Si usted quiere verificar si un miembro del Consejo para la Transparencia (CPLT) tiene un conflicto de interés en uno de los casos que debe zanjar, de nada le servirá abrir las últimas declaraciones de patrimonio e interés publicadas en la página web de esa entidad. No encontrará en ellas información que le aclare si los consejeros mantienen nexos económicos con alguna de las entidades públicas que deben fiscalizar o con particulares que demanden información de organismos estatales.
Hasta marzo pasado no era así: las declaraciones contenían un anexo que informaba si los consejeros prestaban servicios a entidades públicas, empresas reguladas u otros clientes relevantes, y si representaban intereses de terceros. A contar de abril ese anexo no se publica junto con la declaración vigente, lo que expertos en transparencia calificaron como “un retroceso” en los estándares que rigen al CPLT.
Los cuatro integrantes del consejo –nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo previo del Senado– deben velar por el cumplimiento de las normas de Transparencia y, entre otras tareas, acogen o desestiman los reclamos de las personas a las que un organismo público les denegó el acceso a información. Como no tienen dedicación exclusiva y pueden desempeñar actividades profesionales en paralelo a su rol en el consejo, es necesario que los ciudadanos estén al tanto de los vínculos que mantienen con entidades estatales o con privados que puedan verse afectados en los casos que revisan. Solo así se puede controlar que se abstengan de participar en casos donde tengan un conflicto de interés.
Tempranamente, a pocos meses de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia que instaló el CPLT en 2009, los cuatro consejeros fundacionales –que ya dejaron de integrar el organismo– adoptaron un acuerdo que marcó un alto estándar en materia de transparencia: se autoimpusieron la obligación de presentar una declaración de intereses complementaria a aquella que por ley deben hacer todas las autoridades.
En esa declaración anexa y voluntaria, los consejeros deben informar los servicios que han prestado en los últimos dos años a entidades públicas, a empresas que participan en mercados regulados y a otros clientes considerados “relevantes”. Además, deben indicar sus vínculos de parentesco con directivos de entidades públicas y si integran sociedades que representen intereses de terceros o que actúen por mandato (vea el acuerdo del CPLT adoptado en 2009).
Desde abril último, al “pinchar” las declaraciones de intereses de los cuatro consejeros en ejercicio (José Luis Santa María, Vivianne Blanlot, Marcelo Drago y Jorge Jaraquemada), estos documentos se descargan desde el servidor que mantiene la Contraloría General de la República, donde se alojan todas las declaraciones de las autoridades de gobierno. El nuevo sistema comenzó a operar este año con la Ley 20.880 que amplió el contenido de las declaraciones de los funcionarios públicos, pero que siguen siendo menos detalladas y rigurosas que las adoptadas por el acuerdo del CPLT en 2009.
Consejeros en ejercicio: Vivianne Blanlot, Marcelo Drago, José Luis Santa María y Jorge Jaraquemada (Fuente: CPLT)
En las declaraciones genéricas que están en el sistema de la Contraloría solo se pueden ver las eventuales actividades profesionales y las sociedades comerciales en las que participan autoridades, pero no se puede saber qué clientes tienen, cuál es el rubro al que se dedican sus sociedades o con quiénes hacen negocios. En síntesis, son documentos que en la práctica –como lo han demostrado sucesivos reportajes de CIPER– resultan inútiles para detectar conflictos de interés (vea el reportaje “Declaración de patrimonio del diputado Farcas devela debilidades de nueva Ley de Probidad”).
El actual presidente del CPLT, José Luis Santa María, informó por escrito a CIPER que el acuerdo de 2009 sigue vigente. Pero explicó que desde marzo pasado el consejo publica las declaraciones de intereses y patrimonio determinadas por la nueva Ley 20.880, las que son actualizadas en las secciones de “Transparencia Activa” y “Quienes Somos” de la web del CPLT. Efectivamente, en la sección de Transparencia Activa, al “pinchar” el apartado “declaración de intereses y patrimonio Ley 20.880”, solo aparecen las mismas que publica la Contraloría.
