CAVAL: La trama de los pagos ilícitos que inculpa a los diez acusados

Para el próximo 29 de enero, está fijada la audiencia de formalización en la que el fiscal jefe de Rancagua, Luis Toledo, notificará a los primeros imputados por el millonario negocio de especulación inmobiliaria en Machalí, que tiene como protagonista a la empresa CAVAL, propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon y del relacionador público Mauricio Valero.

Mauricio Valero y Natalia Compagnon

Uno de los primeros formalizados será el propio Valero, a quien se le notificará del delito de soborno. La imputación que recae en el socio de Natalia Compagnon pone en la mesa antecedentes hasta ahora desconocidos sobre su participación en el principal delito que se habría cometido en el municipio de la Sexta Región.

De acuerdo a la información recogida por CIPER, la Fiscalía habría acreditado la existencia de dos pagos girados por Valero desde la cuenta de CAVAL en 2013  y 2014 por un total de $20 millones al operador político UDI y gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda. Díaztrabajó junto al síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín en el cambio de uso de suelo de los terrenos y buscando compradores para estos, encargos que le significaron el pago de $415 millones.

Una de las tesis que maneja el Ministerio Público, es que los destinatarios finales de esos $20 millones que recibió Díaz de Valero habrían sido funcionarios del municipio de Machalí encargados de agilizar el cambio de uso de suelo de los terrenos que adquirió CAVAL, operación que multiplicaba las ganancias del negocio.

La formalización de Valero por soborno resulta llamativa. Hasta hoy solo se conocía que en la arista de las irregularidades cometidas en el municipio de Machalí, el socio de Compagnon en CAVAL era investigado por tráfico de influencias y por el uso de información reservada, la que fue entregada por un funcionario municipal (ver reportaje de CIPER).

Los cargos por los que el fiscal Toledo llevará a tribunales a los 10 imputados –entre ellos CAVAL como persona jurídica-  son: soborno, cohecho, prevaricación y ventajas indebidas, en calidades de autores, cómplices y encubridores.

Junto a Mauricio Valero, también será formalizado por soborno Juan Díaz, quien habría repartido los dineros ilícitos en la Municipalidad de Machalí. La fiscalía investiga como receptores de esas platas negras al ex director de Obras del municipio y brazo derecho del alcalde José Miguel Urrutia (UDI), Jorge Silva Menares, y a la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, también funcionaria a honorarios del municipio y sobrina de Patricio Wiesner del Solar, dueño original de los terrenos de Machalí. Ambos serán formalizados el próximo 29 de enero por cohecho. A ellos se suma Marisol Navarrete, esposa de Silva, como cómplice.

“VENTAJAS INDEBIDAS”

Una segunda línea de investigación que da pie a las formalizaciones solicitadas por el fiscal Luis Toledo, se relaciona con las presuntas irregularidades en la administración del convenio judicial preventivo de la sociedad Wiesner S.A., controlada por Patricio Wiesner del Solar.

El síndico Herman Chadwick, quien llevó adelante el convenio judicial, será formalizado como autor del delito de “ventajas indebidas del síndico”, consagrado en el artículo 38 del Libro IV del Código de Comercio. Por el mismo delito, en calidad de cómplice, será formalizado el ingeniero comercial y colaborador de Chadwick, Andrés Orchard Vergara.

Herman Chadwick Larraín

Tal como sucede con Valero, la imputación del Ministerio Público contra el síndico también arrojó nuevos antecedentes. En la formalización aparecieron dos nombres que habían estado muy lejos de los roles protagónicos del guión de la trama CAVAL. A los abogados de Patricio Wiesner, Daniel Huerta Cordero y Matías Ovalle Andrade, el fiscal les imputa prevaricación (perjudicar a su cliente, la familia Wiesner), además de ser encubridores de las presuntas ventajas indebidas obtenidas por Chadwick.

