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CONSEJERA REPUBLICANA ELECTA POSTULÓ A SENADORA EN 2021 Y EN ESA CAMPAÑA RINDIÓ CASI $10 MILLONES POR SERVICIOS DE SUS HIJOS
02.06.2023
Aunque el Servel aún no publica las rendiciones de los candidatos al Consejo Constitucional, CIPER analizó los gastos que postulantes a ese organismo declararon al competir en alguna de las elecciones de 2021 (municipales, convencionales, Core y parlamentarias), para determinar si contrataron a familiares en esas campañas. Revisamos a los candidatos de las tres listas que eligieron consejeros: Partido Republicano, Unidad para Chile y Chile Seguro. De ellos, nueve postulantes presentaron rendiciones al Servel en 2021 que incluían a parientes: siete son republicanos, una de Revolución Democrática y otra de la UDI. Los republicanos rindieron un total de $22 millones por trabajos prestados por familiares.
El 12 de agosto de 2021, CIPER publicó el reportaje “Gastos de campaña: Lista del Pueblo detecta boletas abultadas y pagos a familiares de sus candidatos”. Ese mismo día, José Antonio Kast, la principal cara del Partido Republicano, señaló en Twitter que la Lista del Pueblo terminó siendo una “asociación ilícita criminal que usó el sistema electoral para financiar a los parientes de sus candidatos”.
El artículo de CIPER mostraba que una auditoría interna de la Lista del Pueblo detectó que algunos de sus postulantes a la Convención Constitucional habían rendido boletas y facturas de familiares, resaltando el caso de Karen Orellana, que figuraba con $12,5 millones en boletas de parientes. Días después, CIPER publicó una revisión completa de las rendiciones de todos los candidatos a la convención, reportaje que acreditó que la práctica se extendía a la mayoría de los sectores políticos, porque 128 candidatos a convencionales habían presentado boletas o facturas de parientes.
El Servicio Electoral (Servel) aún no publica las rendiciones de los candidatos al Consejo Constitucional por encontrarse todavía vigente el proceso. El organismo iniciará sus funciones este miércoles 7 de junio, por lo que aún no se puede saber si en esa campaña contrataron a familiares. No obstante, CIPER revisó las rendiciones que algunos candidatos al consejo presentaron en las elecciones que se realizaron en 2021 (municipales, convencionales, Core y parlamentarias). En particular, se revisaron todos los candidatos de las tres listas que eligieron consejeros constitucionales: Partido Republicano, Unidad para Chile (FA, PC y PS) y Chile Seguro (UDI, RN y Evópoli).
Del total de 216 candidatos al Consejo Constitucional que presentaron las tres listas mencionadas en el párrafo anterior, 49 de ellos también postularon en alguna de las elecciones celebradas en 2021. Y de ese grupo, nueve presentaron rendiciones al Servel que incluían a parientes: siete son del Partido Republicano (PR), una de Revolución Democrática (RD) y otra de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Respecto de los siete candidatos republicanos, el total que rindieron por trabajos prestados por familiares en campañas de 2021 suma $22.109.000. La postulante vinculada a la UDI rindió $663.750 y la de RD presentó $350 mil.
Si bien la normativa vigente no prohíbe que familiares presten servicios para las campañas de sus parientes candidatos, según expertos en financiamiento político electoral se trata de una práctica que debería ser revisada:
“Contratar a familiares con recursos públicos para que trabajen en la campaña de un candidato es un tema que debiera regularse. Con prohibiciones cuando se trata de labores donde es difícil verificar que las tareas contratadas se realizaron y los pagos fueron a precio de mercado, particularmente en labores donde existe una amplia oferta, como brigadistas, transportes, community managers, etc.”, dice Eduardo Engel, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien encabezó la comisión que propuso reformas al financiamiento electoral tras los escándalos de los casos Penta, SQM y Corpesca.
Aunque no constituye ilegalidad, la contratación de familiares en campañas electorales, ha sido motivo de debate público. El excandidato presidencial republicano, José Antonio Kast, lo criticó con dureza cuando se conoció lo de la Lista del Pueblo. Pero, la postura que entonces exhibió difiere de la línea que hoy muestra su partido, al menos respecto de los candidatos de esa misma colectividad. CIPER consultó al PR sobre sus tres consejeros electos y cuatro excandidatos que rindieron boletas de familiares en campañas de 2021:
“No existe prohibición en la ley de contratar familiares y/o amigos de candidatos en campañas políticas. Los servicios fueron efectivamente prestados y los montos razonables, lo cual fue aprobado por el Servel, único organismo facultado para resolver sobre la procedencia de los gastos. En caso de no cumplir con esos requisitos, el Servel procede a rechazarlos”, fue la respuesta formal del Partido Republicano.
CIPER intentó contactar a los candidatos republicanos que figuran en esta nómina, pero indicaron que la única respuesta sería la del partido. La postulante de RD y la independiente pro-UDI que se encuentran en la misma situación, sí respondieron nuestras consultas.
