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SOCIO DEL BUFETE QUE ASESORA A LA EMPRESA ES COMPADRE DEL MINISTRO ELIZALDE Y CÓNYUGE DE LA FUNCIONARIA QUE ANALIZÓ LOS CONTRATOS
25.05.2024
Hace una semana, la ministra Tohá decidió que la jefa jurídica de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) dejara su cargo. Hasta ese momento nadie le había informado que era esposa del socio de un bufete que asesora a Ingesmart S.A., una empresa que tiene contratos con la SPD que involucran cerca de $18 mil millones para instalar una red de televigilancia en 66 comunas. Aunque la funcionaria se había inhabilitado de participar en gestiones relacionadas con la empresa, a la ministra no le pareció suficiente. El marido de la exjefa jurídica es compadre del ministro Elizalde y fue subsecretario subrogante de Telecomunicaciones. Aunque los técnicos de la SPD pidieron terminar con el contrato, por fallas en la red de cámaras, el gobierno optó por mantenerlo, arguyendo que la justicia lo impide porque la empresa se acogió a un proceso de reorganización. El veedor de ese proceso integró el directorio de Chile 21 junto al subsecretario de la SPD, Eduardo Vergara.
El pasado viernes 17 de mayo, la entonces jefa jurídica de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), Priscila Márquez, fue desvinculada de ese cargo luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se enterara de que su cónyuge, el abogado Guillermo de la Jara, es socio del estudio jurídico que asesora a Ingesmart S.A. Esa empresa mantiene siete contratos con la mencionada subsecretaría -que involucran un desembolso de $18 mil millones-, luego de adjudicarse en el gobierno de Sebastián Piñera (2020) la licitación de cámaras de seguridad repartidas en mil puntos de 66 comunas del país. Ingesmart no solo debía instalarlas, sino también prestar el servicio de monitoreo, visualización y analítica de las imágenes. Se trata de una licitación considerada estratégica para enfrentar la crisis de seguridad pública que vive el país.
El problema es que la compañía no ha cumplido con los servicios, al punto de que, el 15 de febrero pasado, la División de Gestión Territorial de la SPD pidió que se cancelara el contrato, lo que generaría el cobro de millonarias garantías a Ingesmart. Una solicitud que el 1 de febrero fue reiterada por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y que quedó plasmada en el Memorandum N° 5 de la entidad que él dirige. Pero, la abogada Priscila Márquez no lo hizo.
Hasta entonces, la subsecretaría había iniciado procedimientos para cobrar multas y garantías a Ingesmart. Pero, la empresa se había acogido, en agosto del año pasado, a un proceso de reorganización ante el 7° Juzgado Civil de Santiago. Esta fórmula, destinada a evitar una eventual quiebra, le otorgó un plazo de protección en el que no se le pueden hacer cobros mientras reordena el pago de sus obligaciones.
El 11 de enero de este año, apenas dos días antes de que la División de Gestión Territorial pidiera poner fin a los servicios de Ingesmart, la jefatura jurídica fue asumida por Priscila Márquez. La abogada cambió el criterio que se había seguido hasta ese momento y desistió de cobrar las multas y garantías, bajo el argumento de que la empresa estaba bajo la protección que le brindaba el proceso de reorganización. Según información entregada por la SPD a CIPER, las multas que ha cursado la subsecretaría a Ingesmart suman casi $4 mil millones. Desde la empresa, sin embargo, señalan a CIPER que esta cifra es de $3,2 mil millones, de los cuales $1,7 mil millones están ejecutadas y $1,5 mil millones con recursos pendientes.
Priscila Márquez, exjefa jurídica de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) (Fuente: Web Subsecretaría de Prevención del Delito)
El 4 de marzo, Priscila Márquez se inhabilitó formalmente ante el subsecretario Vergara para no intervenir en gestiones relacionadas con Ingesmart. Según explicó, recién el 27 de febrero, casi un mes y medio después de haber llegado a su puesto, se había enterado de que el bufete en el que es socio su marido, Guillermo de la Jara, asesoraba a la empresa cuestionada por el incumplimiento de los contratos.
