Ex alcaldesa Carmen Romo entregó a la “Cuca” uno de los terrenos más caros de Quilicura a mitad del valor comercial

A los pies del cerro La Cruz, en Quilicura, se abre el Valle Lo Campino. Una explanada de buenas tierras agrícolas que desde fines de los años 90 se han reconvertido en condominios y villas destinadas a familias de clase media alta, enmarcadas por avenidas amplias y abundantes áreas verdes. Desde la cima del mismo cerro se percibe con nitidez el contraste entre Valle Lo Campino y el resto de la comuna de Quilicura. Ahí, en las alturas, la autopista Vespucio Norte pareciera no ser más que una estrecha huincha de asfalto que marca el límite entre este cuidado proyecto inmobiliario y un verdadero mar de poblaciones de pasajes estrechos y parques industriales que se estira por el norte hasta donde la vista se pierde. Valle Lo Campino es el “barrio alto” de una comuna de perfil popular.

En este sector, el más caro de Quilicura para la construcción de viviendas, la municipalidad tenía una pequeña joya inmobiliaria. En medio de las 3 mil casas que allí se han emplazado desde 1998, comercializadas hasta por 6 mil UF (sobre $137 millones), el municipio tenía un terreno de 22.749 metros cuadrados (casi 2,3 hectáreas), cuyo dominio conservó hasta agosto de 2004. Ese año, en una intrincada operación de permuta de terrenos, la Municipalidad de Quilicura se lo cedió a Gladys del Carmen González, afamada empresaria de parrilladas, discotecas y colegios, más conocida como “La Cuca”.

La investigación de CIPER acreditó que Gladys González pagó por el terreno apenas la mitad del valor comercial al que se transaban en 2004 en ese valioso sector. Todo indica que la operación lesionó el patrimonio municipal, en ese momento en manos de la alcaldesa  Carmen Romo (DC). La controversial transacción está salpicada, además, por otras irregularidades. La más grave de ellas, y que incluso podría acarrear la nulidad de la cesión, es que no se cumplió con el mandato del Concejo Municipal que aprobó la permuta.

En efecto, el concejo autorizó que el terreno de Valle Lo Campino fuese traspasado a la Sociedad Educacional Aceval, de la cual Gladys González forma parte, pero finalmente la permuta se hizo con la empresaria como persona natural. Ella reconoció a CIPER que el cambio -el que nunca fue autorizado por el Concejo Municipal- se hizo con el único objeto de ahorrar impuestos.

La permuta tiene otras aristas polémicas. Con los recursos aportados por Gladys González, el municipio obtuvo los fondos para adquirir una parte de los derechos sobre un terreno ubicado en el centro de Quilicura. En esa propiedad, en 2007, construyó una calle. La municipalidad nunca inscribió en el Conservador de Bienes Raíces sus derechos sobre ese terreno, por lo que la nueva vía pública quedó, de hecho, instalada en una propiedad privada (vea la imagen satelital del sector). En septiembre del año pasado, uno de los particulares que integra la sucesión hereditaria que ostenta el dominio sobre el inmueble, lo cercó y cerró el paso por la nueva calle. La acción provocó el caos vial y fue cubierta por la TV (vea la nota de Chilevisión). Hasta hoy, el municipio se enfrenta con la familia propietaria en una dura batalla judicial.

«LA CUCA» DE COMPRAS

Como corresponde por ley en un proyecto de desarrollo inmobiliario como el de Valle Lo Campino, en febrero de 2004 la sociedad que impulsaba este negocio le traspasó al municipio un “lote de cesión”. El terreno entregado por Inmobiliaria Lo Campino tiene una superficie de 22.749 metros cuadrados y está ubicado en la esquina de Valle Lo Campino Norte con Las Torres (vea la imagen satelital del terreno). A esa fecha ya se habían ejecutado dos etapas del proyecto inmobiliario y se encontraba en curso una tercera, por lo que en el sector ya se habían levantado unas 800 viviendas. El proyecto estaba en plena consolidación y la valorización de los terrenos iba en franco ascenso.

