto puede satisfacer las demandas sociales. Para Miriam Henríquez, constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, los fallos del TC desmienten esta idea: consistentemente éste impide reformas sustantivas, argumentando que contradicen la Carta Fundamental. La autora explica que eso se debe a que la Constitución no es neutra: promueve un Estado subsidiario que por principio considera como servicios provistos por particulares aquello que se quiere transformar en “derechos sociales”. Por ello, la actual Constitución y las demandas sociales no son compatibles, explica.
Estos últimos días se han puesto de relieve nuevas tesis que buscan rechazar una nueva Constitución y mantener el statu quo constitucional. Un argumento reciente afirma que las demandas sociales enarboladas tras el estallido social del 18/O pueden satisfacerse –sin más– en el marco de la Constitución Política actual. Otros refuerzan este argumento y señalan que la redacción genérica de los derechos constitucionales permite las reformas legislativas y de políticas públicas sin necesidad de sustituir la Constitución o modificarla. En este último sentido, han llegado a explicar que las administradoras de fondos de pensiones (AFP), las instituciones de salud previsional (ISAPRES) y los sistemas de jubilación, entre otros asuntos, no están consagrados en la Carta Fundamental, de modo que podrían incluso eliminarse de la legislación vigente sin necesidad de quitar una coma de la Constitución actual[1].
Las explicaciones son sugestivas y sencillas: simples reformas legales podrían satisfacer las demandas sociales sin cambiar la Constitución.
Revisemos ¿Simples reformas legales? Sobre este asunto cabe recordar que la ley no es una categoría unitaria en la Constitución Política, es decir, no existe un tipo único de ley en nuestro ordenamiento jurídico (tales como las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes simples u ordinarias). Si bien la regulación del ejercicio de los derechos debe realizarse por ley simple (reserva legal), ciertos derechos deben regularse por leyes de quórum reforzado (doble reserva legal). ¿Cuáles derechos son regulados por uno u otro tipo de reserva legal? No existe un criterio, la definición es casuística. La Constitución vigente reservó a las leyes de quórum reforzado algunas materias ¿Cuáles materias? Aquellas que el constituyente decidió que debían quedar sustraídas de las simples mayorías contingentes. Tal es el caso del derecho a la seguridad social que requiere para la aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio[2]. Lo mismo ocurre, aunque con un quórum más elevado de cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, respecto de los derechos educacionales – el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza[3] – que mandata la regulación por ley orgánica constitucional de los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento; así como los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel[4].
“La Constitución Política no es neutra. El propio Tribunal Constitucional ha destacado que la Carta establece en su artículo 1° un modelo de Estado subsidiario que incide en la manera en que el destinatario de los derechos cumple con el deber de satisfacer las prestaciones de seguridad social, salud y educación”
Los procedimientos y quórum más exigentes de aprobación, modificación y derogación establecidos por la Constitución Política para la regulación de estos derechos prácticamente han petrificado la legislación vigente y dificultan los cambios legislativos futuros. ¿Puede entonces cambiarse ahora lo que no se ha enmendado en 40 años?
La junta de gobierno impuso decretos leyes que desarrollaron estos derechos; más adelante, los Gobiernos que decidieron modificarlos y que tenían mayoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional debieron contar con el acuerdo de la oposición, situación que solo excepcionalmente se logró bajo el alero del sistema electoral binominal, no permitiendo la real modificación del sistema.
La segunda explicación señala que los cambios legales pueden realizarse sin cambiar la Constitución. ¿Sin cambiar una coma de la Constitución? En este punto es útil insistir en que la Constitución Política no es neutra. El propio Tribunal Constitucional ha destacado que la Carta establece en su artículo 1° un modelo de Estado subsidiario que incide en la manera en que el destinatario de los derechos cumple con el deber de satisfacer las prestaciones de seguridad social, salud y educación.