Pero, en las siete semanas que mediaron entre su arribo al cargo y su inhabilitación, la abogada impuso el cambio de criterio, estableciendo que no se debía poner término al contrato, debido a la protección legal que el proceso de reorganización brindaba a Ingesmart. Incluso, el 22 de febrero, poco antes de la fecha en que ella señaló que se había enterado de la asesoría que el bufete de su esposo prestaba a Ingesmart, ofició a la Contraloría para comunicarle que la empresa gozaba de protección. La Contraloría ya había emitido un preinforme de auditoría sobre la ejecución de estos contratos, en el que se detallaban los incumplimientos de Ingesmart.
El esposo de Priscila Márquez, Guillermo de la Jara, es socio del bufete Lembeye Abogados, el que, según los registros de Infolobby, sostiene reuniones con funcionarios de la SPD en representación de Ingesmart. Ligado a la Democracia Cristiana, el abogado fue subsecretario subrogante de Telecomunicaciones, organismo que integró en gobiernos de la Concertación (1996-2010). Además, es amigo del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y de su esposa, Patricia Roa. De hecho, la hija mayor de los Elizalde Roa es ahijada de De la Jara.
En la Segpres confirmaron a CIPER el vínculo de amistad entre el ministro Elizalde y la pareja formada por Guillermo de la Jara y Priscila Márquez, pero descartan que el secretario de Estado o alguien de su círculo íntimo haya influido para la llegada de la abogada a la SPD.
De la Jara no es el único protagonista de esta trama relacionado con autoridades del actual gobierno. El veedor del proceso de reorganización es Nicolás Mena Letelier. Su rol es propiciar los acuerdos entre Ingesmart y sus acreedores, a objeto de que se cumplan las facilidades que otorga la ley para que pueda reordenar sus obligaciones y asegurar su continuidad sin declararse en quiebra. Mena también fue subsecretario, pero de Justicia, en el segundo gobierno de Bachelet. El abogado compartió con el actual subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en el directorio de la Fundación Chile 21, que reúne a figuras del progresismo concertacionista. Mena y Vergara también fueron coautores de documentos con figuras como José Roa, ex director del Sernac, cuñado del ministro Elizalde y funcionario del Ministerio del Interior.
Guillermo de la Jara y el ministro Álvaro Elizalde
El 5 de abril pasado, el funcionario que se encargó de las gestiones relacionadas con Ingesmart tras la inhabilitación de Priscila Márquez, Juan Ignacio Alarcón, evacuó un informe al subsecretario Vergara señalando “la imposibilidad de dar término anticipado a los contratos” porque se encontraban bajo protección financiera. Alarcón había llegado en marzo a trabajar como jefe del departamento jurídico de la subsecretaría y de esta forma, ante la solicitud del subsecretario de poner fin al contrato, se alineó con el criterio de Priscila Márquez. La abogada señala a CIPER que ella conocía Alarcón desde que ambos coincidieron como abogados en distintos departamentos en el Consejo para la Transparencia. Agrega que formó parte de la comisión que entrevistó a Alarcón para su selección en el cargo, pero no fue ella quien tomó la decisión final de contratarlo.
La modificación que expresó Priscila Márquez en la SPD, respecto de no terminar anticipadamente con los contratos de Ingesmart, coincidió con lo que el veedor Mena buscaba conseguir desde octubre del año anterior, según se explica en la propuesta de acuerdo que presentó al tribunal.
El 31 de octubre de 2023, Mena señaló ante el tribunal que uno de los principales objetivos de la reorganización era mantener el contrato con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto significaba que la SPD no solo no debía cobrar las eventuales multas, sino que tampoco debía de dejar de pagar por un servicio que Ingesmart le proporcionaba de manera deficiente. Si la SPD no le pagaba, la empresa no tendría fondos para cubrir sus deudas.
