Esta columna revisa la relación entre Estado y educación privada en Chile. Los autores recuerdan que la mayor parte del siglo XX existió un Estado docente; discuten el enorme impacto de las reformas de los ‘80 y las limitaciones de la ley de inclusión, todo lo cual derivó en la crisis del sistema público actual. El debate constitucional es una oportunidad para reconfigurar los equilibrios, y pasar del antagonismo a una relación de colaboración entre la educación privada y el sistema público, sugieren.
Esta columna está basada en publicaciones de ambos autores contenidas en el libro: A 100 años de la ley de educación primaria obligatoria: la educación chilena en el pasado, presente y futuro.Alejandra Falabella & Juan Eduardo García-Huidobro (Editores). Ediciones UAH. Disponibleaquí.
En Chile, la educación particular subvencionada no ha crecido junto a la educación pública, sino que ha crecido a costa de ella. De hecho, hoy en día se contabiliza un abrumador 63% de oferta particular (54% particular subvencionada y 9% particular pagada) versus un 36% del sector público.
¿Cómo llegamos a esto?
El régimen de Pinochet presentó a la educación privada como la salvación ante la supuesta “crisis de la educación pública”, y focalizó esta última en los sectores más empobrecidos. Esta transformación rompió con el histórico rol preferente del Estado hacia el sector público y creó una nueva organización del sistema educativo, sostenido en una competencia entre los establecimientos. Con el retorno de la democracia, las lógicas de mercado y de privatización se profundizaron. Esto benefició especialmente al sector privado, que pudo cobrar, lucrar, seleccionar estudiantes y obtener mejores resultados en el SIMCE que su competencia del sector público.
¿Puede la educación particular subvencionada jugar un rol distinto al de antagonista de la educación pública? La ley de inclusión (2015), abrió una posibilidad para que el escenario cambie: prohibió el lucro en la educación escolar, la selección de estudiantes y el financiamiento compartido. Estas medidas podrían disminuir la segregación actual. Sin embargo, el modelo de financiamiento basado en la competencia entre escuelas públicas y privadas se ha mantenido intacto, se permite el lucro encubierto, y el sector particular pagado, clave en la reproducción de las desigualdades, no fue incluido en la Ley.
Aunque el escenario descrito es adverso para pensar en una alianza entre el Estado y la educación privada[i], la relación entre la educación pública y privada no siempre fue de antagonismo y competencia. En esta columna hacemos un recorrido histórico para mostrar cómo se tejió esa relación de colaboración durante el llamado Estado docente; cómo la dictadura rompió dicho vínculo; y cómo el lugar privilegiado que ha ocupado la educación privada, en comparación a la frágil posición de la educación pública, hacen urgente un reordenamiento del modelo.
BREVE HISTORIA DEL VOUCHER EN LA EDUCACIÓN CHILENA
Ya en la Constitución de 1833[ii] se establece el rol “preferente del Estado” en la provisión educativa y la expansión de la oferta pública[iii]. Ello significó la confirmación de un “Estado Docente”, que se desarrolló junto a la “libertad de enseñanza”. Aunque no exenta de problemas y disputas, se configuró una alianza entre el Estado y el sector privado basada en una relación de beneficio mutuo.
Por una parte, el Estado promovió y exigió que privados – monasterios, congregaciones, fábricas, haciendas, asociaciones de la sociedad civil[iv], entre otros – formaran escuelas, lo que le permitió expandir la educación escolar a través del territorio chileno. Por otra, el sector privado, especialmente la Iglesia, pudo continuar propagando su religión y proyecto formativo. Esta alianza sirvió también para la generación de una oferta particular pagada que pudo satisfacer los intereses educativos de las elites conservadoras de la época y garantizar así su homogeneidad socioeconómica (Aguilar, 2011; Ilabaca y Corvalán, 2020).
En el marco de esta alianza, y con el fin de promover el crecimiento de la educación escolar, el Estado desarrolló tempranamente una política de subsidio por alumno. Los primeros decretos para formalizar el traspaso de montos públicos hacia escuelas particulares se emitieron en 1854 y 1871, sumado a ciertas regalías del Estado (por ej. entrega de terrenos; Aedo-Richmond, 2001). Este subsidio aumentó lentamente, aunque siempre se mantuvo como un monto menor a lo entregado a las escuelas públicas, en consistencia con un Estado Docente. A ello se sumó la entrega de donaciones, herencias y aportes del mismo sector privado.