Las acusaciones hechas por Toledo contra Chadwick, Orchard, Huerta y Ovalle, remiten a un mismo episodio: la entrega por parte de Helga Riffart, esposa de Patricio Wiesner, de un cheque por $96 millones al síndico Chadwick. Este pago la fiscalía lo cuestionó por dos motivos: por haberse girado a la sociedad Vicuña y Cía., de propiedad de Andrés Orchard y no del síndico; y porque esas platas estarían al margen de los honorarios que por ley debía recibir Chadwick como interventor del convenio y que alcanzaron un monto de $178 millones.

El antecedente que no se conocía es que esos $96 millones no fueron a parar íntegramente a los bolsillos del síndico. Daniel Huerta y Matías Ovalle, los abogados de la familia Wiesner-Riffart, recibieron $40 millones de ese monto, hecho que los Wiesner desconocían al momento del pago. El resto se repartió entre Chadwick ($34 millones) y Orchard ($22 millones).

LA “JUBILACIÓN” DE LOS WIESNER

La inclusión de los abogados Huerta y Ovalle en la lista de los primeros formalizados abre la puerta a un capítulo desconocido de la madeja de CAVAL. Se trata del inusitado protagonismo que adquirió de principio a fin en el negocio la familia Wiesner-Riffart, dueña de los predios.

Alex Wiesner

A pesar del bajo perfil que han logrado mantener desde que en febrero de 2015 estallara el escándalo, información a la que accedió CIPER evidencia que los Wiesner cumplieron un rol de primera línea tanto en las gestiones para cambiar el uso de suelo de los terrenos, como en la venta de estos a CAVAL. También en varias de las operaciones que hoy comprometen a parte de los que serán formalizados por Toledo a fines de enero. Entre ellas, el cuestionado pago de $415 millones a Juan Díaz –y que nunca fue informado a la comisión de acreedores–, y la polémica transferencia por $96 millones a la sociedad de Andrés Orchard.

Las gestiones familiares fueron comandadas principalmente por Alex Wiesner Riffart, quien desde un comienzo tuvo un firme propósito en mente: dejar a su padre con un millonario saldo a favor una vez liquidados los bienes de su empresa al borde de la quiebra. Y lo logró. Porque al final del proceso los Wiesner-Riffart se quedaron con un “vuelto” de más de $2.100 millones y sin ninguna imputación judicial.

Diametralmente distinta fue la situación de los dueños de CAVAL. A su incierto escenario judicial se suma el hecho de que su ganancia inicial de $2.500 millones se redujo drásticamente una vez que explotó el escándalo: pagó casi $800 millones a Juan Díaz y tuvo que devolver $1.250 millones al comprador final de los terrenos, Hugo Silva.

HORA CERO

A principios de abril de 2010, el directorio de Wiesner S.A. se vio obligado a tomar decisiones. Los pasivos de la empresa agrícola controlada por distintas sociedades de los Wiesner –Kollwen Trust, Inversiones Wiesner y Cía., Inmobiliaria Nova e Inversiones Agrofrut– superaban los $4 mil millones. La situación se hacía insostenible y para inicios de 2011, Wiesner S.A.  se hallaba al borde de la quiebra y con una ruma interminable de cuentas por pagar a bancos –principalmente el Rabobank– proveedores y empleados.

En los directorios de Wiesner S.A. participaba Patricio Wiesner, su esposa Helga Riffart, sus hijos Alex y Gisela, el ingeniero Herman Benson, y Jorge Lufin Huerta (quien fue además contador de Asesorías y Negocios, sociedad de propiedad de Giorgio Martelli, creada para levantar fondos para la precampaña de Michelle Bachelet).

En una presentación del 20 de abril de 2011, quedó consignado el paquete de medidas con que la sociedad enfrentaría la severa crisis. Entre ellas, que para pagar sus deudas, Wiesner S.A. se acogería a un convenio judicial preventivo, aportando los activos de la empresa -los predios San Diego y Santa Elena (más la maquinaria y equipamiento que allí existía)- y otros bienes de la familia, entre los que se encontraban los predios Los Castaños, Santa Cecilia y Santa Emilia.