Tempranamente el Tribunal Constitucional expuso que la Constitución Política admite solo ciertas regulaciones en estos asuntos, aquellas que se encuadren en el “marco de carácter valórico y conceptual que viene a limitar la acción del Estado dentro de la sociedad, abriendo el mayor campo posible a la iniciativa de los particulares”[5]
“La Constitución vigente privilegia a las instituciones privadas (ISAPRES, AFP’s) en la satisfacción de las prestaciones vinculadas con los derechos sociales. De modo que no es posible modificar la legislación vigente que las regula sin cambiar antes la Constitución, no solo en el apartado de los derechos fundamentales sino en la propia concepción del rol del Estado respecto de la sociedad”
En tal sentido, si bien la Constitución no se refiere efectivamente a las ISAPRES o a las AFP -tal como lo aclara la columna del 28 de enero de Jean Pierre Matus- sí menciona al sistema privado de salud y a las instituciones privadas de seguridad social. De modo que cualquier cambio legal vinculado con dichos derechos quedará sujeto al control de constitucionalidad que verificará si las normas legales se ajustan al principio de subsidiariedad. Difícilmente una “eliminación” legal de estas instituciones será declarada constitucional, máxime cuando el propio órgano de justicia constitucional las ha reconocido en un plano análogo al Estado en la satisfacción de los derechos sociales.
Basta recordar los fallos del Tribunal Constitucional dictados con motivo de las acciones de inaplicabilidad del artículo 38 ter de la Ley de ISAPRES, que señalan:
“El deber de los particulares y de las instituciones privadas de respetar y promover el ejercicio de los derechos consustanciales a la dignidad de la persona humana en cuanto a su existencia y exigibilidad, se torna patente respecto de aquellos sujetos a los cuales la Constitución, como manifestación del principio de subsidiariedad, les ha reconocido y asegurado la facultad de participar en el proceso que infunde eficacia a los derechos que ella garantiza. Tal es, exactamente, lo que sucede con las instituciones de salud previsional, en relación con el derecho de sus afiliados a gozar de las acciones destinadas a la seguridad social, así como a la protección de la salud, consagrados en el artículo 19, N.º 9º y 18º de ella, respectivamente. Ellos deben hacer cuanto esté a su alcance, dentro del ordenamiento jurídico, por materializar el goce del derecho a la protección de la salud”[6].
“Si bien la Constitución no se refiere efectivamente a las ISAPRES o a las AFP -tal como lo aclara Jean Pierre Matus- sí menciona al sistema privado de salud y a las instituciones privadas de seguridad social. De modo que cualquier cambio legal vinculado con dichos derechos quedará sujeto al control de constitucionalidad que verificará si las normas legales se ajustan al principio de subsidiariedad”.
Incluso en ciertas decisiones el Tribunal Constitucional, invocando nuevamente el principio de subsidiariedad, dejó asentado que las entidades privadas son verdaderos sustitutos del Estado en el deber de garantizar el derecho a la protección de la salud: “Los particulares no sólo pueden coadyuvar con el Estado en su deber de garantizar el derecho fundamental a la protección de la salud, lo que se halla en plena armonía con el principio de subsidiariedad que reconoce la Carta Fundamental, sino que, además, las Isapre, al hacerlo con relación a sus afiliados, se sitúan en un plano análogo al de su titular originario, el Estado.”[7]
Es así como la Constitución vigente privilegia a las instituciones privadas en la satisfacción de las prestaciones vinculadas con los derechos sociales. De modo que no es posible modificar la legislación vigente que las contempla o regula sin cambiar antes la Constitución, no solo en el apartado de los derechos fundamentales sino en la propia concepción del rol del Estado respecto de la sociedad.
De esta forma, los argumentos expuestos desconocen que la legislación dictada simultáneamente con la Constitución de 1980 sobre seguridad social, educación y salud ha sido sumamente difícil de reformar en estos últimos 30 años. Lo anterior, no por falta de voluntad política de las mayorías, sino porque la reserva legal reforzada a que están sujetos algunos derechos sociales por mandato de la Constitución dificulta el cambio. Pero la complejidad también estriba en el rol subsidiario del Estado en la satisfacción de estos derechos porque no todas las reformas legales propuestas estos días se enmarcan en este principio. Ambos asuntos atañen al actual diseño constitucional y son estructurales del mismo, de modo que su superación requeriría de un cambio total de la Constitución Política de 1980.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
Señores las constituciones de 0 no solucionan estos problemas
Martin | 31.05.2021
Si bien cambiar la constitución era algo que debía hacerse, no va a cambiar nada de lo que ya está, la gente va a seguir muriendose esperando a tener una ‘atención medica’, las personas estarán destinadas a tener una pensión mediocre y la educación seguirá con una bajísima calidad. Simplemente, porque el capital social y humano de chile es bajísimo, 0 calidad intelectual, y eso profundiza la inequidad ya existente, y nos atrasa como país ya que para poder mejorar la situación, hay que mejorar la educación y convertir en chile en un país industrializado, solo así se mejorarán los demás problemas. Pero cambiando la constitución, no hará que las personas tengan una vida mas ‘digna’ ni ahora, ni en 10 ni en 20 años, mientras no arreglen los problemas de educación de fondo y nadie se hará cargo probablemente, ya que los políticos actuales sólo piensan en el hoy y en sus bolsillos actuales.