“Los dos grandes objetivos de esta reorganización son”, dijo Mena en su primer informe para un futuro acuerdo:
“A) Dar continuidad operacional a la empresa y que logre ejecutar exitosamente sus contratos de implementación con la Subsecretaria de Prevención del Delito (SPD). De esta forma retomar contratos vigentes y ampliar su base a clientes actuales. B) Asegurar que se genera un flujo de caja que permite el pago oportuno de sus acreencias a los diferentes acreedores, donde se destacan American Towers (ATC), acreedores financieros y proveedores”.
En ese informe, Mena reconoce los problemas en la calidad de los servicios que estaba prestando Ingesmart a Prevención de Delito, señalando lo siguiente:
“Cabe recordar que los fondos se encuentran pendientes de pago por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito (en adelante SPD), debido a la no implementación conforme del 100% de las comunas de Santiago (otras regiones ya se encuentran correctamente implementadas). Es importante recalcar que la gran ventaja de esta Reorganización es que existen en total 66 contratos con comunas en todo Chile. De esta forma, es relativamente lógico poder proyectar los futuros ingresos de corto y mediano plazo (24 meses) para la compañía, en el caso que el Estado genere los pagos comprometidos en dichos contratos”.
El 25 de abril de 2024, una vez tomada la decisión de no cortar los contratos, en la audiencia de acuerdo con los acreedores ocurrida ese día, el mismo veedor Mena ratifica la continuidad del contrato con SPD y señala que se encuentra en conversaciones con la subsecretaría para cumplirlo.
Según quedó plasmado en los acuerdos de esa jornada, Mena manifestó que se “requería de una serie de condiciones, que la empresa ha plasmado en su texto, para que, por de pronto, la empresa pueda continuar desarrollando su negocio, con el principal cliente que tiene, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta empresa presta un servicio de instalación de cámaras de seguridad en 66 comunas de Chile, dividido en 4 zonas, encontrándose prácticamente presente en todo el territorio nacional. Continúa señalando que este proyecto partió hace unos 6 años atrás, y ha ido paulatinamente avanzando, quedando tan solo por instalar y finalizar cámaras dentro de la Región Metropolitana, las cuales están en algunas comunidades que todavía faltan por concluir, en donde la compañía pretende terminar de instalarlas, desde esta fecha hasta a agosto del presente año, para lo cual se ha estado en coordinación con la Subsecretaría Prevención del Delito para efectos de poder seguir instalando de forma paulatina y realizar todos los pagos de la manera más fluida posible”.
Según información que tuvo a la vista CIPER, entre enero y mayo de 2024, desde que cambió el criterio en la subsecretaría, esa repartición ha pagado $1.270 millones a Ingesmart, cumpliéndose el propósito del veedor.
CIPER tomó contacto con Priscila Márquez y Guillermo de la Jara. Este último señala que, en cuanto se apreció un conflicto le sugirió a ella que se inhabilitara, y descarta haber hablado con su cónyuge acerca del término anticipado del contrato con Ingesmart ni de alguna otra materia de la causa o del contrato con la subsecretaría ni antes ni después de la inhabilidad.
Priscila Márquez relata que, efectivamente, le solicitaron terminar el contrato. De hecho, el Memo que recibió de parte del subsecretario Vergara el 1 de febrero, señala en su último renglón: “En conclusión, en virtud de los antecedentes proporcionados, agradeceré gestionar el término anticipado de los contratos en comento con la mayor celeridad posible”. Pero, explica que su criterio fue no hacerlo y que así lo hizo ver antes de inhabilitarse.
Asimismo, dice que sistematizó, analizó y recopiló toda la información sobre los contratos, en la etapa en que el bufete de su marido todavía no era contratado por Ingesmart. Y que, después de eso, hizo lo que, a su juicio, ordena la ley: “Que no se puede terminar con ese contrato. Esto no es un cambio de criterio. El subsecretario me pide evaluar el término del contrato y lo que yo le informo es que legalmente no puede ponerle término. Yo lo que veo es norma expresa y, ante norma expresa, mi opinión legal es que no se puede porque el procedimiento (de reorganización) concursal te lo prohíbe”.