Junto a la decisión de acogerse al convenio preventivo de quiebra, los Wiesner-Riffart diseñaron un ambicioso proyecto que incluía la licitación de los terrenos puestos a disposición del convenio a inmobiliarias y la construcción de una laguna artificial de tres hectáreas a cargo de Crystal Lagoons, la compañía del empresario Fernando Fischmann.

Pese a que este proyecto finalmente no se materializó, los esfuerzos de la familia se volcaron a obtener el máximo rendimiento de los bienes aportados a la quiebra preventiva.

GESTIONES TEMPRANAS

El junio de 2011, Patricio Wiesner presentó en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago el convenio judicial preventivo de Wiesner S.A. A fines del mismo mes, el juez citó a una primera junta de acreedores, la que se constituyó el 25 de agosto. En el acta de constitución se estableció que las reuniones de la comisión se efectuarían una vez al mes en las oficinas de Herman Chadwick Larraín –el síndico de quiebras escogido por el Rabobank– ubicadas en el barrio El Golf. Pero a lo largo de todo el proceso, la comisión solo sesionó en cuatro oportunidades.

Tras jurar como síndico del convenio, a Chadwick se lo mandató para “efectuar los trámites administrativos necesarios para modificar el uso de suelo de los inmuebles que forman parte de la masa de activos a fin de mejorar su valoración comercial”, tal como se lee en uno de los documentos del convenio (13 de junio de 2011).

Solo días después de constituirse la comisión de acreedores, Juan Díaz Sepúlveda y Cynthia Ross Wiesner llegaron a las oficinas del síndico Chadwick. La visita de Díaz, quien conocía al síndico, fue fructífera: acordó con el síndico hacer las gestiones necesarias para agilizar el cambio del plano regulador de Machalí, paso clave para poder vender los terrenos de la sociedad Wiesner a un precio mucho mayor.

Municipalidad de Machalí

Díaz se convirtió así en uno de los protagonistas de la compleja trama CAVAL. Ross, en tanto, antes de presentarse en la oficina del síndico junto a Juan Díaz (agosto 2011), ya asesoraba a su tío, Patricio Wiesner, con los trámites para acelerar el cambio de uso de suelo de los terrenos en venta.

Según la declaración que prestó a la Fiscalía una funcionaria del municipio de Machalí, Cynthia Ross y su tío Patricio Wiesner tuvieron una reunión con el director de Obras Jorge Silva en mayo de 2011, poco antes de activarse el convenio (en agosto de 2012 la arquitecta Cynthia Ross sería contratada a honorarios en la dirección de Obras de Machalí).

Corría septiembre de 2011 y se acercaba la fecha del remate de la primera porción agrícola de los terrenos –el que ejecutó la corredora Macal– y el 26 de ese mes, el hijo de Patricio Wiesner -Alex Wiesner- les propuso al síndico Chadwick, Andrés Orchard, al abogado de la familia, Daniel Huerta y a su padre, repasar la estrategia de venta de los campos. En el correo electrónico escribió:

“Dudo que en un remate de Macal el campo se venda a 50 millones/hectárea. Si la Cynthia logra cambiarle el uso de suelo rápido a Santa Cecilia y San Diego, deberíamos hacer un master plan y vender por macro lotes (…) Además, si la Cynthia cree que igual le puede cambiar el uso a todo, yo no  haría el remate”.

Ese email como otros del mismo tenor y que forman parte del expediente judicial, dan cuenta de que los Wiesner-Riffart eran los principales interesados en que el cambio de uso de suelo se hiciera efectivo antes de que se cumpliera el plazo pactado con los acreedores para liquidar los bienes. El “vuelto”, tal como lo señaló Alex Wiesner al síndico Chadwick en un email del 9 de julio de 2013, debía ser de a lo menos US$ 6 millones.