Nicolás Fuentes | 14.03.2021
Bueno, felizmente ganó el apruebo - y por paliza - al rechazo (78 a 22), enhorabuena, y la noble gente que comentó aquí por una nueva constitución, no solamente demostró que tenían razón cuando hablaron -con propiedad- sobre este álgido tema - nueva constitución- si no también, demostró que los perdedores del rechazo, eran unos "mentirosos coludidos". El pueblo se pronunció y una minoría (partidarios de este règimen), fue desenmascarada y humillada y eso es muy gratificante créanme. Nos vemos este 10 y 11 de abril. Saludos.
ROLANDO JAVIER AGUIRRE MEDINA | 08.01.2021
LA CARA FUNDAMENTAL ES SOLOUNA CARTA DE NAVEGACION. NO LE PIDAN MAS
Cristian Lizasoain | 28.10.2020
Nadie habla de los deberes?
Ya hay suficientes derechos plasmados en la constitución.
Qué pasa con el deber de respetar a los profesores, a los no natos, a nuestros emblemas patrios, a nuestra policía, a nuestras libertad religiosa, a nuestras FFAA, a nuestro derecho a transitar libremente por el territorio patrio, a pensar en una sociedad en que se valore el esfuerzo individual para crear empresa y por ende trabajo.
Nuestra constitución debiese resumirse en unas pocas líneas. Dios, Patria, Familia, Trabajo y Libertad.
Karin | 15.10.2020
En que parte de la constitución dice que el estado no se mete?, al contrario le da plena facultad al estado para intervenir cuando las instituciones públicas o privadas no cumplan sus roles, ahora el estado es gobernado por intereses económicos ahí está el real problema, tenemos una constitución llena de libertades pero a su vez esas libertades han sido las trampas para tener este sistema nefasto, no es muy fiable esta info
Efrain G. Zenteno Vasquez | 26.09.2020
Ciertamente que con una Constitución que relega al Estado a una condición puramente Subsidiaria, sin posibilidad de hacerse verdaderamente responsable de los derechos sociales, dejandoselos en manos al sistema privado, es imposible que hallan cambios significativos y sustanciales respecto de los derechos sociales que no se cumplen en ningún caso en el sector privado, y no podrían cumplirse mientras el poder adquisitivo de las grandes mayorias sea tan precario. Así, la educación particular subvencionada fue solo un negociado en el mercado, manteniendo una deficiente calidad y una tremenda explotación del profesorado. En cuanto a la salud pública tampoco el sistema subsidiario permite un calidad eficiente, ágil y humana, puesto, por ejemplo, yo ya llevo 7 anos esperando para ser operado, lo que significa en la práctica concreta que tampoco tengo acceso a este sistema de salud. Luego solo debo esperar que me llegue la muerte o depender de que uno de mis hijos me financie en el sistema privado. De modo que en propia experiencia se demuestra que la Constitución espuria actual nunca permitirá cambios esenciales de los derechos básicos sociales. Si lo permitiera los sectores de derecha y gobierno más políticamente inteligentes u oportunistas ya habrían hecho los cambios necesarios a voz en cuello para seguir manteniendose en el poder politico. Por eso es necesaria una nueva Carta Constitucional que en concreto exprese las necesidades de dichos cambios transformadores de los derechos sociales y.eso no lo harán los políticos.profesionales, sino los sectores sociales más concientes del.pueblo.
Gracias por este análisis tan esclarecedor que consideraré en los comentarios que hago en los medios electrónicos.
Dice Jesucristo en las Escrituras: "No es común que las mayorías deseen que se realice lo que no es justo. Pero si es común que la parte menor del pueblo desee aquello, lo que no es justo. Bien, esto tendreis en consideración y por ley: Vuestras cuestiones las resolvereis según la voz del Pueblo". Libro de Mormon del Evangelio Restaurado. Iglesia de JESUCRISTO de los Santos de los Últimos Días.
