Transparencia inútil: engaño de convencional Rojas Vade revela grave falla en fiscalización de las declaraciones de patrimonio

El Servel, el Banco Central, la Fiscalía y el Congreso no tienen herramientas para verificar los datos de las declaraciones de patrimonio que reciben. Así quedó en evidencia con la que en enero pasado el convencional Rojas Vade ingresó al Servel, en la que anotó una deuda de $27 millones por una inexistente quimioterapia: si la hubiesen revisado, el engaño podría haber sido detectado antes de las elecciones. Solo el Poder Judicial y la Contraloría auditan la veracidad de las declaraciones que reciben. Esta última detectó, entre 2019 y 2020, sobre 122 mil datos inexactos y originó 470 sumarios, además de reportar los casos graves para una eventual acción penal. No obstante, la Contraloría advierte que no tiene suficiente colaboración de otros servicios que manejan registros patrimoniales.

Hasta el 9 de enero de 2021, la vergüenza era la única consecuencia a la que estaba expuesto Rodrigo Rojas Vade por mentir acerca de que padecía cáncer. Pero ese día firmó y entregó al Servicio Electoral (Servel) su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) como candidato a la Convención. Ese fue el primer documento público en el que plasmó el engaño –lo reiteraría en otra DIP que debió hacer ya como convencional– y que lo exponen ahora a una eventual sanción penal, después de que la mesa directiva de la Convención interpuso una denuncia en su contra.

Antes de que La Tercera revelara que el cáncer de Rojas Vade no existía, su primera DIP estaba guardada en el Servel, donde nadie revisó su veracidad. Esto no solo ocurre con las declaraciones de los candidatos a distintas elecciones, sino también con las de los integrantes de las directivas de los partidos políticos. El Servel solo se cerciora de que estas lleguen en los plazos legales. Efectivamente, la ley establece que el servicio debe controlar la presentación oportuna de las DIP, pero también indica que –en el caso de las directivas de partidos– debe corregir los datos “inexactos”. En los hechos, esto último solo ocurre si alguien presenta una denuncia, porque no hay una revisión sistematizada de la veracidad.

En cuanto a las DIP suscritas por candidatos, el Servel debe enviar copias al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda. En la UAF informaron a CIPER que ellos solo pesquisan posible lavado de activos o financiamiento de terrorismo. En tanto, en el SII dijeron a CIPER que estas DIP solo las utilizan como insumo para analizar el comportamiento tributario del declarante. En concreto, esto significa que no está bajo la responsabilidad de la UAF ni del SII detectar otro tipo de irregularidades o inconsistencias, como la que declaró Rojas Vade.

Tanto el Servel como otras instituciones públicas que reciben DIP, indicaron a CIPER que no están obligados a chequear la veracidad de los antecedentes. Además, no cuentan con herramientas: no están facultados para solicitar datos sobre el declarante -más allá de los que están disponibles para todo el público- que manejan entidades como el SII, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los Conservadores de Bienes Raíces, la Superintendencia de Pensiones y el Registro Civil. Entre entidades que reciben DIP se cuenta, además del Servel, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, la Cámara de Diputados, el Senado y el Ministerio Público.

Donde sí se realizan auditorías a la veracidad de las declaraciones es en la Contraloría General de la República (que revisa las DIP de unos 110 mil funcionarios de la administración central del Estado) y en el Poder Judicial (que además resuelve las denuncias que afecten a las declaraciones hechas en los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los Tribunales Ambientales).

Según la respuesta enviada a CIPER por la Contraloría, solo entre 2019 y 2020 detectó unos 122 mil errores de veracidad (pudiendo haber más de un error por DIP), lo que terminó con 470 formulaciones de cargos –aperturas de sumario– a funcionarios. De hecho, los casos más graves generaron un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por transacciones inusuales o sin aparente justificación económica, los que fueron remitidos a la Unidad de Análisis Financiero para que esta determine una posible acción penal.

Para hacer estos análisis detallados, la Contraloría sí fue dotada por la ley para solicitar información a la CMF, el SII, a la Superintendencia de Pensiones y otras entidades. Sin embargo, el mismo órgano fiscalizador confirmó a CIPER que enfrenta dificultades, pues habitualmente no recibe los datos de manera oportuna, lo que genera demoras que afectan la fiscalización.