“PUNTO DE COCCIÓN”

En septiembre de 2012 el síndico Chadwick puso sobre la mesa una oferta del empresario inmobiliario Pedro Heimpell. Según lo que contó Heimpell a El Mercurio, Juan Díaz le pidió $600 millones suplementarios al valor de los terrenos para cubrir los ingentes gastos en los que había incurrido para acelerar el cambio al uso de suelo. La solicitud de esa comisión le significó a Díaz perder a su comprador.

Extrañamente, la oferta de Heimpell –de UF 0,54 por metro cuadrado– nunca fue discutida en la comisión de acreedores. Al menos no hay constancia en ninguna de las actas. De lo que sí quedó huella es que esa oferta sí fue discutida entre Alex y Patricio Wiesner, el abogado Daniel Huerta (quien participaba en la comisión de acreedores en representación de Wiesner) y el síndico Herman Chadwick. Así lo prueban los correos electrónicos que incautó la Fiscalía.

En ese momento la venta de los terrenos se estaba convirtiendo en una meta difícil para los Wiesner. “Pasan y pasan las semanas, ya hemos llegado al punto de cocción”, le escribió Alex Wiesner al síndico poco antes de que la oferta de Heimpell se desvaneciera. El deseo de la familia era cerrar el 2012 con el convenio resuelto, las deudas pagadas y “el vuelto en la cuenta”. Pero sus expectativas se frustraron.

Aunque la venta no se concretó, la familia Wiesner confiaba a ciegas en que el cambio de uso de suelo se haría realidad en el corto plazo. “En seis meses más, este paño va a valer a lo menos UF 0,8”, le escribió Alex Wiesner al síndico Chadwick a fines de noviembre de 2012.

UN FRENÉTICO 2013

La única oferta que vino luego de la del empresario Heimpell, fue la de CAVAL. Informado por Patricio Cordero y Juan Díaz del negocio, el 3 de abril de 2013 Mauricio Valero manifestó por correo electrónico al síndico la intención de CAVAL de adquirir los paños por UF 0,54 el metro cuadrado.

Pese a que los plazos apremiaban –los acreedores habían decidido extender por única vez y por 12 meses a contar de enero de 2013 el plazo límite para la venta de los activos– los Wiesner rechazaron la propuesta: “Hemos pasado por el desierto tratando de sacar adelante el cambio de uso, invertimos UF 6.000 (NdR: en pagos a Juan Díaz) en el proceso, más todo el estrés invaluable. A ese precio no podemos vender”, escribió Alex Wiesner a Chadwick el 5 de julio de 2013.

Matías Ovalle

Los plazos se agotaban. De no aparecer otras propuestas, estarían forzados a vender rápido y eso hacía peligrar el principal objetivo de la familia: quedarse con dinero una vez liquidados los bienes. Con la premura a cuestas, cuatro días más tarde, el 9 de julio, Alex Wiesner le planteó a Chadwick la necesidad de obtener una mejor oferta:

“Ya estamos en la recta final y perfectamente se puede negociar un precio más alto, ya que el vuelto debe ser a lo menos US$ 6 o 7 millones. Es la última chance de poder quedar con un patrimonio familiar razonable después de 50 años de trabajo de mi papá”.

El mismo mes de abril de 2013 en que llegó la oferta de CAVAL, Alex Wiesner le preguntó por email al síndico Herman Chadwick si el cambio de uso de suelo ya se había presentado en el Consejo Regional (CORE). Fue la propia Cynthia Ross, ya como funcionaria municipal, la que a principios de julio le advirtió al síndico Chadwick que el cambio de uso de suelo podría tardar más de lo esperado:

“Como profesional encargada por parte del municipio para ver los temas urbanos de la comuna, te informo que dado el año de elecciones y la lentitud que percibo en la región, vislumbro que con suerte en un año más esto se aprobará”.