El inmueble cedido se destinó a “equipamiento municipal” y se convirtió en el más valioso que entonces poseía la municipalidad en una zona de desarrollo de viviendas. Poco después, apareció en escena Gladys González, quien cuenta que habitualmente busca en municipalidades y otros organismos públicos propiedades a buen precio.

-Yo andaba buscando un terreno para colegio y fui a varias municipalidades. En la de Quilicura me mandaron a hablar con el director jurídico –dijo a CIPER la empresaria.

El director jurídico era entonces el abogado Alejandro Smythe, quien dos años después, en 2006, dejó la municipalidad y su cargo de secretario ejecutivo del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca, entidad que agrupaba a los municipios que enviaban su basura al relleno sanitario Lomas Los Colorados de la empresa KDM. Smythe alcanzó notoriedad pública porque entre 2006 y 2009 se desempeñó como director de Conama Metropolitana y luego retomó su puesto como secretario ejecutivo de Cerros de Renca, cargo al que volvió justo para dirigir la polémica renovación automática del contrato que amarró a esa entidad por otros 16 años con KDM y que involucró unos US$240 millones (vea el reportaje que publicó CIPER en febrero de 2010). Hoy, Alejandro Smythe continúa a la cabeza de la dirección jurídica de Quilicura.
El 30 agosto de 2004, Gladys González cerró exitosamente sus tratativas con Smythe y celebró un contrato de permuta con la entonces alcaldesa Carmen Romo, quien ofició como representante legal de la Municipalidad de Quilicura. Ese contrato indica que el terreno de Lo Campino que adquirió la empresaria fue valorado por el municipio en $ 285.366.800. También consigna que, para equilibrar las ofertas, ella entregó a cambio una propiedad ubicada en Las Torres con Américo Vespucio, estimada en $ 185.366.800 y otros $ 100 millones en efectivo.

El mismo documento establece que la municipalidad recibió el terreno de calle Las Torres para destinarlo a la extensión de esa misma vía, de tal forma que pudiese empalmar con la autopista Vespucio Norte (vea la imagen satelital de la propiedad). Respecto de los $ 100 millones restantes, el contrato indica que la municipalidad los destinaría a la compra de un inmueble emplazado en la esquina de San Luis con San Martín, donde debía ampliar la calle San Luis y ejecutar otras obras de equipamiento municipal. Finalmente, queda explícito en el documento que el único destino que se puede dar al terreno de Lo Campino es instalar un colegio. El incumplimiento de esta cláusula originaría la disolución “ipso facto” de la permuta.

Gladys González pagó el equivalente a $ 285.366.800 por un terreno de 22.749 metros cuadrados. Según las tablas históricas del Banco Central, en agosto de 2004 la UF tenía un valor de $17.115,  de tal forma que en esta transacción el metro cuadrado fue valorado por el municipio en 0,73 UF.

De acuerdo con los archivos que CIPER revisó en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, terrenos aledaños a los que adquirió Gladys González en Lo Campino se vendieron en años anteriores, cuando el proyecto aún estaba en pañales y el sector no se valorizaba con la construcción de viviendas, a un precio de 1,5 UF por metro cuadrado. Así ocurrió, por ejemplo, en septiembre de 1997, cuando Inmobiliaria Valle Lo Campino adquirió en más de $ 20.353 millones el 80% de los derechos de un conjunto de lotes que sumaban 974.510 metros cuadrados. De acuerdo con esta transacción y según el valor de la UF de entonces ($13.768), el metro cuadrado costó 1,51 UF. En los registros del conservador, CIPER detectó seis compraventas en Lo Campino, realizadas entre 1997 y 1999, que fijaron el precio del metro cuadrado en torno a 1,5 UF.