La abogada agrega que, según su parecer, tampoco se debieron cobrar las multas y garantías en etapa de protección financiera, apuntando a un eventual error de la jefatura jurídica anterior. Con el estudio que hizo, asegura, detectó que ya “se habían ejecutado las garantías, cuya prohibición expresa también está dentro de la protección financiera. Antes de mi llegada a la subsecretaría, se cometieron acciones abiertamente ilegales. El cobro de esas boletas de garantía, fue un cobro ilegal. No puedo saber por qué un colega anterior a mí, dio consejos de un actuar ilegal para la subsecretaría. Pero, en lo concreto y en los hechos, era un actuar ilegal”.
– ¿A quién se refiere?
– La anterior jefatura era la señora Daniela Cañas.
CIPER contactó a la abogada Cañas, quien explicó: “Es incorrecto señalar que cursar multas y ejecutar las garantías, con ocasión de incumplimientos reiterados de la empresa, nos hiciera incurrir en una ilegalidad. Estas medidas se tomaron, amparadas en el contrato, mientras la subsecretaría no era parte en el juicio y previo a tener conocimiento de las resoluciones que el tribunal dictó al efecto. Confirma lo que indico, el hecho de que no existe reproche del tribunal frente a estos cobros, pese a haberlos informado. No es prudente acusar de ilegalidad la protección del patrimonio fiscal, frente a un contratista que no cumple sus obligaciones con el Estado”.
La empresa, en voz de su representante legal, José Antonio Dinamarca, refrenda la postura jurídica de la exfuncionaria Márquez, al señalar lo siguiente: “Las multas aplicadas son un procedimiento ilegal practicado por el área jurídica de la SPD, a pesar de las advertencias por escrito del entonces veedor y actual interventor, la resolución del tribunal que solicita a la SPD abstenerse de estos cobros durante el período de protección concursal -como indica la ley- y un informe en derecho en el mismo tono entregado por el ex contralor general de la república, señor Ramiro Mendoza”.
A su vez, el subsecretario Vergara indica que intentó poner término al contrato, pero que, a partir de las sugerencias del departamento jurídico, ya liderado por Márquez, no se hizo: “Determinamos poner fin al contrato. Y, cuando determiné y solicité poner fin al contrato, se me informa que, dado el proceso de protección financiero y la decisión de un juez, yo no podía poner fin”.
Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito (Fuente: Web Subsecretaría de Prevención del Delito)
Según información recopilada por CIPER, también influyó en el cambio de criterio el hecho de que terminar con Ingesmart implicaba dejar a las municipalidades sin las cámaras ya implementadas, lo que impactaría no solo en la crisis de seguridad que se vive en el país, sino que sucedería en medio de un año electoral.
Desde el Ministerio de Interior, en tanto, señalaron que fue la ministra Tohá quien, finalmente, tras solicitar información sobre el caso, acordó con Vergara la desvinculación de Priscila Márquez. Y que eso ocurrió recién este 17 de mayo porque antes no fue informada de la situación. “La ministra Tohá supo de este caso la semana pasada. Se comunicó con el subsecretario Vergara para tener más antecedentes. En esa conversación se acordó que lo más prudente era solicitar la renuncia a la directora jurídica y así se procedió”, informaron en el ministerio.
Consultado Vergara sobre por qué no se informó antes a la ministra, respondió: “Manejo cientos de contratos, cientos de convenios. Solamente en términos municipales manejo cientos de convenios y la verdad que en muchos de ellos hay asuntos administrativos, hay conflictos, y lo procedente es que al momento en que a mí se me notifica y sé por primera vez de este eventual conflicto de interés, yo tomo inmediatamente una decisión de apartar a esa persona y de inhabilitarla”.
Este sistema de televigilancia no tenía por objetivo solo grabar eventuales ilícitos, sino identificar patrones de conductas delictivas para organizar mejor la respuesta policial y reconocer la identidad de personas. Se trataba de instalar un servicio de “alto estándar tecnológico” que, según las bases de la licitación, “incorpore algoritmos de última generación con el objetivo de facilitar el reconocimiento de patrones para la detección de diversas situaciones a través de las imágenes”. Y más adelante precisa que la idea de incorporar esta tecnología en 66 comunas del país, es posibilitar el conteo de personas y el reconocimiento facial de estas.
