Sentencias de la Corte Marcial: las confesiones de militares y carabineros que robaron armas en sus cuarteles

Miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas han confesado, en la justicia militar, cómo robaron armamento. Sus relatos evidencian graves fallas de seguridad, como puertas sin candado y techos con hoyos en los almacenes de armas. CIPER revisó las sentencias de la Corte Marcial, entre 2012 y 2022. En estos diez años se dictaron condenas contra 54 uniformados en distintos casos relacionados con robo o desaparición de material de guerra, chalecos antibalas y uniformes. De estos procesos, 27 corresponden a sustracción de armas, como fusiles, subametralladoras, pistolas y revólveres. Esta es la primera entrega de una serie de reportajes basados en resoluciones de la justicia militar. Próximamente: los precios en que se transan las armas robadas en cuarteles y los nexos de los funcionarios involucrados con bandas delictuales.

El carabinero tenía todo planeado para entrar en la madrugada a la Subcomisaría de Cerrillos y llevarse el armamento. Lo haría junto a un amigo civil al que unos días antes le había pasado las llaves de la sala donde se almacenaban subametralladoras, pistolas y cargadores. Su cómplice mandó a hacer una réplica del juego de llaves y todo quedó listo para poner en marcha el robo en la noche del 13 de junio de 2016. Así lo confesó el propio funcionario policial ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago. El civil debía entrar al cuartel simulando que lo habían asaltado y, ya adentro, le enviaría un mensaje al policía para avisarle la posición de los tres funcionarios que estaban haciendo turno de guardia, detalle necesario para saber cuándo ingresar. Y así ocurrió, tal como fue planificado.

“A las 02:30 aproximadamente ingresé a la Unidad Policial y me dirigí a la Sala del Interno y con la copia de la llave que mantenía en mi poder, procedí a abrir la puerta (…) y sustraje desde el interior dos UZI, tres pistolas de cargo fiscal y una pistola particular, desconozco quién era el propietario, además sustraje cuatro cargadores de UZI y siete cargadores de pistola”, declaró el carabinero en la investigación.

Después de eso fue al estacionamiento de la unidad a guardar las armas en su auto y se dirigió hasta el frontis de la subcomisaría. Como si nada hubiera ocurrido, entró, saludó a dos de sus colegas y fingió que se topaba con su amigo, a quien ofreció trasladarlo de vuelta a su casa.

En ninguna parte del relato del carabinero se aprecia que haya enfrentado alguna dificultad para cometer el delito. CIPER confirmó que ese mismo panorama se observa en decenas de declaraciones que han prestado distintos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que fueron separados de sus instituciones y condenados por la justicia militar entre 2012 y 2022.

CIPER revisó las resoluciones que fueron confirmadas por la Corte Marcial de Santiago (con jurisdicción sobre Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros) y la Corte Marcial de la Armada (Valparaíso), y que no fueron revocadas por la Corte Suprema. Son 38 los procesos que terminaron con condenas. De ellos, 27 corresponden a la desaparición o robo de armas, municiones y explosivos. Los restantes se iniciaron por la sustracción de materiales afines, como chalecos antibalas, uniformes y documentos utilizados para adquirir armamento de manera dolosa. Los funcionarios involucrados -carabineros y militares- suman 54 personas. En todo caso, las investigaciones que en estos diez años se han abierto por este tipo de delitos son más, pero muchas siguen en curso, tanto en los juzgados de primera instancia como en las dos cortes marciales.

Solo en las dos últimas semanas se conocieron dos hechos que muestran cómo este tipo de delitos han ido adquiriendo notoriedad. El pasado jueves 26 de mayo se informó que dos carabineros son investigados por el envío de municiones de alto calibre, a través de encomiendas, desde la Región de la Araucanía a la zona de Cochrane (Aysén). Nueve días antes, el martes 17, radio Biobío publicó un reportaje sobre la declaración de una civil que permitió avanzar en la investigación del robo de 82 armas desde el Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército, ocurrido el 21 de marzo de este año.

En muchos de los procesos revisados por CIPER en la justicia militar, fueron los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden los que confesaron cómo efectuaron los delitos. En al menos 12 causas los testimonios de los acusados permitieron concluir que la sustracción se facilitó por graves fallas de seguridad en las dependencias donde se almacena el armamento (como forados en la estructura o falta de candados).

En 15 de los casos analizados, los implicados indicaron que pudieron salir del recinto militar o policial portando las especies sin ser revisados. Así ocurrió con un cabo segundo encargado de la administración de armamento en el Campo Militar Antofagasta, que atravesó barreras y salió caminando de esa unidad con municiones en su mochila, las que vendió a una persona que lo esperaba afuera. Ante el tribunal, relató incluso la manera en que engañó a los fiscalizadores de la Contraloría General de la República, para que no detectaran los excedentes de municiones que no se habían ocupado en los entrenamientos y que él comercializaba.