En julio de 2001, tres años antes de la permuta, Inmobiliaria Lo Campino vendió un terreno similar al que obtuvo Gladys González, para que se instalara un colegio particular. El gerente de la inmobiliaria, Miguel Fernández, señaló a CIPER que lo vendieron a un precio inferior al de mercado por una razón estratégica: para contar con un establecimiento educacional de buen nivel en las primeras etapas del proyecto. Lo compró Inmobiliaria Tierra Fértil, que pagó $ 306.931.483 por 2,1 hectáreas. En esta transacción, al valor de la UF de julio de 2001, el metro cuadrado costó 0,9 UF.

Un año después, la Inmobiliaria Tierra Fértil vendió ese paño a la Sociedad Educacional Valle Lo Campino, la que finalmente instaló el Colegio Manquecura. Esta nueva venta se hizo a un precio que superó largamente los valores de mercado: $ 1.352 millones, equivalentes a 3,83 UF de la época. El exorbitante precio que Tierra Fértil le cobró a la Sociedad Educacional Lo Campino resulta, a lo menos, curioso, porque ambas son empresas relacionadas: pertenecen a la Sociedad Desarrollos Educacionales, que es controlada por la Cámara Chilena de la Construcción.

LAS RESPUESTAS DE LA MUNICIPALIDAD

CIPER solicitó entrevista con el alcalde de Quilicura Juan Carrasco y con su director jurídico, Alejandro Smythe, pero sólo este último respondió las consultas. Requerido sobre las razones por las cuales no le vendieron directamente el terreno de Lo Campino a Gladys González y se optó por una permuta, Smythe explicó que por ley los municipios no pueden vender a personas determinadas de forma directa, pues se requiere una subasta pública. Y en este caso, dijo, el predio sólo podía destinarse a la construcción de un colegio, por lo que no había interesados. Además, señaló que el terreno “tiene algunas dificultades estructurales. Todavía está igual, no han podido construir absolutamente nada en ese lugar”.

Gladys González compró el terreno en 2004 y en 2006 partió la “revolución de los pingüinos”. No ha construido, explica la empresaria, porque está esperando “que pase la mala racha de los colegios. Porque no se sabe qué va a pasar con los colegios particulares. Todos quieren que no haya educación privada, todos quieren educación pública (…). El año pasado tuve que hacer clases incluso aquí (en su local de parrilladas de Departamental), porque se tomaron un colegio. Entonces, cuando usted está pasando malos ratos se le corta el ánimo de hacer cosas. Le cortan la inspiración”.

Sobre los problemas estructurales de la propiedad, la empresaria dijo que efectivamente tuvo que invertir para nivelar el terreno, porque “era un hoyo”. Pero la inversión no fue tan alta, pues aprovechó que estaban construyendo la autopista Vespucio Norte en las cercanías y recibió camiones con material de relleno: “Por cada camión que me traían tenía que pagar $5.000. Y olvídese de la cantidad de camiones. Fueron más de cinco mil camiones. Si hubiese tenido que comprar el relleno, el cubo valía $3.000. Y los gallos me llevaban ocho cubos por $5.000. Y ahora está al mismo nivel de las casas”.

Según la versión de Smythe, cuando la empresaria consultó por el terreno de Lo Campino, le explicaron que no se lo podían vender, pero que sí podían permutarlo, con autorización de los concejales, por otros dos inmuebles que le interesaban a la municipalidad para desarrollar obras de tránsito que descongestionaran la comuna. El director jurídico dice que le planteó a Gladys González que ella comprara estas dos propiedades y que luego las permutara por el terreno de Lo Campino.

Consultado acerca de por qué la municipalidad no compró directamente los dos inmuebles que le interesaban en el centro de la comuna, Smythe dijo que intentaron adquirirlos, pero que la iniciativa fracasó porque los propietarios, al enterarse de que el comprador era el municipio, ponían valores fuera de mercado: “Nos querían cobrar hasta 9 UF por metro cuadrado”. La posibilidad de expropiar ambas propiedades fue desestimada, dijo Smythe, porque las obras viales que el municipio deseaba desarrollar en ellas no estaban indicadas ni en el plano regulador de la comuna ni el de la Región Metropolitana, por lo que los inmuebles no podían ser declarados “bienes de interés público”, requisito legal indispensable para la expropiación.