En los años ‘20, el subsidio a las escuelas particulares subvencionadas oscilaba entre un 20-25% en relación al entregado al sector público[v]; luego, en 1951, la Ley nº 9.864 lo aumentó, llegando a representar el 50% de lo que entregaba a las escuelas públicas; y posteriormente, a fines de los 60 y principios de los 70, se produjo un nuevo aumento, lo que significó que el subsidio a las escuelas particulares llegase a ser del orden del 75% con respecto a lo que el Estado aportaba al sector público (Cariola y Vargas, 1999; Toro, 2014).
En los 80, la reforma de la dictadura militar quebró radicalmente con el Estado Docente y su rol preferente hacia la educación pública
Este uso y crecimiento del subsidio como herramienta política sirvió como plataforma para el éxito de la reforma de Pinochet. Por consiguiente, aunque nos acostumbramos a creer que el uso del subsidio por alumno (voucher) era un invento de los 80’, lo que muestra esta revisión es que esta herramienta fue clave antes de la implementación de lo que conocimos como el mercado educativo.
Pero a diferencia de lo que ocurre actualmente, durante este período la libertad de enseñanza se desarrolló bajo el control del Estado. Los establecimientos particulares subvencionados debían cumplir con las normas y regulaciones del sistema, tales como gratuidad e implementación de los planes y programas nacionales. Además, el Estado tenía la labor de supervigilar las escuelas de instrucción primaria –públicas y particulares—por medio del sistema de inspección nacional, mientras que los estudiantes de liceos –públicos y particulares— eran evaluados por medios de los “exámenes finales” a cargo de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional (Falabella y Ramos, 2019; Flórez, 2013; Gysling, 2015).
Estas regulaciones generaron diversos debates, en los que la Iglesia y los sectores conservadores abogaban por una oferta lo más libre de regulaciones, aduciendo razones de tipo ideológico, como el derecho “natural” de las familias a elegir la educación de sus hijos o libertades curriculares (oposición al cientificismo positivista y teorías evolutivas), y razones de tipo pragmático-políticas, como la ineficiencia del Estado y su carencia de recursos (Ossa, 2007; Toro, 2014). Con el tiempo, el sector privado ganó libertades, como la elección de textos escolares y la inclusión de miembros en las comisiones de los “exámenes finales”.
LA REFORMA MERCANTIL: DE LA COLABORACIÓN A LA COMPETENCIA
En la década del 80, la reforma de la dictadura militar quebró radicalmente con el Estado Docente y su rol preferente hacia la educación pública. Este nuevo escenario implica un nuevo ethos y reglas del juego, marcado por la competencia en el nuevo mercado educativo, el emprendimiento y la gestión gerencial. Así, la libertad de enseñanza se transformó en libertad para generar negocio y lucro. Estas transformaciones, sin embargo, no fueron hechas en el vacío, pues se asentaron sobre un sector privado que había ganado ciertas libertades y soportes estatales, como mostramos en el subtítulo anterior.
Lo anterior no se tradujo únicamente en leyes y decretos, sino también en prácticas, discursos y subjetividades que decantaron en un imaginario anti-estatal. La reforma del 80 vino de la mano de un discurso de crisis de la educación pública y la imposibilidad de su crecimiento, mientras que la educación privada era presentada como una salida de salvación (Falabella, 2015a). En palabras de Augusto Pinochet, “la posibilidad que el Estado expanda aún más su labor educacional debe considerarse improbable (…) por consiguiente, se estimulará con energía la ayuda que el sector privado presta” (El Mercurio, 6 de marzo, 1979).
Desde una racionalidad profundamente neoliberal, la educación pública se planificó para atender a las poblaciones más empobrecidas, como mecanismo de focalización estatal (Falabella, 2015b). En otras palabras, se diseñó deliberadamente un modelo segregado, justificado por razones de “eficiencia fiscal”. La educación pública ya no tenía una pretensión de expansión, sino que debía ofrecerse a las poblaciones que no pudiesen ser atendidas por la educación privada.