FORADOS Y CERROJOS SIN CANDADO

El cabo segundo se desempeñó entre 2011 y 2018 en el almacén general de munición y explosivos de la Tercera Brigada Acorazada del Ejército, ubicada en Antofagasta. Fue acusado de quedarse con armamento que se debía utilizar durante un ejercicio militar denominado Huracán, realizado a fines de 2016, que finalizó antes de lo esperado y dejó tiros, explosivos y otros sin consumir. En el fallo se lee que esto generó un “gran excedente de material, el cual no fue luego debidamente regularizado en los cargos institucionales, apareciendo (…) como consumida”.

En su primera declaración en la investigación dijo que no había vendido municiones, pero que sí se había quedado con este excedente y que lo había escondido de una fiscalización de la Contraloría General de la República. En sus propias palabras, realizó maniobras para presentar un “cargo sin novedad”.

“Bajé en un camión militar la munición excedente, aprovechando que la teniente (…) me dispuso realizar una entrega de munición, eran como 40.000 a 50.000 tiros que quedaron en mi almacén”, dijo el cabo segundo.

Recién en una tercera declaración detalló que le había entregado municiones a un civil de Antofagasta, al que había conocido en una competencia de tiro realizada en un polígono. Contó que desde 2012 empezó a pasarle cajas de cartón de 20 tiros y bolsas con 100 tiros, pero que no recibía nada a cambio. Solo en su cuarta declaración admitió que por cada caja este civil le pasaba entre $100 mil y $150 mil, “y habrán sido 12 a 15 cajas de munición”. También dijo que muchos en la unidad estaban al tanto de los excedentes que manejaba:

“Los pagos eran en efectivo, alguna vez me pagó con un cheque e incluso me hizo depósitos, uno o dos en la Cuenta RUT del Banco Estado, no recuerdo bien. Nadie en la Brigada sabía de esto, yo lo hacía solo, todos sabían que sobraba munición, pero no que ella era entregada a un civil”.

En 12 de los procesos revisados por CIPER, las confesiones permiten concluir que el robo fue por fallas en las medidas de seguridad de las salas o bodegas donde se almacenan armas, municiones y explosivos. En seis de estos casos, los acusados aprovecharon la existencia de forados en paredes o techos, ventanas rotas cubiertas con débiles planchas de cholguán y cerrojos sin candados.

En la primera quincena de noviembre de 2013 dos soldados profesionales y un cabo robaron en un polvorín (almacén del Ejército donde se guarda armamento) ubicado en la región de Antofagasta. Según confesaron, el cabo que los tenía a cargo les dijo que “había una mano para ingresar, cual era subirse por el techo, lugar donde había una lata abierta que permitía el acceso a la pieza”.

“Incluso nos mostró como se hacía, aduciendo que ya lo había hecho con anterioridad con otros soldados de tropas, los cuales están dado de bajas, no señalando sus nombres. Transcurridos los días el cabo nos contó varias historias, principalmente algunas relacionadas de cómo se había llevado cosas del polvorín, manifestando que no pasaba nada”, declaró uno de los condenados.

El cabo no admitió haber hecho estas declaraciones, aunque terminó con una condena ratificada por la Corte Marcial por robo de material de guerra. De igual manera, declaró que el polvorín efectivamente tenía un forado en el techo. Este agujero fue utilizado para robar tiros, granadas de humo, granadas de humo de color azul, otras de color naranjo, granadas lacrimógenas y cajas de postones, entre otras especies.

El 23 de octubre de 2014 funcionarios del Ejército ingresaron a otro polvorín en el Regimiento de Infantería 21, ubicado en Coquimbo. Entrar no fue difícil, según lo confidenció uno de ellos: “Nos dimos cuenta (de) que el portón de acceso principal a éstos estaba entreabierto, debido a que le faltaba un candado en el picaporte de arriba”. Un año después, en enero, ocurrió una sustracción similar en el Regimiento de Artillería 1 Tacna. Había caído un árbol sobre el almacén de guerra hacía un mes y el forado que provocó, según la confesión de uno de los soldados, no había sido reparado. Lo notaron cuando pasaban por fuera y quisieron entrar.

“Hace cuatro días atrás en el transcurso de la tarde mientras pasaba con (…) me dijo que por ahí podríamos sacar los fusiles y me preguntó si yo cabía por el hoyo del tejado, señalándole que era imposible ya que era muy pequeño, pero él me insistió diciéndome que yo era flaco y cabía”, dijo uno de los integrantes del grupo que sustrajo dos fusiles con sus respectivos cargadores.

Los últimos dos robos en donde los acusados confesaron haber aprovechado fallas en las salas de armas ocurrieron en el cuartel Pacollo, en Putre (agosto, 2016) y en el Regimiento de Infantería 1 Buin, en Santiago (mayo, 2017). En el de Putre la sustracción fue facilitada porque el almacén de material de guerra tenía una ventana rota que fue cubierta con un trozo de cholguán. En su confesión, uno de los participantes dijo que bastó una patada para quitarlo.