Cristian | 19.09.2020
La única forma que se me ocurre puede ser cierta la tesis enunciada en el título del artículo, es asumiendo que la satisfacción de las demandas sociales requieren de la eliminación de la participación de los privados en la provisión de servicios (si quiere derechos) sociales. Esto deja dos posibilidades 1) que las demandas apuntan a los medios (que el estado sea el único garante de derechos) y no de fines (que los servicios sean de calidad y accesibles para todos); o 2) que apunta a los fines (que los servicios sean de calidad y accesibles para todos) de lo cual se implica la necesidad de excluir a los privados.
Lo que permite la actual constitución es que el Estado no tenga el patrimonio exclusivo de la provisión de derechos. Si es que efectivamente el movimiento social (asumiendo que tiene un pensamiento monolítico como si se tratara de una sola mente colectiva) apunta eliminar a los privados de la provisión de servicios, entonces efectivamente habría que cambiar la constitución para satisfacer esta demanda. La pregunta aquí sería ¿estaríamos todos mejor con un sistema de este tipo?, ¿sería mejor este sistema que uno en el que tanto los privados como el Estado pueden aportar y competir? Para mi la respuesta es obvia, y por suerte existe evidencia comparada que debería ayudarnos a contestar la pregunta.
Osvaldo BM | 09.09.2020
Esta opinión es un aporte necesario para que se tenga en cuenta al momento de decidir en Octubre. Opinión clara y precisa.
Juan pino | 20.08.2020
Hace unas semanas atrás le torcieron la mano a los lobbystas del congreso de los grupos de poder del país arrinconados por la presión social de la pandemia. Todo eso se ejecutó reformando la actual constitución..El problema de Chile es la des-conexión de los seudos representantes legislativos con la ciudadania y no la constitución.misma.
eduardo | 09.08.2020
Mas bien las demandas sociales no se ajustan a lo que realmente debe garantizar una constitución y por añadidura el estado.
están poniendo la carreta antes de los bueyes.
Manuel | 30.07.2020
Dedíquese mejor a predicar la Palabra de Dios y deje la política a los políticos.
Jorge Alfredo Soto Rojas | 01.03.2020
Han terminado por reconocer la necesidad de una nueva Constitución, incluso personajes como Larraín Matte, Presidente de la Papelera, varios otros importantes empresarios, Lavín, el Alcalde de Santiago Alessandri, etc... La Constitución vigente ya apesta....Este año le haremos el funeral que se merece....
Jorge Almarza | 16.02.2020
Agradeceré entender que el tema no es el crecimiento del pais, es que ese crecimiento no es de todos, es solo de una minoría. Que los ricos sean más ricos que antes no quiere decir que todas las personas del pais hayan mejorado su bienestar.
Edgardo Teuber | 15.02.2020
No se toca la corrupción e ineficacia del Estado (Mop, Codelco, Fuerzas Armadas, Carabineros, etc..), las deplorables políticas públicas (Transantiago), bajo todos los regímenes políticos, y que han deteriorado profundamente la calidad de vida de nuestra comunidad y han provocado un legítimo malestar social.,
Edgardo Teuber | 15.02.2020
Los ingleses, un pueblo culto, aprobaron sus salida de la Unión Europea sin comprender cabalmente lo que votaron ni sus consecuencias. Se reconoce hoy que hubo una campaña de educación cívica muy deficiente. El cambio de la Constitución en Chile me parece un tema aún más complejo. La gran mayoría de la ciudadanía desconoce por completo su articulado y es influenciable por juristas y políticos de ambas preferencias. El resultado es incierto. Por otro lado, no se toca el problema medular de la ineficacia y corrupción del Estado (Mop) y las deplorables políticas públicas (Transantiago) bajo todos los regímenes políticos. Causas directas, (no las únicas) de la mala calidad de vida de nuestra comunidad y del legítimo malestar social. Último ejemplo: en la actual constitución se prohíbe expresamente el lucro en la educación, y todos los partidos políticos y corporaciones privadas lucraron... era letra muerta.¿Cómo se produjo durante tantos años tal violación a la Constitución?