Aunque la Ley 19.886 establece requisitos precisos para que los organismos públicos puedan contratar bienes y servicios de personas emparentadas con sus funcionarios, no ocurre lo mismo cuando se trata de fondos públicos reembolsados por el Servel para pagar servicios prestados por parientes de candidatos.
En la Ley 19.884 sobre Transparencia, Control y Gasto Electoral, no se prohíbe ni regula la contratación de familiares, ni se hace mención a este tema. En la versión del Manual de Consulta de Financiamiento y Gasto Electoral 2021, que el Servel difundió entre candidatos, tampoco se establecen reglas sobre pagos a parientes. La única referencia es que ese documento define que el trabajo voluntario –sin remuneración– de familiares, debe ser “declarado y valorizado”, acorde al valor de mercado.
En 2021, el exdirector ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, mencionó a CIPER las zonas grises de la reformada ley de financiamiento para campañas, norma que debió cambiar luego de los escándalos de platas ilegales para la política. “Estamos empezando a evidenciar los espacios, en algunos casos forzados, que tiene nuestra nueva legislación de gasto electoral”, dijo esa vez el abogado. Y agregó: “La pregunta que uno se debería hacer es: ‘¿Si yo no fuera un candidato y tuviese que hacer un concurso para contratar a una persona como asesor, contrataría a mi familiar?’. En la mayoría de los casos eso no ocurriría”.
En el análisis realizado por CIPER sobre las rendiciones de las elecciones de 2021 que el Servel mantiene a disposición pública, se detectó que nueve candidatos contrataron a familiares para sus campañas. De estos, siete eran postulantes del Partido Republicano:
1) María Gatica Gajardo (consejera electa), quien rindió para su campaña a senadora de 2021, una factura por $8.925.000 de Los Nadies Circo SpA, sociedad constituida en 2018 por la hija de la consejera, Francisca Arce Gatica. Según lo expuesto ante el Servel, la labor de la compañía fue realizar “pasacalles artísticos para campaña política senatorial”. En la web del grupo circense, la hija de María Gatica figura como directora de la compañía. Asimismo, Gatica rindió dos boletas de honorarios de otros familiares: una de su hijo, Cristián Arce Gatica, y otra de la pareja de este, Mirelle Parcigate Soarez, cada una por $1 millón. En ambos casos por labores de brigadistas. En total, los montos para familiares que figuran en la rendición suman $10,9 millones.
2) Ninoska Payauna Vilca (consejera electa), quien en 2021 postuló a consejera regional de Tarapacá, rindió una boleta de su hermana por parte materna, Nancy Arnes Vilca, por $910 mil. La labor señalada fue la de community manager en redes sociales.
3) Sebastián Figueroa (consejero electo), en su anterior campaña a concejal por Paine, rindió una boleta de su cónyuge, Javiera Larraín Vacarezza, por $678 mil, cuya glosa señala asesoría comunicacional y administración electoral.
4) Pedro Schedelbach Puga (no electo), quien contrató a su cónyuge para su campaña a Core de Valparaíso, Victoria Parra Ulloa, para dos labores: brigadista (con una boleta por $600 mil) y asesora de marketing y RRSS (con una boleta de $200 mil). Schedelbach también contó con los servicios de su hermano por parte materna, Sebastián Vidal Puga, quien ofició de brigadista y extendió dos boletas de $300 mil cada una. En total, la rendición sumó $1,1 millón en servicios prestados por familiares.
5) Tabita Silva (no electa), quien en su anterior campaña a diputada por el Distrito 14, rindió una boleta de su hermana, Ninibeth Silva, por $485 mil. La labor señalada fue producción de campaña.
6) Sylvia Bustos (no electa), en su campaña a consejera regional de 2021 rindió boletas de cuatro familiares: su marido, dos hijas y un cuñado. La boleta de su marido, Claudio Gallardo, es por $1.290.000, debido al arriendo de una camioneta doble cabina. Su cuñado, Miguel San Martín (cónyuge de una hermana de la candidata), rindió una boleta por $400 mil como brigadista. Su hija Connie Gallardo Bustos figura como jefa de campaña con una boleta por $800 mil. Y su hija Michelle, aparece con una boleta por $160 mil correspondiente a 4 sesiones de técnica discursiva y vocal. La suma de los servicios prestados por familiares que figura en la rendición alcanza un total de $2,6 millones.
7) Macarena Bravo Rojas (no electa), en 2021 compitió como militante UDI en la elección a diputada del Distrito 8. Tal como consignó CIPER en un reportaje de ese año, en esa campaña contrató a dos hermanos: César y Gabriel Rojas. Cada uno emitió dos boletas. El primero por montos de $1.245.000 y $2.500.000, cuya glosa señala administración de campaña. Las boletas del segundo hermano son por $1 millón y $616 mil, por labores de transporte y logística. En total, la rendición sumó $5,3 millones.
María Idilia Gatica junto a José Antonio Kast
A los siete candidatos republicanos ya mencionados, se suman dos candidatas más, una de RD y otra que compitió en un cupo de la UDI:
1) Patricia Sanzana, independiente pro UDI (no electa), para su campaña a convencional constituyente de 2021, rindió una boleta de su hijo, Benjamín Koch Sanzana, quien figura con servicios prestados como brigadista. La boleta fue por $663.750.