Las ventajas que obtuvo el sector privado no se tradujeron necesariamente en una oferta de calidad
Con el retorno a la democracia, las lógicas de mercado y de privatización se profundizaron, junto a políticas de centralización curricular, programas de focalización en sectores de mayor pobreza y medidas de rendición de cuentas según resultados en pruebas estandarizadas. Se ha mantenido, además, lo que se llamó “la igualdad de trato” entre el sector público y privado, es decir, iguales recursos para ambos sectores, sin un trato preferente hacia el sector público. Aunque en la práctica fue una relación más bien de privilegio que de igualdad, pues el sector privado subvencionado pudo cobrar a las familias (“financiamiento compartido”), lucrar[vi], seleccionar estudiantes, y aparecer, como resultado de lo anterior, en una mejor ubicación en los rankings del Simce (similar a los establecimientos particulares pagados).
Por otra parte, las ventajas que obtuvo el sector privado no se tradujeron necesariamente en una oferta de calidad. Han existido bajas regulaciones para quienes desean formar establecimientos educacionales subvencionados, lo que se observa en la amplia diversidad de sostenedores y su frágil “capital profesional”, como argumenta Carrasco, Bonilla y Rasse, (2019), así como también en la cantidad de colegios que cierran cada año (Grau, Hojman y Mizala, 2017).
En consecuencia, el sistema escolar chileno se fue configurando como una de las versiones más extremas de privatización y de lógicas de mercado, así como también de los más desiguales y segregados de la región (Bellei y Trivelli, 2014; Valenzuela, Bellei y de los Rios, 2014; OECD, 2016). Este panorama de segregación no solamente se creó a partir de las políticas nacionales, sino que también a partir del engranaje de prácticas locales de selección de alumnos de parte de las escuelas, como también por las decisiones de elección escolar de las familias (ver, por ejemplo: Canales, Bellei y Orellana, 2016; Carrasco, Falabella, Mendoza, 2015; Rojas, Falabella y Leyton, 2016).
LA LEY DE INCLUSIÓN: UNA OPORTUNIDAD PARA REPENSAR LA EDUCACIÓN PARTICULAR SUBVENCIONADA
La regulación más relevante para el sector privado subvencionado en el último tiempo ha sido la Ley de Inclusión Escolar nº20.845 (2015), que intenta dar respuesta a la intensa segregación social y desregulación del modelo de mercado educativo. Esta ley prohíbe el lucro en la educación escolar en el sector particular subvencionado, la selección de estudiantes y el financiamiento compartido. Es por ello que esta ley generó, en su momento, acalorados debates y defensas corporativas desde el sector privado subvencionado. A ello se sumó la Ley de Nueva Educación Pública (2017), que involucra el traspaso de la gestión y administración de la educación pública desde los municipios a nuevos entes autónomos, llamados Servicios Locales de Educación Pública.
La Ley de Inclusión –a pesar de sus limitaciones– abre una puerta para que la educación particular subvencionada emerja como un sector que contribuya a la inclusión socioeducativa y, al menos, disminuir la segregación actual. No obstante, se ha mantenido intacto el esquema de financiamiento competitivo entre escuelas públicas y privadas, un Estado no preferente hacia lo público, y un sistema evaluativo basado en la estandarización, competencia y sanción. Además, luego de varias negociaciones parlamentarias respecto a la Ley, se flexibilizaron algunas normativas iniciales, permitiendo, por ejemplo, el arriendo indefinido de la infraestructura escolar, una de las vías más usuales para encubrir el lucro.
Por otra parte, es importante constatar que esta Ley excluyó el sector particular pagado. Así, se continúa con una lógica histórica de protección que no aborda políticamente la educación de las elites, a pesar de que el impacto de esta es considerable a la hora de observar la reproducción de las desigualdades (Barrera, Falabella y Ilabaca, en prensa; Ilabaca y Corvalán, 2020). De este modo, internamente se han constituido como un subcampo al interior del sistema escolar chileno, orientado a garantizar el cierre social y homogeneidad interna de la clase alta.
“Hoy se permite el arriendo indefinido de la infraestructura escolar, una de las vías más usuales para encubrir el lucro
NUEVA CONSTITUCIÓN: RESITUAR LA EDUCACIÓN PRIVADA EN EL SISTEMA ESCOLAR
En base a lo expuesto, la interrogante que emerge en el contexto de una nueva Constitución es cómo resituar la educación particular subvencionada y pagada dentro del sistema escolar, de modo que opere en una misma dirección normativa junto al sector público, es decir, hacia un horizonte común de justicia educativa, como propone Dubet (2012). Ello demanda que la educación privada se comprometa activamente, y se haga exigible, con los principios de justicia e inclusión, gratuidad y no-lucro, y de democracia y participación de las comunidades escolares.
