Las razones del lento despliegue del Estado en las zonas afectadas por el mega incendio de Viña del Mar

Durante los primeros días de la tragedia, que ya suma 131 fallecidos, se impidió el paso de los funcionarios públicos a los sitios más afectados por las llamas. Se suponía que nadie debía pasar porque se trataba, en el lenguaje del Ministerio Público, del “sitio del suceso”, donde yacían decenas de personas que fallecieron intentando escapar. Pero, cientos de residentes y otros tantos voluntarios sí lograron subir a los cerros y el protocolo que la fiscalía y el Servicio Médico Legal (SML) querían aplicar, ya no tuvo sentido. Las autoridades locales culpan al mando militar por el escaso despliegue de efectivos durante los primeros días. Recién el lunes los servicios públicos comenzaron a desplegarse en masa. Los vecinos afectados resintieron el retraso.

Jessica Astudillo es secretaria del Comité El Sauce 2, que agrupa a los vecinos de una toma de terrenos en el sector de Villa Hermosa, uno de los más afectados por los incendios del fin de semana que arrasaron con la parte alta de Viña del Mar. Ella dice que el domingo la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, los visitó: “Nos dijo que iban a traer camiones y ayuda”. CIPER habló con la dirigenta el miércoles 7 de febrero y eso no había ocurrido: “No han llegado funcionarios públicos, ni municipales ni militares”, dijo ese día. 

Los funcionarios recién aparecieron este jueves 8 de febrero a tomarles la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), que sirve como catastro de las necesidades de la población afectada. Seis días después del incendio. En esa toma de Villa Hermosa se quemaron 60 de las 70 casas que la componen.

La demora del despliegue estatal por los cerros afectados ha sido un tema acuciante en los Comités de Gestión de Riesgos de Desastres (Cogrid), que se han realizado a nivel nacional y regional. Los Cogrid son parte de la nueva estructura con la que se dotó el Estado en 2021, cuando entró en vigencia la ley que cambió la Onemi por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). En los Cogrid participan las máximas autoridades del gobierno y comunales, además de los jefes de las policías y de las fuerzas armadas. 

La tragedia registrada en la Región de Valparaíso es la gran prueba de fuego del nuevo ordenamiento. Lo es porque el incendio que arrasó con zonas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache se transformó en uno de los más letales en la historia de Chile: las víctimas fatales ya suman 131. Según Conaf, las hectáreas quemadas superaron las 10 mil; la alcaldesa Ripamonti cifró en más de 30 mil los ciudadanos afectados y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, estimó que se quemaron entre 7 mil  y 12 mil casas.

La elevada cifra de decesos y la descoordinación de la autoridad al mando, es lo que complicó el despliegue del aparato público durante los primeros días en las zonas afectadas. Y esa complicación y lentitud de reacción, la sufrieron los vecinos. El reclamo generalizado de los habitantes de las poblaciones y tomas de Viña del Mar y Quilpué que fueron arrasadas por las llamas, es que las autoridades no se hicieron presentes en las primeras horas.

CIPER pudo constatar en terreno que recién el martes -más de cuatro días después de que se iniciara el incendio-, hubo un despliegue masivo de funcionarios públicos en los cerros de Viña del Mar para aplicar las fichas FIBE. Antes de eso, llegaron algunas ayudas de las municipalidades (agua, pan, baños químicos) y aportes particulares de ciudadanos que fueron a los cerros como voluntarios a apoyar con la limpieza de los escombros. Los mismos vecinos levantaron comedores populares y centros de acopio para organizar la ayuda que les llegaba. 

¿Por qué el Estado no desplegó completamente su aparato para entregar ayudas durante los primeros días?

La orden emanada desde la autoridad fue que nadie podía subir a aquellas zonas donde hubiesen cadáveres. Cuatro autoridades comunales, regionales y nacionales le confirmaron a CIPER la misma versión: la fiscalía y el Jefe de la Defensa Nacional (Jedena, mando militar que asume el control de la zona en estado de catástrofe) habrían dado esa orden. Pero hubo un problema: no se dispusieron de efectivos militares que resguardaran el perímetro en los sectores donde había personas fallecidas, por lo que los únicos que no subieron a esos lugares fueron los servicios públicos.

El reclamo por la escasa presencia militar se repite entre las autoridades comunales y del gobierno central. Durante el fin de semana, por ejemplo, en Quilpué apenas se desplegaron poco más de 20 marinos. En Viña del Mar dicen que cuando se decretó el toque de queda, al principio los militares optaron por resguardar el centro de la ciudad, que no se vio afectado por el incendio. En contraste, las primeras noches en los cerros quemados la situación fue de descontrol. 

Los vecinos damnificados por la tragedia, que en las noches no contaban con electricidad y agua potable, acusan la presencia de sujetos que buscaban encender nuevos focos de incendios. También se generaron malos entendidos: hubo golpizas a personas que no tenían pretensiones criminales. Las autoridades regionales recibieron reportes de balaceras.