Enterado de la noticia, el 9 de julio Alex Wiesner le escribió a su abogado, Matías Ovalle: “Veré con Cynthia qué podemos hacer para que el CORE avance rápido”. La respuesta del abogado fue: “Es un tema demasiado importante. Por favor avísame cómo te va con tu prima”.

Lo que los Wiesner no supieron fue que en agosto de 2013, cuando Valero y Compagnon subieron su oferta a UF 0,6 CAVAL era una empresa prácticamente insolvente. Eso no fue impedimento para que cuatro meses más tarde, Andrónico Luksic, controlador del Banco de Chile, le otorgara a Natalia Compagnon el millonario crédito por $6.500 millones que haría posible la compra de las 44 hectáreas en Machalí.

LA REPARTIJA A JUAN DÍAZ

Vendidos los terrenos y liquidados los bienes de los Wiesner, vino el último ajuste de cuentas. En el transcurso del proceso y de modo informal se habían prometido varios pagos a distintos intervinientes. Restaba, por ejemplo, hacer efectivo un saldo de los $415 millones que finalmente recibió Juan Díaz por sus gestiones de cambio de uso de suelo y venta de los terrenos.

Y si bien los pagos a Juan Díaz nunca fueron aprobados por la comisión de acreedores, antecedentes recabados por CIPER y correos incautados por la Fiscalía indican que esos honorarios sí estaban en conocimiento de la familia Wiesner.

El 25 de abril  de 2014 Alex Wiesner le escribió a Herman Chadwick pidiéndole “negociar” las platas que se debían pagar por el cambio de uso de suelo:

“Si puedes lograr bajar estos honorarios a UF 4.000 adicionales, es decir, sumado a las UF 6.000 iniciales, que quede todo en UF 10.000, nos dejaría muy conforme. Antes de los descuentos finales de cambio de uso y honorarios extra tenemos un vuelto aproximado de UF 115.000, mi target es dejar a mi viejo con unas UF 107.000”.

Dos días antes, Chadwick había intentado negociar con Juan Díaz sus honorarios. Pero Díaz se puso firme y le respondió el 23 de abril de 2014, a través de un correo electrónico:

“Patricio Wiesner llamó a su sobrina Cynthia para preguntarle por el valor aproximado del estudio de cambio de suelo y ella con todos sus contactos y experiencia le informó que el costo total debiera ser de UF 22.000 y yo estoy cobrando UF 17.500, por lo tanto estamos bastante baratos para todo el trabajo que se hizo (…) Recuerda también que hicimos la gestión exitosa de la venta del terreno”.

Siete días más tarde Alex Wiesner volvió a escribir a Chadwick, en busca de una respuesta a su petición de bajar los honorarios de Díaz e insistiendo en mantener el tema al margen de la comisión de acreedores:

“Nuestro acuerdo fue que resolveríamos esto entre nosotros y así lo queremos dejar. Eso fue lo que pactamos y no queremos que lleven esto a la comisión, porque a la comisión no le importa el vuelto, ni lo que le pase a mi papá si ellos pueden pagarse sus deudas”.

El 9 de mayo, Alex Wiesner le reconoció a Chadwick vía email lo importante de las labores de Juan Díaz durante el proceso de venta: “De verdad el palo de Juan Díaz fue una mascada totalmente necesaria, pero mucho más grande de lo que esperábamos”.

Juan Díaz terminaría recibiendo $415 millones con cargo a la masa de activos del convenio judicial de Wiesner S.A., los que fueron girados en cuatro cuotas. Díaz recibió además dos cheques en garantía de CAVAL por su participación en el negocio: uno por $530 millones y otro por $282 millones. Esos documentos bancarios aún no han sido cobrados.

EL “PREMIO” DE LA DISCORDIA

Con el proceso ya concluido, los Wiesner hicieron un último pago: $96 millones girados por Helga Riffart a la sociedad Vicuña y Cía., y cuyo destinatario real era Herman Chadwick. En medio de las tratativas por reducir las platas que el síndico debía pagar a Juan Díaz, Alex Wiesner le comentó a Chadwick –a modo de incentivo- que él (el síndico) también se podría llevar UF 4.000 (email fechado el 25 de abril de 2014).