Para ello es necesario que el Estado asuma un rol rector sobre el sistema educativo, con un compromiso preferencial hacia la educación pública, que implique priorización de recursos y apoyos hacia ella. Esto significaría terminar con el financiamiento competitivo por alumno para la educación pública. Asimismo, debiera ser propósito del Estado que la educación particular retorne a un lugar de colaboración, en vez del de competencia que actualmente tiene. Cumplir con ello generaría mayores oportunidades para alcanzar una educación de calidad en un sentido amplio, ofreciendo una diversidad de proyectos educativos.
Se requiere, además, repensar el rol de la educación particular pagada y terminar con su estatus de elite, que pasa por alto regulaciones nacionales. Hoy en día la existencia de estos establecimientos constituye parte crucial de la (re)producción de la inequidad y la segregación social del sistema educativo[vii]. Ello implica, por su parte, pensar en medidas tales como la prohibición de la selección de estudiantes y el lucro, políticas de democracia en su administración, y pasar de ser instituciones libres de impuesto a cobrarles un alto impuesto para desincentivar y reducir su matrícula. Esto es contrario a la propuesta de crear becas estatales de gratuidad en colegios particulares (“becas Machuca”), que implica ampliar la matrícula de este sector y desincentivar la elección de escuelas públicas.
En definitiva, en el marco de la elaboración de la nueva Constitución Política, la educación particular tendrá sentido en la medida que ocupe un nuevo lugar dentro del sistema educativo, como soporte al interior de un ordenamiento público que tenga como norte el bien común y la justicia social, por medio de proyectos educativos diversos, inclusivos y participativos; y que reconfigure, por ende, un lugar de colaboración con la educación pública, en vez de antagonismo.
Editado por Juan Pablo Rodríguez. Sociólogo de la Universidad de Chile. Doctor en sociología por la Universidad de Bristol, Inglaterra.
NOTAS Y REFERENCIAS
Aedo-Richmond, R. (2000). La educación privada en Chile: Un estudio histórico-analítico desde el periodo colonial hasta 1990. Santiago: RIL Editores.
Barrera, J., Falabella, A., Ilabaca, T. (en prensa). Los intocables: La educación escolar de las elites, sus privilegios y nuevos cambios. Revista Pensamiento Educativo Latinoamericano.
Cariola, P. y Vargas, J. (1999). Educación particular subvencionada: Un aporte a la modernización de la educación chilena. Santiago: Corporación Nacional de Colegios Particulares.
Carrasco, A., Bonilla, A. y Rasse, A. (2019). Capital profesional del sector particular subvencionado en Chile: ¿una oferta diversa o desigual?. En Alejandro Carrasco y Luis M. Flores (eds.) De la reforma a la transformación. Capacidades, innovaciones y regulación de la educación chilena. Ediciones Universidad Católica de Chile, Ediciones UC.
Carrasco, A., Falabella, A., Mendoza, M. (2015). “School choice in Chile as a sociocultural practice: an ethnographic approach”. En P. Seppänen, A. Carrasco, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola, Contrasting Dynamics in Education Politics of Extremes: school choice in Finland and Chile. Holanda: SENCE.p.245-266.
Corvalán, J., Elacqua, G. y Salazar, F. (2009). El sector particular subvencionado en Chile. Tipologización y perspectivas frente a las nuevas regulaciones. Informe FONIDE, Ministerio de Educación.
Dubet, F. (2012). Existe-t-il une justice scolaire? En Serge Paugam (Ed) Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, (pp. 111-123). Paris: PUF.
Egaña, M.L. (2000). La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile: Una práctica de política estatal (Vol. 22). Stgo.: Lom.
Falabella, A. (2015a). ¿Quién mató la educación pública? Cuadernos de Educación, 59. Disponible aquí.