Entre 2021 y 2023, la SPD señala que cursó multas a Ingesmart por un total de $3.978 millones. Según documentos relacionados con esas multas, las deficiencias apuntan a interrupciones del funcionamiento de las cámaras de seguridad, incumplimiento de los tiempos de respuesta para el mantenimiento y en el servicio tecnológico definido en las bases. El retraso en la instalación de las cámaras fue un punto importante para determinar que el servicio era deficiente.
CIPER tuvo a la vista algunas de las observaciones que hizo la Contraloría, en un preinforme de 2023, respecto de la ejecución de los contratos con Ingesmart. Si bien ese informe apunta a cómo la SPD supervisó la ejecución de los servicios, sus observaciones dejan ver las falencias. Por ejemplo, señala que en La Pintana se reportaron demoras de entre 15 a 183 días para solucionar fallas de funcionamiento. La alcaldesa de esa comuna, Claudia Pizarro, explicó a CIPER que “este fue un proyecto emblemático de la exsubsecretaria Katherine Martorell (RN) y La Pintana fue una de las comunas de la Región Metropolitana que obtuvo más cámaras: 17. Pero, tengo que decir que hace un mes y medio sólo funcionaban 7 y que recién ahora funcionan todas”. También dice que se instalaron pórticos de lectura de patentes para reconocer autos robados que ingresan a la comuna, pero no tienen idea qué información arrojan o si están funcionando: “Son sólo parte del paisaje por ahora”.
En el mismo documento se constató que para octubre de 2023, 51 cámaras que fueron visitadas en varias comunas no tenían conexión y que las 15 cámaras de San Miguel tenían visualización intermitente. Y agregó: “Se constató que 70 cámaras del tipo reconocimiento facial transmitían imágenes en vivo hacia el centro de monitoreo, no obstante, ninguna de ellas posibilita hacer uso de funcionalidades propias de este tipo de cámaras. Es decir, la detección y captura de rostros, análisis y clasificación de personas o conteo de estas, todas funcionalidades (patrones de analíticas) comprometidas por el proveedor”.
La Contraloría resalta que, por ejemplo, en una de las zonas, hubo retrasos de hasta más de un año en la implementación del sistema: “En seis zonas la instalación y puesta en marcha total del sistema se sobrepasó el plazo de 30 días corridos estipulado en la norma, incluso llegando hasta 445 días de retraso en la entrega de esta etapa”.
En ese mismo informe, la Contraloría hace hincapié en que hay demoras por parte de la subsecretaría en la aplicación de multas a Ingesmart, en virtud de estas y otras falencias: “Se evidencia en algunos casos una excesiva extensión en los tiempos utilizados para la revisión de la distintas etapas y procesos relacionados con la aplicación de las multas, contraviniendo con ello lo establecido en la cláusula décima sexta (…) que aprueban los contratos suscritos por la SPD con el proveedor Ingesmart”.
CIPER tomó contacto con José Antonio Dinamarca, representante legal de Ingesmart, con Jorge Lemeye (del bufete del mismo nombre que asesora a la empresa) y con el veedor de la reorganización, Nicolás Mena. Este último señaló que, desde que él asumió esa función, la empresa ha intentado cumplir con los contratos: “Ha procurado cumplir con los contratos vigentes mediante las zonas que faltan por implementar, que a la fecha en que yo asumí eran solo siete comunas de la zona 4. O sea, ha ido avanzando paulatinamente en la entrega de esas comunas y también de poder tener un acuerdo de organización aprobado, que permitiese también el pago a los acreedores y el cumplimiento de los contratos con la subsecretaría”.
Tanto Mena como Dinamarca, señalaron a CIPER que nunca se les hizo ver por parte de la subsecretaría que lo que se buscó a principio de 2024 era poner término anticipado al contrato.