Por eso, dice el abogado, cuando Gladys González apareció en su oficina interesada en el predio municipal de Lo Campino le pareció la oportunidad propicia para adquirir, vía permuta, ambos inmuebles. La idea era sacar del escenario al municipio para que los vendedores no subieran el precio, y que ella comprara las dos propiedades al valor de mercado.

El relato de Gladys González no concuerda con el de Smythe. Ella dice que jamás negoció con los propietarios de los terrenos que le interesaban a la municipalidad y asegura que las tratativas las hizo Smythe. Al final, indica, sólo le dijeron cuánto debía pagar. De ser efectiva la versión de la empresaria, y al contrario de lo que plantea el director jurídico, los vendedores siempre supieron que el municipio estaba detrás de la transacción. Así lo cuenta Gladys González:

-Yo le dije (a Smythe) que había un terreno en Lo Campino que quería comprar. Él me dijo que no podía vender, porque era para equipamiento municipal. Entonces me preguntó “¿para qué lo necesita?” Y yo le dije que era para colegio. Y él me respondió “en ese caso podemos ver, déjeme pensarlo y yo le aviso”.

– ¿Fue el abogado del municipio, Alejandro Smythe, el que le ofreció la permuta?
-El que me habló de la permuta fue el abogado. Pero yo lo vi sólo esa vez que conversé con él, después me llamaba por teléfono para decirme que los papeles iban bien encaminados, hasta que se realizó la permuta.

-¿Usted llevó las conversaciones con el dueño del terreno de Las Torres con Vespucio?
-No, yo no hice nada sobre eso.  Y no tengo idea sobre esas conversaciones o sobre los dueños anteriores del terreno. Ellos (en la municipalidad) me dijeron que yo tenía que comprar tal terreno y yo puse la plata. Me dijeron que me vendían el terreno (de Lo Campino) siempre y cuando estuvieran los $186 millones para pagar el terreno (de Vespucio) donde iban a construir una calle. Y con los otros $100 millones iban a hacer no sé qué otra cosa.

-¿Smythe le decía “esto va a salir tanto, esto otro va a salir tanto y hay que hacerlo en tales fechas”?
-Exacto.

El director jurídico reconoce que realizó tratativas con la familia dueña del terreno de calle San Martín, porque el municipio mantenía con ellos una larga negociación complicada por diferencias entre los distintos miembros de la sucesión hereditaria. Pero rechaza tajantemente que él haya negociado con el propietario original del terreno de Las Torres con Vespucio. Aseguró a CIPER que la versión de Gladys González no es efectiva y que daña gratuitamente su imagen y trayectoria como funcionario público, pues lo hace figurar como virtual “operador inmobiliario” de la empresaria. Por lo mismo, pidió que se consultara al abogado de Gladys González, Ramón Ossa Infante, acerca de quién llevó las negociaciones para adquirir ese terreno en nombre de ella.

Ramón Ossa atendió la consulta de CIPER: “Lo que me tocó en esa oportunidad fue revisar la inscripción del contrato de permuta, con el fin de verificar que estaba todo bien. Yo no intervine en negociaciones ni en acuerdos. Lo que no podría asegurarle es si esas negociaciones las pudo haber encargado la señora Gladys a otro de sus abogados, porque tiene varios. Ahora, recuerdo perfectamente que ella permutó con la Municipalidad de Quilicura, pero no tengo ningún antecedente de cómo se hicieron o quiénes participaron de las negociaciones. Ignoro si Smtyhe participó o no, no tengo información sobre eso”.

LUZ VERDE EN EL CONCEJO

El  2 de junio de 2004 se llevó a cabo la sesión ordinaria Nº 66 del Concejo Municipal de Quilicura. Según el acta con el registro de esa reunión, en el punto 4.1 de la tabla el director jurídico Alejandro Smythe tomó la palabra: “Se ha recibido, recientemente, en el municipio, la proposición de la Sociedad Educacional Aseval (sic) Ltda, en cuanto a obtener, mediante permuta de bienes, un terreno de equipamiento municipal que está emplazado en Valle Lo Campino con el objeto de desarrollar ahí un proyecto de colegio (…). Ofrecen la permutación de este terreno por dos que están emplazados al interior de la comuna (…). Esto constituye una oportunidad bastante interesante para los requerimientos planteados por el Concejo a la señora Alcaldesa, en cuanto puede generar algunas mejoras en la conectividad vial de la comuna”.