Falabella, A. (2015b). El mercado escolar en Chile y el surgimiento de la nueva gestión pública: El tejido de la política entre la dictadura neoliberal y los gobiernos de la centroizquierda (1979 a 2009)’. Educação and Sociedade 36 (132): 699-722. doi.org/10.1590/ES0101-73302015152420
Falabella, A., y Ramos, C. (2019). La larga historia de las evaluaciones nacionales a nivel escolar en Chile. Cuadernos chilenos de historia de la educación, 11, 66-98.
Flórez, M.T. (2013). Assessment reform in Chile: A contested discursive space. Tesis Doctoral. Oxford University.
Grau, N., Hojman, D. y Mizala, A. (2017). School Closure and Educational Attainment: Evidence from a Market-based System. Documento de trabajo n°439. Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Gysling, J. (2015). The historical development of educational assessment in Chile: 1810- 2014. Assessment in Education: Principles, Policy y Practice, 23(1), 8-25.
Ilabaca, T. y Corvalán, J. (2020). Configuración y legitimación del campo de los colegios de élite en Chile ¿Quiénes son y que dinámicas han posibilitado su acceso a posiciones de poder en el campo educativo? Revista Izquierdas, 49, pp. 3567-3586.
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Rojas, M.T., Falabella, A., Leyton, D. (2016). Madres de clases medias frente al mercado educativo en Chile. En: Mercado Escolar y Oportunidad Educacional: Libertad, Diversidad y Desigualdad, J. Corvalán, J.E. García-Huidobro & A. Carrasco (Editores). Chile: UC. p.233-267.
Serrano, S., Ponce de Léon, M. y Rengifo, F. (2012b). Historia de la Educación en Chile (1810-2010): Tomo II. La educación nacional (1880-1930). Taurus.
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Valenzuela, J. P., Bellei, C., y de los Ríos, D. (2014). Socioeconomic school segregation in a market- oriented educational system. The case of Chile. Journal of education Policy, 29(2), 217-241.
[i] Cuando hablamos de educación privada, nos referimos aquí fundamentalmente a la educación particular subvencionada y también a la particular pagada, aunque en menor medida.
[ii] Ver artículo 53; ello se vuelve a definir en la Constitución de 1925.
[iii] Al asumir esta tarea, la institución escolar comienza a encarnar el imaginario de la república y su construcción histórica, la cual se caracterizó por su orientación civilizadora y eurocéntrica, en contraposición a de la cultura popular y de población la indígena de la época (Concha, 2020; Egaña, 2000; Serrano et al., 2012). Para el año 1880 el sector público concentraba el 76,4% de la matrícula total, mientras que el sector particular sumaba el 23,6% restante, situación que se mantuvo más o menos estable hasta principios de los 70, cuando el sector público llegaba a cerca del 80% (Aedo-Richmon, 2001).
[iv] Un caso emblemático fue la Sociedad de Instrucción Primaria, fundada en 1856.
[v] Por ejemplo, para el año 1923 el Estado aportaba a las escuelas fiscales 93 pesos por niño, cifra que aumentó a 155 en el año 1927. En los mismos años, el Estado pasó de entregar 18 pesos (año 1923) a 17, incluso, menos que lo indicado en la ley (Oficina Central de Estadística, 1929).
[vii] Según un estudio realizado por Corvalán, Elacqua y Salazar (2009), cerca del 71% de los colegios particulares subvencionados perseguían fines de lucro.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Observatorio del Gasto Fiscal y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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no entiendo nada de el ensayo que me mando a hacer la profe de esto
Hernan Depasier | 04.01.2022
Que estupidez y ceguera intelectual, e ignorancia de la realidad de los de los autores del articulo; como si eliminar algo no bueno, mediano automaticamnte mejorara lo malo; como si tu y yo tuvieramos (un caso extremo) covid y el que yo me mejore automaticamente te mejorará. Se entiende porque no mejora la educacion en Chile con estas luminarias, que aparte de ver dogmaticamnte, con anteojeras que impiden ver la realidad ni siquierainvestigan sistemas educativos a nivel individual altamente competitivos en lo individual y publicos en lo que a financiamento se refiere; o sea ven y repiten como un mantra una idea que en si carece de la mayoria de los elementos que permitirian mejorar y resolver el problema real.