La descoordinación de las jefaturas al mando del despliegue estatal sólo comenzó a superarse la noche del domingo, cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aclaró en el Cogrid que el contraalmirante de la Armada, Daniel Muñoz, era quién estaba al mando. Distintas fuentes consultadas para este reportaje señalaron que antes de eso, Muñoz solo ejercía como coordinador de las distintas autoridades. 

¿QUIÉN TIENE LA CULPA?

El Jefe de la Defensa Nacional (Jedena), Daniel Muñoz, contestó por escrito las preguntas de CIPER. Allí señaló que una vez que terminó la búsqueda de personas desaparecidas, se permitió el ingreso completo de los servicios públicos:

“Lo que se ha efectuado es privilegiar el trabajo de los equipos investigativos y con personal de Carabineros, PDI, equipos caninos y la Brigada de Ubicación de Personas; junto al Servicio Médico Legal y Fiscalía; se han coordinado los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas. Todo esto, fue supervisado por el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos. Cabe hacer presente que, una vez que finalizaron dichas tareas y se terminó la revisión de los sectores donde hubo mayor afectación, se autorizó el ingreso de maquinaria pesada para poder efectuar la remoción de escombros”, indicó la respuesta del contraalmirante Muñoz.

Respecto de si la decisión de no autorizar, al inicio de la tragedia, el ingreso de los servicios públicos a las zonas más afectadas por el incendio fue tomada autónomamente por el mando militar, el oficial aseguró que “fue acordado con los organismos correspondientes. Estamos trabajando coordinadamente con todas las autoridades de gobierno para poder superar esta emergencia” (Lea aquí su respuesta completa).

El concejal Pablo González, de Viña del Mar, planteó una crítica directa al Jedena: “El contraalmirante cometió una serie de errores una vez controlados los principales focos de incendio en nuestra ciudad. No solamente con un toque de queda que no se ajustó a la realidad de nuestra comuna en ese momento, sino que también impidió que los principales servicios públicos -en realidad el municipio y la delegación presidencial, que son los que prestan la ayuda más urgente- pudieran subir”.

Según el concejal, el Jedena no desplegó “la fuerza operativa de la Armada para resguardar los distintos sectores”. A su juicio, eso habría generado que “las familias afectadas y los voluntarios sí tuvieron una libertad de desplazarse por los distintos lugares, provocando un evidente colapso vial. Eso yo creo que generó esta demora que nos tiene recién levantando las fichas básicas de emergencia”. 

Para la autoridad comunal, “esas son parte de las malas decisiones que se han tomado, desde el levantamiento de los cuerpos, desde impedir la normal operatividad de los servicios para poder limpiar las vías de acceso, para retirar los escombros, para hacer llegar la ayuda social. Eso marca la diferencia con el incendio que fue a finales del año 2022 en Forestal, donde sí hubo una rápida capacidad operativa. (Ha habido) una burocracia excesiva, considerando las necesidades urgentes que se están generando en algunos sectores”.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, le dijo a CIPER que la prioridad en las primeras horas fue el levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas. El temor de la autoridad era que con maquinaria pesada operando en sectores donde podía haber víctimas fatales, se dañaran los cuerpos y eso dificultara su identificación. 

– Desde el martes en la mañana no tenemos más hallazgos de personas fallecidas. Los equipos que se desplegaron, en total, del Servicio Médico Legal alrededor de 90 funcionarios -se duplicó la cantidad de funcionarios regionales con apoyo de otras regiones-, con siete equipos para el levantamiento de fallecidos; la PDI desplegó 23 equipos, más de 100 funcionarios, solo para esta tarea; lo mismo Carabineros, con cinco equipos de la Labocar; y la Fiscalía Regional sumó refuerzos con funcionarios de distintas zonas. Lo que definimos en el Cogrid, fue que el proceso de remoción de escombros tenía que generarse en las zonas en las que ya teníamos claro que no íbamos a encontrar más personas fallecidas. El resto de los trabajos se podían ir desarrollando. La única restricción que teníamos era que la remoción de escombros se hiciera en los sectores que ya habíamos revisado. El primer objetivo era encontrar a las personas que estaban desaparecidas. Fuimos liberando de a poco distintas zonas. El martes ya estaba todo el territorio revisado, señaló el subsecretario.

La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, precisó que sí hubo funcionarios públicos prestando ayuda en las zonas afectadas, aunque reconoce un retraso en el ingreso de la maquinaria para recoger escombros:

– Desde el primer día hay presencia de funcionarios públicos en las zonas afectadas llevando a cabo diversas tareas. Pero, hay ciertos procedimientos que requieren esperar autorizaciones y seguir ciertos protocolos para asegurar que se realicen de forma correcta. Uno de ellos es la remoción de escombros, pero también la aplicación de la ficha FIBE, que para iniciar requiere una autorización del Ministerio de Desarrollo Social, en relación a las condiciones del desarrollo de la emergencia, y que, además, debe aplicarse por parte de personal capacitado-, indicó la alcaldesa.