Para obtener el voto favorable de los concejales, Smythe argumentó: “Se estima que existe una equivalencia que naturalmente debiera estar resguardada a través de tasaciones que deben hacerse en el procedimiento, pero señalan las personas (de) la sociedad educacional, sus representantes, que ellos cuentan con promesas de compraventa respecto de los dos terrenos que ofrecen permutar y esas promesas están sujetas a la condición de que el Concejo Municipal manifieste su voluntad en cuanto a proceder con este mecanismo (la permuta)”.

En esa sesión los concejales le dieron el visto bueno a iniciar las negociaciones. Dos meses después, el 11 de agosto de 2004, en la sesión ordinaria Nº 70 del Concejo Municipal, se aprobó la permuta con la sociedad educacional Aceval. En la ocasión, el abogado Smythe informó a los concejales que la sociedad no pudo comprar el terreno de calle San Martín con San Luis, debido a que una parte de la sucesión hereditaria propietaria del inmueble se opuso. Por eso, informó que la sociedad Aceval ofrecía en permuta el terreno de Vespucio con Las Torres, y una suma de $ 100 millones. Este último monto, señaló el director jurídico, se destinaría a la adquisición del 90% de los derechos del inmueble de San Martín con San Luis para avanzar en el proyecto vial que se pretendía concretar ahí.

Smythe entregó a los concejales “las tasaciones que fueron solicitadas al Departamento de Avalúos (de la municipalidad), donde queda establecido que el valor del predio del Valle Lo Campino es de alrededor de 16 mil UF. Si entendemos que el predio de Politex (el de Vespucio con La Torres) vale alrededor de 11 mil UF, más los $ 100 millones que equivalen a algo así como 5.500 UF, estaríamos en montos bastante aproximados y, a mi juicio, incluso quedaría un alcance líquido a favor del municipio”.

Los concejales aprobaron la permuta de manera unánime. Ninguno de ellos reparó en el valor de los terrenos aledaños ni menos en lo que habían pagado los dueños del Colegio Manquecura tres años antes, cifras ampliamente superiores al precio que estableció la tasación del municipio. Esa tasación fue hecha por el arquitecto Gonzalo Amaya, responsable del departamento de avalúos de la Dirección de Obras Municipales de Quilicura.

“NOS PODEMOS EQUIVOCAR”

CIPER solicitó a Smythe y a Amaya que entregaran los antecedentes que se consideraron en 2004 para fijar el precio del terreno de Lo Campino. Ambos informaron que la carpeta con los documentos sobre la permuta, incluida la tasación, “está extraviada”. No obstante, Amaya elaboró un informe basado en “una reconstitución de la tasación, porque no pudimos encontrar la carpeta que tenía el director de obras antiguo”.

El informe que Amaya preparó para CIPER señala, entre otros antecedentes que se tomaron en cuenta para la tasación, que el terreno era de destino agrícola, que no estaba urbanizado y que lo afectaba un factor de depreciación porque era “muy grande”. También reconoce que los sitios aledaños tenían un valor comercial que fluctuaba entre 1 UF y 1,5 UF.

Lo que resultó sorprendente es que en su informe el funcionario indica, erróneamente, que el valor que se consideró para realizar la permuta fue de 1,36 UF por metro cuadrado. Bastaba con revisar el acta del Concejo Municipal en que se aprobó la transacción para comprobar que eso es inexacto. En esa sesión quedó establecido que el valor asignado al terreno por el tasador municipal -el mismo Amaya- fue de 16 mil UF. Si la superficie de la propiedad es de 22.479, una operación matemática simple indica que cada metro cuadrado se valorizó en 0,7 UF.