En el Poder Judicial informaron a CIPER que también hacen chequeos de veracidad, pero no a todas las DIP, sino a una muestra aleatoria. En 2020, de las 4.810 declaraciones fiscalizadas, 2.094 fueron revisadas por temas relacionados con “integridad, veracidad y exactitud”, según la cuenta pública difundida por la Fiscalía Judicial. “Para realizar la fiscalización se implementó una plantilla con los datos proporcionados por el Servicio de Registro Civil e Identificación y Servicio de Impuestos Internos, además de la información agregada por el sistema computacional de los Conservadores de Bienes Raíces”, rezó el mismo documento.

Respecto del control que se ejerce en la Corte Suprema sobre las DIP que se hacen en los Tribunales Tributarios y Aduaneros, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en los Tribunales Ambientales, desde 2021 se decidió revisar la veracidad de 70 miembros de los también conocidos como “tribunales especiales”. Hasta el año pasado, según informaron en la unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, solo se controlaba que estas declaraciones se presentaran dentro del plazo legal.

Las estadísticas que exhibe la Contraloría demuestran que allí donde la ley proporcionó facultades para fiscalizar la veracidad de los datos, efectivamente se detectan irregularidades que incluso pueden originar un Reporte de Operación Sospechosa. Estos registros dejan en evidencia la gravedad del vacío que impide que el Servel y otras entidades que juegan un rol clave en el sistema democrático, revisen la veracidad de los datos que declaran quienes ocupan o aspiran a ocupar cargos políticos clave.

La falta de herramientas para acceder a información patrimonial a fin de revisar la veracidad de las DIP, no es el único problema con estas declaraciones. Aunque resulte sorprendente, en algunos casos la fiscalización queda en manos de pares. Por ejemplo, si los consejeros del Banco Central incluyeran información inexacta o incompleta en su DIP deben ser fiscalizados por el mismo consejo del banco. También sucede en el caso de los diputados y senadores, donde las indagatorias recaen en comisiones de ambas cámaras integradas por otros diputados y senadores.

122 MIL ERRORES DE VERACIDAD

La Ley 20.880 sobre “probidad en la función pública y conflictos de intereses”, de 2015, determinó de manera expresa que la Contraloría General de la República (CGR) fiscalizaría la “veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio”. Para ello, la facultó para solicitar información a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), al Servicio de Impuestos Internos (SII), al Registro Civil, entre otras entidades. La norma no hizo lo mismo con las otras instituciones que reciben DIP.

La Contraloría cuenta con la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio (UADIP). Este equipo lo componen 14 personas y el proceso de fiscalización “se realiza con algoritmos semiautomatizados”, por lo que “la metodología diseñada no requiere de un muestreo o selección, ya que los códigos diseñados son capaces de procesar la totalidad de las declaraciones”, según información entregada por Comunicaciones de la CGR.

“(La principal limitante es) la factibilidad de contar con datos oficiales proporcionados a la Contraloría por distintas instituciones, con el objeto de contrastar la información. Por ejemplo, existen entidades que no remiten datos, otros contenidos están dispersos en múltiples organismos con diferentes niveles de tecnología que impiden su procesamiento masivo”, indicaron en la CGR.

CIPER consultó a la Contraloría cuántos controles de veracidad habían terminado en observaciones o sanciones a funcionarios públicos en 2019 y 2020. Desde la institución aseguraron que hubo:

• 122 mil errores de veracidad en las DIP (puede haber más de un error por DIP).
• 1.200 oficios para avisar a funcionarios sobre este tipo de errores.
• 470 formulaciones de cargos (apertura de sumarios).

Como resultado de estos estudios, en la Contraloría añadieron que “se han confeccionado diversos Reporte de Operación Sospechosa (ROS), de carácter reservado, los cuales han sido remitidos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda. Además, la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio ha entregado diversos insumos en los procesos de planificación de auditorías, principalmente en contexto de pandemia, así como también ha colaborado con otras instituciones en diversas investigaciones”.

EL VACÍO EN OTRAS INSTITUCIONES

Un informe elaborado en 2019 por tres investigadores de Espacio Público -Tomás Cortés, Eduardo Engel y Miguel Jorquera- abordó el problema que se genera por no haber dotado a otras entidades con las mismas facultades que se dieron a la CGR y, en segundo lugar, por haber entregado la inspección de las DIP a los pares de los fiscalizados, como ocurre en la Cámara y el Senado:

“A pesar de los avances en fiscalización, esta área aún tiene serias falencias que mejorar, siendo su principal problema la existencia de funcionarios que no están sujetos al control de Contraloría, y lo que es peor aún, que son fiscalizados por sus pares de funciones. Tal es el caso de los senadores y diputados, cuyo órgano fiscalizador son las propias comisiones de ética, las que no solo carecen de la debida autonomía, sino que tampoco tienen la atribución de cruzar datos, como sí tiene la Contraloría”.