Ãlvaro Awad | 11.02.2020
Es cosa de leer el articulado del artículo 19, donde se regulan los distintos derechos fundamentales. Nuestra Constitución consagra un sistema mixto, permitiendo la intervención tanto del Estado como de privados.
En relación a la crítica de los quórums, ¿cómo no va a ser sensato tener quórums algo más altos (por ejemplo, mayoría absoluta -esto es, la mitad más uno- de los parlamentarios) para aprobar leyes en materias sensibles (como la seguridad social)? ¿Te imaginas si el sistema cambiara todos los años por mayoría simple?
La columna es añeja porque sigue hablando del sistema binominal, que se eliminó el 2015 (hace ya cinco años...).
La columna explica en forma confusa la idea del Estado subsidiario. No se entiende cuando dice que: "...el destinatario de los derechos (¿las personas?) cumple con el deber de satisfacer las prestaciones de seguridad social, salud y educación (¿?)".
Por supuesto que si se quisiera eliminar la posibilidad de que haya colegios privados (como el Nido de Ãguilas), clínicas privadas (por ejemplo eliminar la Clínica Alemana) o que no hayan administradoras de fondos de pensiones privadas, habría que modificar la garantía constitucional que autoriza a los privados a participar en prestaciones de salud y educación.
Pero NADA impide al Estado participar en estas áreas para asistir a los menos favorecidos. Por eso existen hospitales públicos. Por eso se viene hablando (en el Gobierno de Piñera...) de un ente estatal que administre fondos de pensiones, etc.
En concreto, ¿qué artículos de la Constitución habría que modificar para "eliminar la propia concepción del rol del Estado respecto de la sociedad"?
Lo pregunto porque, a mi juicio, la autorización constitucional para que el Estado actúe es de claridad meridiana.
Por ejemplo:
Art. 19 Nº 9: "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias".
Por ejemplo:
Art. 19 Nº 10: "(...) Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación".
Por ejemplo:
Art. 19 Nº 18º: "(...) La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social".
Por ejemplo:
Art. 19 Nº 21: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado".
En definitiva, me parece que la columna es más bien propagandística y con poca profundidad.
Francisco | 10.02.2020
Perdon, que me entrometa en un asunto interno de este país, República de Chile, ya que soy Argentino, radicado en este bendito país. En Argentina, por Constitución tenemos derecho, hasta que nos vengan a limpiar el poto, desde que nacemos hasta que morimos. Derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la remuneración digna, a una pensión vitalicia que permita cumplir al adulto mayor, alimento ,salud, esparcimiento. derechos sociales, judiciales, derechos, derechos y mas derechos por Constitución otorgados. Y de eso no tenemos nada, y cada vez menos. Si el chileno, cree, que por ser un cuico ilustrado es diferente al grecoromano argentino, esta en un tremendo, terrible error, que se pagara muy caro. La Constitución es una herramienta nada mas, y no garantiza absolutamente nada. Es una simple guía, que la voluntad del gobernante de turno hará o no cumplir. Hay cosas en Chile, muchos mas profundas, serias, desiguales, Como la distinción entre huinca y chileno, entre facho y zurdo, entre clase política inepta corrupta y miserable. La República Argentina tiene una merecida fama de CORRUPTA, pero si tomamos los hechos de corrupción, desde el hijo del Presidente Don Augusto, hasta la fecha, estaría en duda hasta el ultimo segundo de quien de los dos países seria el primer puesto.
Solucionen los tremendos problemas de tensión social que existen en chile, los centenares de miles o millones de chilenos que obtienen su sustento, de tareas precarias, de tanto inmigrante vendiendo cuchufli. Solucionen primero los problemas verdaderos y una vez solucionado, (nombre algunos como ejemplo, hay mas), pierdan entonces, su tiempo en leseras como el cambio de LA NUEVA CONSTITUCIÓN.
Deseo de corazón, que este pueblo, sepa valorar, lo que tiene, valorar lo obtenido, mejorar o reparar lo que este fallando, y obtener lo que falta.