Esas UF 4.000 ($96 millones aproximados) terminarían distribuidas entre Chadwick, Andrés Orchard y los abogados Huerta y Ovalle.

Daniel Huerta

Por sus labores como síndico del convenio, Herman Chadwick recibió $178 millones. Son los honorarios que le correspondían por tabla según la ley de quiebras. Por ello, para el Ministerio Público el pago de esos $96 millones es ilegal. Una de las tesis que manejaría la fiscalía es que ese dinero es producto de un acto concertado contra la familia Wiesner. Por ello, a los abogados Huerta y Ovalle se les formalizará por prevaricación y como encubridores del síndico, a quien se le imputan “ventajas indebidas”.

Es este mismo cheque, el que le valió a Chadwick una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios al emitir “una factura falsa por parte de la sociedad Vicuña y Cía., con la que evitó la tributación del Impuesto Global Complementario que le correspondía por haber percibido los montos pagados por Helga Riffart a título de premio y que ascendieron a UF 4.000”. El escrito también incluye como autores de diversos delitos tributarios a Natalia Compagnon, Mauricio Valero, al ex administrador municipal de las Condes y Santiago, Patricio Cordero, a su esposa Paulina Besserer Esquerre y a Juan Díaz.

La imputación que recae sobre Patricio Cordero se fundamenta en las boletas falsas emitidas por su sociedad familiar Inversiones Lo Beltrán, para CAVAL por servicios que nunca fueron prestados. Impuestos Internos lo acusa de haber hecho esa operación para permitirle a CAVAL aumentar sus costos y así rebajar sus impuestos (ver reportaje de CIPER).

Aún no existe claridad sobre el origen y las razones que sustentan el polémico pago de los $96 millones cursado por Riffart. En la declaración que dio la esposa de Wiesner ante el SII, aseguró que fue Chadwick quien pidió el premio. Su hijo, Alex Wiesner, señaló en el SII lo contrario: “Como empresario estimé que era necesario estimular el trabajo de él para obtener el mejor valor posible”.

Fuentes cercanas al entorno de Ovalle y Huerta, dijeron a CIPER que ambos abogados afirman haber desconocido el origen de esos dineros. Y que los $40 millones que recibieron fue por trabajos realizados: una serie de tareas relacionadas con el convenio judicial preventivo y que eran propias del síndico. Insisten en que todo se pactó con Chadwick vía correo electrónico. No hay rastro de un contrato escrito.

Esos $40 millones se suman a los más de $70 millones que los abogados Ovalle y Huerta cobraron por representar a la familia Wiesner en el convenio: $30 millones por la preparación y aprobación del convenio judicial preventivo y $43 millones correspondientes a un porcentaje del saldo –o “vuelto”– que le quedó a los Wiesner una vez liquidados sus bienes.

Uno de los puntos que debilita la tesis de Ovalle y Huerta –de no haber tenido conocimiento de que los $40 millones provenían de Helga Riffart– es que los abogados no pusieron reparo cuando se les solicitó emitir una factura a nombre de Vicuña y Cía., sociedad que no está ligada a Chadwick, sino a Orchard. La factura tiene fecha 23 de junio de 2014, cinco días después de que Chadwick recibiera el cheque.

Serán los tribunales los que a partir del próximo 29 de enero deberán resolver el destino judicial de Chadwick, Orchard, Ovalle y Huerta. También el de Valero, Díaz, Silva, Navarrete (esposa de Silva) y Ross en la arista que persigue la comisión de los delitos de soborno y cohecho en el Municipio de Machalí. Ello, mientras el fiscal Toledo resuelve si formaliza o no a Natalia Compagnon tras la querella por delitos tributarios presentada por el SII hace unos días contra la nuera de la Presidenta y otras seis personas.