Dinamarca además agrega que no sabían nada acerca del conflicto de interés evidenciado en la SPD sobre y que su relación es con Jorge Lembeye: “Nosotros no hemos tenido conocimiento de los documentos internos que manifiestan la intención de poner término al contrato, sino que, al contrario, nos sorprende lo indicado por cuanto en todas las reuniones sostenidas por representantes de Ingesmart con la SPD, tanto en el gobierno anterior y como en el actual, incluyendo las últimas reuniones de estos meses, nos han manifestado la necesidad de sacar adelante este proyecto, cosa que estamos haciendo a pesar de los severos reparos que les hemos representado por su actuar como mandantes. No conocemos a la señora Priscila Márquez, tampoco a su cónyuge y por lo tanto, no sabemos nada acerca del conflicto de interés que menciona en su pregunta. Al abogado Jorge Lembeye lo hemos consultado profesionalmente por su conocimiento y experiencia en materias de reorganización y esperamos seguir haciéndolo”, dice.
También le extraña a Dinamarca que en SPD se tenga una opinión negativa sobre la eficiencia de los servicio: “Me parece extraño que como usted indica, a juicio de este organismo (SPD) el servicio sea deficiente por el hecho de haber emitido multas, cuando el Estado por ley está facultado para aplicarlas y que por lo demás nosotros hemos insistido, como lo indicaré más adelante, en la mala aplicación de estas multas, cuestionadas jurídicamente y en su completa ilegalidad”, dijo. Y señala que 59 comunas de las 66 mencionadas ya están instaladas y las 7 restantes tienen fecha de entrega próximamente.
Al ser consultado el subsecretario Vergara sobre su opinión sobre el servicio de Ingesmart, este señala: “Las multas que nosotros cursamos, 22 multas que ascienden a cerca de los $4 mil millones hablan por sí solas respecto a la ejecución de una decisión que nosotros hemos tenido. Y es que, frente al cumplimiento del contrato se hagan los pagos y frente al incumplimiento del contrato se cursen las multas. Eso es evidencia concreta y suficiente”.
Dinamarca además apunta a que parte de las falencias tienen relación con la SPD y no con ellos. “Esta licitación fue adjudicada en marzo de 2020, a inicios de la pandemia Covid-19. A partir de esa fecha comenzaron los inconvenientes y demoras con el inicio de la ejecución de este contrato, tal es así que la Contraloría General de la República, demoró aproximadamente 8 meses en la toma de razón del contrato, luego de analizar todos los antecedentes. Durante este período nosotros contábamos con el equipamiento adquirido, así como el equipo técnico desplegado en las distintas zonas geográficas del país. Una vez que logramos iniciar los trabajos de implementación, se presentaron un sinnúmero de inconvenientes que nos impidieron avanzar oportunamente en el desarrollo del proyecto, como, por ejemplo, ausencia de firmas de acuerdo de colaboración entre la SPD y los 66 municipios, demoras en la obtención de los permisos municipales necesarios para llevar a cabo los trabajos de instalación en terreno, cambios en la ubicación de puntos de cámaras, coordinaciones entre la SPD y municipios al tratarse de un proyecto centralizado, entre otros que, en gran parte, han sido presentados en nuestros descargos, reposiciones y, en general a las reclamaciones de las multas cursadas a nuestra empresa y en la presentación que hicimos a la CGR a principios de este año” (vea la declaración completa de Dinamarca).
Dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito (Anfusepu) y de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa), entidades que inicialmente encendieron las alarmas internas sobre este tema, explican que los problemas con los contratos fueron detectados rápidamente: “En el caso nuestro, lo que hicimos fue recopilar información que nos daba cuenta de que aquí había irregularidades”, dice Alfredo Contreras, de Anfusepu. Asimismo, Esteban Tumba de Fenaminsa, resalta que les preocupa la situación de los funcionarios de las unidades donde se han gestionado estas materias: “Muchas veces son los del último eslabón los que terminan pagando las consecuencias de este tipo de situaciones. Vamos a activar nuestros equipos jurídicos para estar vigilando”.
* Lea la carta que la abogada Priscila Márquez envió a CIPER después de publicado el reportaje.
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