Emilia | 10.02.2020
Articulo tendencioso, que no ofrece ninguna claridad. Habla de querer "eliminar" las instituciones privadas cuando son ellas las que hacen crecer la economía de un país. No queremos eliminar al privado, queremos que se le regule y fiscalice. No queremos un Estado inmenso que abarque cada área, ni que reste libertades, queremos que se haga cargo de asegurar los derechos básicos de los mas desafortunados y de administrar los recursos, no de robárselos.. El Estado no crea riqueza, solo administra. Son los privados los que producen lo que el Estado gasta: Si se limita la libertad, esperando que papa fisco cubra todas nuestras necesidades, nos convertimos en esclavos de la dictadura de la igualdad
Andrés Valenzuela | 09.02.2020
Aún nadie puede explicar claramente por qué la constitución "amarra" un estado subsidiario. No sólo en ninguna parte se menciona el concepto, sino que cuando se intenta explicar, se hacen referencias tales como: "es que según la Constitución, uno puede elegir entre un sistema de salud público y uno privado". Perdón, pero ¿cuál es el problema que uno pueda elegir? En la mayoría de los países serios del mundo, ¿acaso no existe salud privada en que voluntariamente se pueda acceder?
Jorge Díaz | 08.02.2020
Muy buen artículo, le faltó el 19 n° 24 ke consagra el derecho de propiedad sobre las aguas. Al respecto, los políticos (2% de aprobación y bajando) dicen ke "el agua es de todos los chilenos, sin perjuicio de los derechos de propiedad perteneciente a los particulares", o sea, perteneciente a las empresas. Es decir ke: EL AGUA NO ES DE TODOS LOS CHILENOS.
Además, que las autoridades eligen a quienes les han de fiscalizar, y eso entre muchas otras premisas impuestas desde la dictadura, para saquear nuestra Nación. Por eso NUEVA CONSTITUCION, paritaria tu reconociendo a nuestros hermosos pueblos originarios.
María Araya | 06.02.2020
M. Rodriguez, usted no es tonto es necio, porque está tergiversando lo que está escrito claramente
Eduardo | 06.02.2020
Muy malo el articulo o ensayo, pues, no explica ni aclara nada, muchas de las demandas son parte de leyes y su aprobación requiere de quorums , eso esta bien pues obliga a negociar con los demás cosa que la leyes estén bien realizadas y no apuradas, pero tambien, algunos creemos que el estado debe estar donde los privados no están o lo hacen mal, por eso me parece bien el estado subsidiario .
Juan luis jara | 06.02.2020
Este artículo tan bien redactado confirma que la Dictadura dejó los beneficios en manos de privados las necesidades de salud, seguridad social y educación. Yo apruebo la nueva Constitución
MARIO RODRIGUEZ | 06.02.2020
Un artículo falso y tendencioso desde la primera sílaba, pero que permite ver el objetivo detrás del cambio de Constitución, esto es eliminar el Tribunal Constitucional, los quorums y, aunque no lo dice la autora, terminar con la autonomía del Banco Central. Con esos tres cambios una simple mayoría circunstancial puede cambiar totalmente la institucionalidad del país, en especial el modelo económico que nos llevó a ser el primer país de América Latina. Seremos tontos, pero nunca tanto.
Gustavo.Astorga | 06.02.2020
La concentración de la riqueza es el problema estructural sin solución para el futuro de Chile. Se podrán hacer miles de cambios o parches a la Constitución, pero no servirá nada seguir parchando. Hay que CREAR una nueva Constitución, proyectando las necesidades de los chilenos para los próximos 50 años: ese es la tarea de la Nueva Asamblea. Y si no se tiene las capacidades para ello, es mejor que no se postule. Dios nos ayude a seleccionar a los capacitados.
Beatriz De Gregorio | 05.02.2020
Excelente artículo. Fundamenta claramente la importancia de cambiar la Constitución de la dictadura
Ana Vargas | 04.02.2020
Buenísima columna, muchas gracias por tremendo aporte!
Christian | 04.02.2020
Los derechos sociales, económicos y culturales, forman esa parte del dogma de la Constitucion, sin embargo experiencias como las ocurridas en Colombia, permiten observar que el Estado al garantizar todos estos derechos, corre el riesgo de ser judicializado y con eso quedar sin un peso, a mi parecer muchos de estos derechos se deben garantizar con la contribucion desde la ciudadania, mas impuesto a las personas, mas impuestos a las empresas, y un aporte responsable del Estado, paises como el nuestro que tiene la idiosincracia de la “pilleriaâ€, es muy vulnerable y solo los pillos tendrian participacion de los derechos, la clase media esta acostumbrada a pagar por todo.