“Tendría que rechequearlo para ver bien el tema. Puede que haya un error, somos humanos, nos podemos equivocar”, respondió Amaya a CIPER cuando se le hizo ver que su cálculo era equivocado.

En todo caso, al contrario de lo que informó Amaya, el gerente general de Inmobiliaria Lo Campino, Miguel Fernández, señaló que su empresa cedió el terreno al municipio ya urbanizado:

-Al municipio le informamos desde el día uno cuál iba a ser la cesión municipal. Y ese lote de cesión municipal se entrega una vez que esté la urbanización hecha. En la práctica, lo que se hizo fue avanzar en el proyecto hasta alcanzar esa urbanización y ahí se le entregó la cesión completa al municipio.

Por otra parte, es curioso que el tasador haya considerado el terreno de uso “agrícola”, lo que disminuye su valor, si la propiedad había sido cedida para “equipamiento municipal” y el objetivo explícito de la permuta era construir un colegio en medio de un proyecto inmobiliario que ya llevaba tres etapas entregadas.

En síntesis, el Concejo Municipal aprobó la permuta con una tasación inferior al valor de mercado, basada en criterios -uso agrícola y sin urbanizar- que no correspondían a la realidad. Pero más grave aún, es que el concejo autorizó a la alcaldesa Carmen Romo a celebrar la permuta con una sociedad comercial, pero finalmente ésta se hizo con una persona natural: Gladys González. CIPER consultó a directores jurídicos de otros municipios sobre los alcances de esta irregularidad y la respuesta es que se trata de un vicio de legalidad grave, pues vulnera el acuerdo del Concejo Municipal y puede acarrear la nulidad de la transacción. Smythe dijo que no recordaba bien si la permuta fue autorizada con la sociedad y materializada posteriormente con Gladys González. Al analizar los documentos que le exhibió CIPER, confirmó que podría tratarse de un vicio jurídico:

-Eso no lo recuerdo bien, pero si es así, a lo mejor esto va a servir para que intentemos echar para atrás la permuta. Como no se ha construido nada, está a la mano echarlo para atrás.

Gladys González reconoció a CIPER que la permuta se hizo finalmente a su nombre para pagar menos impuestos:

-Cuando compré el terreno para el colegio Shirayuri (en La Florida), lo compré a nombre de la sociedad Aceval, González y López, que hice con mi marido, que era Aceval, y un hermanastro mío que es López. Resulta que compras el terreno, construyes con plata propia, comienzas a generar plata, no tienes ningún gasto y tienes que comenzar a pagar impuestos como loco. Entonces, por eso, yo este terreno (de Lo Campino) lo compré a nombre de Gladys González, después construye la sociedad Aceval y me paga arriendo a mí, para disminuir gastos. En el colegio Saint Mary compramos el terreno a nombre de mi hija y le tienen que pagar arriendo a ella.

-¿Pero el abogado Smythe le informó a usted que el acuerdo del Concejo aprobó la permuta con la sociedad Aceval y no con usted?
-No, nunca me lo informó.

UNA CALLE EN EL PATIO

La permuta se concretó en agosto de 2004, cuando ya golpeaba a la puerta la campaña municipal de ese año, en la que finalmente la alcaldesa Carmen Romo consiguió su reelección. Funcionarios que participaron en procedimientos asociados a esta transacción comentan que el apuro por cerrar la operación se debía a la necesidad de mostrar avances en descongestión vial, una demanda creciente de los vecinos que explotaban los candidatos que enfrentaban a Romo.

De hecho, el terreno de Las Torres con Vespucio resultaba ideal para dar un golpe propagandístico a favor de Carmen Romo. El vivo interés del municipio por esa propiedad se debía a que ya existía en ella una vía privada para camiones, construida por el propietario original, que empalmaba con la autopista Vespucio Norte. Como lo confirmó Smythe a CIPER, apenas se concretó la permuta el municipio lo único que hizo fue “levantar los cercos” y convertir esa vía privada en una calle de tránsito público que, efectivamente, alivió la congestión de la comuna.