Blanca | 12.09.2021
Si se llevaran a efecto los cambios que se proponen para a educación particular pagada, es decir, prohibición de selección y prohibición de lucro, y de cobro a los apoderados, la mayoría de los colegios particulares desaparecerían. Pero, como legítimamente, todo padre desea la mejor educación que pueda darle a sus hijos, muchos los inscribirían en institutos para aprender idiomas desde pequeños y contratarían clases particulares en grupos pequeños para compensar la educación estatal deficiente. En fin, sólo se nivela para abajo quitándoles el poder adquisitivo a sus padres. Sólo eso puede igualar la cancha: que todos seamos pobres y no accedamos a elegir educación de calidad, pues al parecer la lucha por la calidad de la educación estatal ya la dieron por perdida.
Ramón martinez | 27.12.2020
El artículo de un resentido que piensa que la educación privada pagada, que existe EN TODO EL MUNDO, es segregatoria cuando lo que se debe mejorar y faltan siglos en la educación pública que sigue siendo de pésima calidad, con profesores ideologizados con conocimientos básicos y técnicas de enseñanza del siglo 19, la privada es mejor porque tienen buenos sueldos, buena infraestructura , muy buenos docentes con formación continua y sin ideologías, este sociólogo claramente ve que el
Mundo es rojo y a la izquierda
Mauricio Gonzalez | 27.12.2020
Que triste ver todavía acomplejados, arribistas, mediocres que luchan contra una clase a la que no van a pertenecer jamás, bueno eso explica el mal llamado "estallido social", que no es otra cosa "que el estallido del que quiso y no pudo", basta de odiar al privado, primero porque la mejor educación del mundo es privada y no publica, el colegio Eton College en inglarerra, Aiglon en suiza, Ecole des Roches en francia, para que hablar de Harvard, Yale, Oxford, y en chile la universidad Católica por supuesto....la chile, para el pueblo....
Renato | 27.12.2020
El artículo omite información respecto de alta selección y lucro en organizaciones privadas en todos los sistemas educativos de la OCDE y en la mayoría de las naciones con regímenes de izquierda, incluso totalitarios.
Basados en las recomendaciones del autor, Chile pasaría a ser el único sistema escolar sin escuelas de alto rendimiento académico.
Maricho Villota | 27.12.2020
Con la reforma los más perjudicados fueron los alumnos que venían de estratos medios y bajos que tenían becas de excelencia académica y sus colegios pasaron a ser particulares. No habiendo opciones iguales en la ciudad, a los padres no le quedó más opción que conformarse con un colegio inferior o sacrificarse para pagar el nuevo arancel.... Y el estado les quitó las becas a esos niños sin más opciones
Carmen Paz | 27.12.2020
Creo que una buena forma de mejorar la calidad de la educacio publica en Chile. Seria que cada empleado del estado, empezando por el Presidente se comprometiera a que sus hijos y nietos asistieran a los colegios publicos y les aseguro que mucho mas temprano que tarde, tendriamos una educacion digna como todos nuestros niños se merecen. Saludos.
Julio jofre | 27.12.2020
Un poco marcada la ideología del que escribe
víctor fieero | 27.12.2020
El asunto es la orientación de la educación, no quien orienta. De hecho, en la orientación de la educación no hay competencia entre publico y privado, ambos “bandos†pretenden educar en dirección a los $, como única medida para el “bien estarâ€. El problema de la educación en chile y el mundo es que, más que entregar herramientas, crea deseos de bienes materiales por sobre todo (y todos). Esa corrección, justamente, pudiera ser la reorientación constitucional de “la educaciónâ€: Educar para entender que obtener bienes materiales más allá de los sostenible, es una desinteligencia mayúscula.
MRFC | 27.12.2020
Tuve el privilegio de educar a mis hijas en colegios particulares subvencionados durante los 80' hasta 1998. Sólo se pagaba una matrícula y $10.000 por centro de padres. La enseñanza básica era totalmente gratuita y en la Media de pagaba $2.000 pesos mensuales.
Habían becas para la enseñanza superior que cubrían todo o el 80% del arancel.
Con la vuelta de la democracia todo cambió. Los colegios subvencionados pasaron a pago compartido con valores a pagar por los apoderados bastante altos y en la enseñanza superior siguen las becas, pero ahora sólo cubren, con suerte el 20% del arancel, el cual ha subido un 400%.
Por mas explicaciones que den, lo expuesto mas arriba es la realidad.