Entre los fiscalizados por unidades internas compuestas por pares o por funcionarios de la misma entidad se cuentan, además de diputados y senadores, los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal de Contratación Pública, de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de los Tribunales Ambientales, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y de los Tribunales Electorales Regionales y los consejeros del Banco Central. Consultados por CIPER, en algunas de estas entidades indicaron que por ley no les corresponde cerciorarse de que la información presentada en las DIP de sus funcionarios sea verdadera.

En la unidad de Comunicaciones del Ministerio Público se informó a CIPER que “a la Fiscalía no le corresponde chequear que la información presentada en las declaraciones de intereses y patrimonio sea verdadera, pero por instrucción del Fiscal Nacional se generó un comité a cargo de esta labor al interior de la institución, coordinado por la Contralora Interna e integrado por la Directora Anticorrupción, el Director de Lavado de Dinero y Delitos Económicos, y el Gerente de la División de Informática. En el marco de esta comisión se revisa una muestra significativa de las DIP anualmente”.

Acorde a los datos del Ministerio Público, entre 2019 y 2020 se realizaron 630 controles sobre DIP. Ninguna de ellas terminó en sanciones. La manera que tiene la Fiscalía de chequear datos es “mediante el cotejo de la correspondencia entre la información declarada y la obtenida de las fuentes abiertas de información”. Entre estas fuentes está el Diario Oficial, los datos que publica el Servicio de Impuestos Internos, Equifax y los servicios en línea de los conservadores de Bienes Raíces.

Sitio web Infoprobidad

Para Valeria Lübbert, directora de Democracia y Anticorrupción, de Espacio Público, lo ideal habría sido centralizar el control en la misma CGR. De hecho, la Contraloría, junto al Consejo para la Transparencia, tiene a su cargo la plataforma infoprobidad.cl, donde se publican todas las DIP que deben ser expuestas ante la opinión pública:

–La Contraloría cruza inmediatamente bases de datos disponibles en otras bases de datos. El control es más fácil para ella que para el resto de los órganos del Estado. No se hizo así porque topa con estas autonomías constitucionales que están exentas del control de la Contraloría. No se hizo un diseño que aspira a lograr un estándar igual para todos los órganos del Estado. El control se fragmenta y pasa esto, que en el fondo no tienen las mismas atribuciones de control y fiscalización.

Donde no hay chequeo de veracidad es en el Servicio Electoral. Ni en las DIP que reciben de los candidatos ni en las de los miembros de las directivas de partidos. Roberto Salim-Hanna, subdirector de partidos políticos, aseguró a CIPER que en esa entidad se “verifica de forma periódica el cumplimiento de la oportunidad y correspondencia del cargo de los sujetos obligados a realizar su DIP (cuando asumen, en la actualización periódica y al dejar el cargo). En el caso de detectar inconsistencias exclusivamente sobre esos ámbitos, son comunicadas a los miembros de las directivas de los partidos políticos para su corrección. De no resolverlas, se da inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio”.

Tampoco existe control de veracidad en el Senado. En la secretaría de la Cámara Alta informaron a CIPER que “la ley 20.880 faculta a la Comisión (de Ética y Transparencia) para revisar que se realicen (las DIP) en el plazo señalado por la norma y pedir su rectificación si estas están incompletas o inexactas (…). Finalizado el plazo legal de la presentación de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio, la Comisión de Ética y Transparencia se ocupa de revisar que dichas declaraciones estén en forma y realizadas en el plazo que señala la ley”. En 2019 y 2020 no hubo denuncias ni presentaciones.

En el Banco Central indicaron que su “Unidad de Acceso a la Información y la Fiscalía del Banco revisan que se cumplan los plazos y exigencias establecidos por la regulación descrita, considerado para ello la información disponible en fuentes de acceso público, para efectos de apoyar al Consejo en el ejercicio de la potestad sancionadora que la ley le ha conferido en este ámbito”. Hasta la fecha, el consejo del banco no ha recibido denuncias ni tampoco ha iniciado investigaciones de oficio.