La permuta que automáticamente le daría a Quilicura una nueva salida a la autopista Vespucio Norte, requería que Gladys González comprara también el inmueble de San Martín con San Luis para incluirlo en la transacción, a objeto de equiparar el valor del terreno de Lo Campino. Pero la operación estuvo a punto de fracasar porque una parte de la sucesión hereditaria dueña de la propiedad de calle San Martín rechazó vender a la empresaria. Para salvar el escollo, Gladys González pondría $ 100 millones en efectivo, los que el municipio destinaría a la compra futura de la propiedad.

El contrato de permuta establece que “los $ 100 millones que (la municipalidad) recibe como alcance líquido los destinará a la adquisición de un terreno ubicado en la esquina de Avenida San Luis y Avenida San Martín (…) y que destinará para la ampliación de avenida San Luis y para equipamiento municipal”. Nada de esto se cumplió, lo que puede configurar otro vicio de legalidad de la permuta: el terreno no fue adquirido, pues sólo se compró un porcentaje de la propiedad; se pagaron $87 millones y no los $ 100 millones que figuran en el contrato, y no se amplió la Avenida San Luis, pues finalmente se construyó una nueva calle que cruza en diagonal el terreno.

El 31 de marzo de 2005, ocho de los herederos del terreno de San Martín 409 firmaron una escritura ante el notario Gabriel Ogalde en la que ceden sus derechos, correspondientes al 90% de la propiedad, a la municipalidad de Quilicura. A ese acto concurrió también el empresario Pedro Maira Benavides, quien tenía un antiguo litigio judicial con la familia dueña de la propiedad, pues exigía que le devolvieran el dinero que les había entregado en una fallida promesa de compraventa del mismo inmueble. Maira había conseguido que el 14º Juzgado Civil de Santiago dictara en 2003 una prohibición de vender el terreno. La familia le pagó $ 49 millones, con lo que supuestamente se daba por superado el conflicto y se podía realizar la cesión al municipio.

La municipalidad no pudo inscribir esos derechos en el Conservador de Bienes Raíces, debido a que la escritura de marzo de 2005 se firmó cuando aún estaba vigente la prohibición ordenada por el 14º Juzgado Civil. De hecho, la prohibición sigue en curso (vea el certificado de hipotecas y prohibiciones). De esta forma, hasta hoy el terreno figura en el Conservador a nombre de los dueños originales: las familias Valenzuela Robles y Valenzuela Espinoza. Estos últimos son los que se niegan a vender y reclaman que la municipalidad construyó en su propiedad una calle sin autorización (vea el certificado de avalúo fiscal vigente a nombre de los Valenzuela).

Recién en octubre del año pasado Alejandro Smythe pidió alzar la medida precautoria dictada en 2003, para que la municipalidad pueda inscribir los derechos que adquirió en marzo de 2005. El abogado de la sucesión Valenzuela Espinoza, Rodrigo Mohana, rechazó la solicitud de Smythe y pidió al tribunal dejar sin efecto ese contrato de 2005, debido a que “vulneró y transgredió” la medida precautoria decretada por la justicia. Otro de los abogados del bufete que representa a los Valenzuela Espinoza, Bernardo Blanco, asegura que sus clientes no darán pie atrás hasta que la municipalidad les compre sus derechos “en el valor de mercado que hoy tiene la propiedad” o sean indemnizados por el perjuicio que han sufrido.

Alejandro Valenzuela Espinoza, uno de los herederos que reclama contra el municipio, exhibe documentos que acreditan que, aún cuando la municipalidad construyó la calle en 2007, la familia todavía está obligada a pagar a la Tesorería General de la República las contribuciones por el terreno. Es más, en abril de 2011 la misma Municipalidad de Quilicura les envió un aviso de cobranza judicial por las contribuciones impagas (vea la carta). Lo firmó el Departamento de Avalúo del municipio, el mismo que hizo la tasación de la propiedad para incluirla en la controversial permuta de 2004.