2) Liliana González, militante de Revolución Democrática (no electa), en su campaña a concejal -como independiente- de 2021 contrató a su hermano, Iván González, como brigadista de apoyo en terreno, cuya boleta es por $350 mil.
El Partido Republicano respondió a CIPER que el Servel aprobó los montos rendidos por sus siete candidatos que contrataron familiares en las elecciones de 2021. Pero, en el caso de María Gatica Gajardo, fundadora del Partido Republicano y ahora consejera constitucional, el organismo electoral le rechazó la mayor parte del gasto que rindió por servicios prestados por familiares en su campaña a senadora de 2021. Si bien, el Servel aprobó las boletas emitidas por su hijo y por la pareja de este, ambas por $1 millón, rechazó la factura por casi $8,9 millones de la sociedad Los Nadies Circo SpA, compañía que, según los registros del Diario Oficial, fue constituida por la hija de la consejera electa.
En esa rendición, María Gatica solicitó que esos casi $9 millones fueran reembolsados con los fondos públicos que el Estado dispone para pagar gastos de campañas que las donaciones no cubren, los que se calculan sobre la base de los votos obtenidos en la elección. En el caso de Gatica, el total máximo para reembolsar gastos ascendió a $40.028.576 tras conseguir 27.562 votos.
Según la resolución que el 7 de abril de 2022 emitió el Servel respecto de los gastos de la campaña senatorial de María Gatica, el organismo consideró que esa y otras tres facturas de las que se solicitaba reembolso, requerían “aclaraciones, antecedentes o correcciones pertinentes”, para ser aprobadas.
Una semana después, el 14 de abril de ese año, la excandidata a senadora interpuso un recurso de reposición ante el Servel para insistir en que le fuera reembolsado el costo de los servicios que prestó la compañía de su hija, acompañando fotografías de los trabajos que ese grupo artístico habría desplegado en la campaña para respaldar que los servicios sí se realizaron. Sin embargo, el Servel desestimó el recurso argumentando que no era esa la herramienta legal requerida, sino solo dar respuesta a las observaciones.
CIPER llamó a María Gatica para saber los pormenores de la contratación de sus hijos y si presentó un nuevo recurso ante el Servel o el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), para insistir en el reembolso que estaba solicitando. Sin embargo, una familiar de ella contestó la llamada y señaló que la respuesta oficial era la del partido. Asimismo, Francisca Arce, la hija de la consejera y directora de la compañía Los Nadies Circo, señaló que no hablaría al respecto.
El Servel aprobó las rendiciones y solicitudes de reembolso de las campañas electorales de 2021 de los restantes candidatos republicanos al Consejo Constitucional: Ninoska Payauna Vilca, Sebastián Figueroa Melo, Pedro Schwedelbach Puga y Sylvia Bustos Aguirre. En los casos de Tabita Silva Leiva y Macarena Bravo Rojas, no pidieron reembolsos para pagar los servicios prestados por sus familiares.
En el caso de la excandidata a consejera constitucional de Revolución Democrática, Liliana González Cortés, sí respondió las consultas de CIPER. Ella señaló que la contratación de su hermano en su campaña a concejala de 2021 cumplió con los procedimientos establecidos por el Servel. Según indicó, en su reciente campaña a consejera (cuyas rendiciones todavía no son públicas), no contrató a familiares.
Liliana González añadió que su hermano también trabajó en su campaña a Core del mismo año 2021, registro que CIPER no encontró en la información oficial publicada por el Servel. “En el marco de esa campaña, y cumpliendo con todos los procedimientos de Servel y la normativa de gasto electoral vigente, mi hermano trabajó como brigadista en octubre y noviembre, recibiendo un pago de aproximadamente $40 mil por cada mes trabajado. La contratación cumplió con todos los requisitos legales, la rendición fue aprobada sin observaciones por el órgano técnico competente y el pago se hizo efectivo cinco meses después de finalizada la campaña, vía reembolso”, dijo.
Patricia Sanzana Cárdenas, quien postuló al Consejo Constitucional como independiente pro-UDI, rindió una boleta de su hijo en su candidatura a convencional constituyente de 2021, por $663.750. Según explicó a CIPER, “la campaña anterior fue bien chica, bien íntima. Creo que estábamos en pandemia, de hecho. Entonces, tenía a los niños acá y ellos me empezaron a ayudar con colocar las pancartas, las gigantografías, volantear”.
“El distrito era el 26, Puerto Montt”, recuerda: “Y yo a Puerto Montt no había entrado. Y Benjamín me dijo: ‘ya mamá, pregunta si me puedes pagar, porque me ayudaría. Yo busco a unos amigos y hacemos esto’. Pregunté, no me acuerdo quién era el encargado en esa época del tema finanzas, para tener todo bien clarito, que me dijo ‘Patricia, ningún problema, si aparece un valor de mercado’. Y eso fue lo que hicimos”.