En muchas de estas sentencias revisadas por CIPER se dio otro denominador común: las personas que hicieron los robos de armamento confesaron que no tuvieron problemas para sacar el material fuera de las dependencias policiales o militares. Lo que sucedió el 23 de diciembre de 2013 en el Regimiento Reforzado 24 Huamachuco, en Arica, quizás es uno de los casos más emblemáticos. Esa madrugada un soldado dejó que un civil entrara a las dependencias, reventara el candado de un contenedor y se llevara cuatro fusiles, cuatro cargadores y 15 cajas de munición de guerra. En la investigación, según se cita en un documento del tribunal, el acusado dijo que al sustraer las especies se había producido mucho “ruido, ya que al cortar el candado y golpear el metal y también al ingresar al conteiner, sonaba el piso que era de plancha metálica, pero nadie preguntó o nadie se acercó, ni siquiera de los otros puestos, además que toda esta situación duró menos de 10 minutos”.

SALIR SIN PROBLEMAS

No fue posible determinar una fecha exacta, pero entre el 9 de agosto y el 3 de octubre de 2016, en la Base Aérea Los Cóndores, en Iquique, los soldados de la Fuerza Aérea hicieron una ceremonia para rendirle honores a la bandera de Chile. Luego de la actividad tenían que devolver el armamento utilizado, pero uno de los conscriptos vio en la sala del armero varios revólveres Colt, calibre 38, apilados uno encima del otro. “Tomé uno y lo guardé en el bolsillo de mi tenida de cuartel”, confesó en la investigación. Después de eso volvieron a sus habitaciones, y el soldado conscripto se fue directo al baño.

“Como los baños están separados entre soldados conscriptos y soldados profesionales, lo metí en una bolsa que encontré en el baño y lo metí en el estanque de uno de los baños de soldados profesionales”, dijo.

El revólver estuvo varios días en el estanque, hasta el viernes de esa semana, cuando el uniformado tenía salida y lo retiró. En ese momento escondió la pistola entre sus pertenencias y se fue hasta la ciudad en vehículos pagados por el fisco: “Ese viernes en la mañana lo metí en mi bolsa de ropa sucia y en mi mochila, bajando en unos buses fiscales”, confesó.

En 15 de los procesos revisados las armas o municiones fueron sacadas de las unidades en autos particulares de funcionarios. En enero de 2015, por ejemplo, desde el Regimiento de Telecomunicaciones 4 Membrillar, ubicado en Valdivia, un militar se subió a su auto y se retiró con un arma que no había devuelto de un ejercicio realizado ese día. Un caso similar se dio en abril de 2016 en el regimiento Arsenales de Guerra, en Colina, cuando un cabo se llevó una pistola en su vehículo. Todos estos episodios que involucran automóviles para sacar las especies varían en su nivel de improvisación, pero hubo uno que tuvo un plan detrás y convocó a varios miembros del Ejército. Se trata de dos robos, que ocurrieron entre mayo y junio de 2017, en el Regimiento de Infantería 1 Buin, ubicado en Recoleta.

Lo que se llevaron desde el Buin, en ambas ocasiones, fueron chalecos antibalas. Uno de los involucrados describió, en su confesión, la manera en que lograron burlar los controles en el primer episodio:

“Alrededor de las 19:30 horas salimos por la puerta trasera del Regimiento en caravana de 3 autos, donde yo iba en un auto solo, en otro el (…) junto con el (…) quienes llevaban los chalecos y en el otro iba (…), mientras que el cabo (…) se queda en el Regimiento y el resto nos dirigimos a la comuna de Puente Alto”, declaró.

La segunda vez, cuando también robaron chalecos antibalas, la fórmula fue similar, según describió el mismo acusado: “El cabo (…) sale en su auto particular, que es un KIA blanco con vidrios polarizados, por la parte trasera de la Unidad”.

En otros episodios los funcionarios dejaron los cuarteles a pie. En octubre de 2014, funcionarios que habían robado granadas, cargas explosivas de TNT y petardos –entre otras cosas–, salieron caminando del Regimiento de Infantería 21 Coquimbo, ubicado en La Serena, con parte de ese material. Así lo relató uno de los implicados, quien dijo que se habían subido a una micro y ahí mismo, en los asientos del fondo, se habían repartido especies. En el caso ya mencionado del cabo segundo que trabajaba en el Campo Militar Antofagasta, y que sacaba el excedente de municiones para entregárselas a un civil, lo hizo atravesando a pie la guardia.

Pero quizás la escena más sencilla se dio en la Subcomisaría de Gómez Carreño, en Viña del Mar, el 23 de noviembre de 2018. Esa noche un cabo segundo se robó una subametralladora UZI con su respectivo cargador. Según su confesión, recubrió el arma con un paño blanco y la guardó en el interior de su chaqueta, pegada a su cuerpo.  Caminó hasta donde tenía su mochila y la echó adentro. Llamó a un colega que no estaba de turno para que fuera a buscar algo que le quería pasar. Y le entregó el bolso por encima de la pandereta.