Melipillán agregó que el martes 6 de febrero recibieron la autorización para comenzar con el retiro de los escombros: “Como mencioné anteriormente, lo que debió esperar por la autorización del Ministerio de Justicia fue la remoción de escombros (debido a la presencia de personas fallecidas), y en cuanto recibimos esta autorización a través de la Delegación Presidencial Provincial para los primeros sectores de la comuna el día 6 de febrero, se desplegaron las cuadrillas a trabajar” (Lea aquí su respuesta completa).

Desde la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso, señalaron que la prioridad estuvo en controlar las llamas, y luego atender a las víctimas: “Luego de esto, se tomaron todos los resguardos junto a Bomberos y Conaf, quienes estuvieron por más de tres días en combate del incendio. De manera paralela, en los puntos que ya no revestían riesgo, comenzamos con la entrega de las primeras ayudas en el territorio, realizando las labores de levantamiento de los primeros cuerpos de las zonas afectadas, tal como fue acordado por los diversos organismos que participan del Cogrid”.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich -quien comanda la investigación por la eventual intencionalidad de los incendios-, aseguró a CIPER que nunca se impidió el paso de funcionarios públicos a las zonas afectadas, sino que sólo se restringió el acceso a aquellos lugares donde estaban buscando personas desaparecidas: “La Fiscalía no ha dispuesto el cierre del sitio del suceso, solo se han cercado por la policía los sectores específicos en que se ha trabajado en el hallazgo de fallecidos. Hay libre circulación en toda la zona, sin perjuicio de las restricciones específicas de Carabineros en el marco del control del tránsito” (Vea aquí la respuesta completa).

La fiscalía ha trabajado en una mesa de coordinación junto a las policías, el Servicio Médico Legal y las autoridades de gobierno para “peinar” los sectores donde existían sospechas de que bajo los escombros hubiera personas fallecidas. En todo caso no es lo mismo que plantean autoridades regionales y del gobierno nacional, quienes aseguran que esas pericias iniciales sí dificultaron el acceso de otros servicios públicos.

A UNA SEMANA, COMIENZA LA AYUDA ECONÓMICA

A una semana de que se desatara el incendio, el Estado ya está desplegado. Este viernes 9 de febrero comenzarán los pagos de tres de las ayudas que determinó el gobierno para los damnificados: bono de recuperación, bono de acogida y bolsillo electrónico de emergencia.

Según los datos recogidos a través de las fichas FIBE hasta el miércoles 7 de febrero, este viernes se destinarán $2.800 millones por el bono de recuperación a 1.930 hogares de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Esos hogares son a los que se alcanzó a aplicar las fichas FIBE hasta las 23:00 del 7 de febrero. Hasta ahora, 5.417 personas catastradas, según una minuta difundida por el gobierno a las autoridades regionales.

Según la información recogida por el gobierno, el 54% de los hogares catastrados hasta ahora, cuentan con mujeres como jefas de hogar. Del total de fichas, 956 se levantaron en Viña del Mar, otras 921 en Quilpué y 92 en Villa Alemana. 

Un total de 398 funcionarios públicos han participado en el levantamiento del catastro a través de las fichas FIBE. Son funcionarios municipales, de la Subsecretaría de Servicios Sociales y de otros municipios no afectados por los incendios. También han colaborado funcionarios de la División de Organizaciones Sociales.

Según la información recogida por CIPER, recién el martes 6 de agosto comenzó el despliegue masivo de funcionarios para desarrollar el catastro. El domingo 4 se aplicaron solo dos encuestas; el lunes la cifra llegó a 175; el martes a 599 y el miércoles pasado se terminaron 1.193 fichas FIBE. Los hogares que alcanzaron a ser encuestados, serán los que reciban las ayudas económicas este viernes. 

Las entregas serán progresivas a medida que avance el catastro.

La información preliminar levantada en los primeros días del catastro, es decidora: el 92% de los hogares encuestados tiene su vivienda “muy afectada” o “destruida”. La siguiente tabla recoge parte de esos datos, y se muestra la cantidad de viviendas afectadas, y también lo que declararon los vecinos encuestados respecto de sus enseres. Por ejemplo, se detectó que 1.700 casas resultaron destruidas y los enseres muy afectados.

Los datos recogidos por los funcionarios también incluyen cifras sobre la característica de las viviendas afectadas por los incendios. El 23% se trata de hogares que forman parte de tomas irregulares, lo que podría dificultar la entrega de ayuda estatal. Otro 17% se trata de personas que tenían su hogar en terrenos cedidos, o bien que estaban en condición de allegados.