Pero extrañamente, las antiguas declaraciones complementarias pueden ser descargadas desde otro punto de la sección de Transparencia Activa: la dedicada a “Personal y remuneraciones”. Allí se encuentran bajo el críptico apartado “Otras autoridades”, pero solo están registradas hasta marzo de 2017. Como se trata de la información oficial entregada al público, los ciudadanos pueden interpretar que estas declaraciones voluntarias anexas, fruto del acuerdo de 2009, solo estuvieron vigentes hasta marzo.
Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, el tema es serio, porque las personas están accediendo a un documento que no les permite saber si los consejeros presentan un conflicto de interés: “El consejo es la entidad que marca el estándar en materia de transparencia en el país, por lo que no es bueno que esta información no sea de acceso simple. En los hechos, las declaraciones que encuentran los ciudadanos son de un estándar menor a lo que había acordado el propio consejo”. Esto, estimó Precht, es un retroceso.
Juan Pablo Olmedo, el primer presidente que tuvo el CPLT, señala que el acuerdo de 2009 fue “un acto fundacional, que elevó el estándar en aquello que la ley que regula las declaraciones no había zanjado. Si ahora se produce un retroceso, eso no solo afectaría la gestión del propio consejo, también marcaría de manera negativa toda la cultura de transparencia del país”.
El CONSEJO CORRIGE EL ERROR
La unidad de comunicaciones del CPLT informó a CIPER que, tras las consultas efectuadas para este artículo, los consejeros acordaron, en su sesión de este martes 29 de agosto, que se modificará la ubicación en que se encuentran publicadas las declaraciones complementarias en la página web, para facilitar el acceso a la información a los ciudadanos.
Asimismo, acordaron que las declaraciones complementarias serán actualizadas cuando ocurran hechos relevantes (como nuevos contratos o prestaciones de servicios a clientes importantes) y no cada cuatro años, como se hacía hasta ahora.
A la consulta de por qué los consejeros no estaban obligados a actualizar sus declaraciones complementarias cuando se producían nuevos hechos relevantes, el presidente del CPLT, José Luis Santa María, respondió:
“Como se trata de una declaración voluntaria, no existe una norma legal o reglamentaria que regule su actualización. En el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo en 2009 se contempló, por extensión y como buena práctica, actualizar la declaración acorde al plazo establecido en la normativa vigente en esa época (cada cuatro años), pero no se estableció la obligación de hacerlo ante hechos relevantes”.
Juan Pablo Olmedo, primer presidente del Consejo para la Transparencia.
Bajo el esquema que aún está vigente –actualizar la declaración cada cuatro años–, CIPER detectó que algunos consejeros habían establecido vínculos contractuales que no se han publicado, lo que impide ejercer control ciudadano sobre posibles conflictos de interés.
Por ejemplo, la declaración complementaria del consejero Marcelo Drago Aguirre está fechada en noviembre de 2014, por lo que no informa los contratos que posteriormente suscribió su empresa, Estrategia Pública Consultores, con entidades estatales.
Según los datos de la plataforma Mercado Público, entre 2015 y lo que va de 2017 la sociedad del abogado Marcelo Drago ha firmado al menos cinco contratos con dos organismos públicos: tres de ellos con la Comisión Nacional de Energía (CNE), por un total de $142 millones (vea las órdenes de compra) y dos con el Sernac, por una suma global de $30,8 millones (vea esas órdenes de compra).
En su declaración complementaria, Drago también anota vínculos contractuales con el Banco Estado, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Televisión Nacional (TVN), el Ministerio Secretaria General de Gobierno y el Consejo Minero. En entrevista con CIPER, Marcelo Drago indicó que a todas estas entidades ha prestado o presta el servicio de “asesoría y monitoreo de temas legislativos relacionados con políticas públicas que afectan a esos organismos”.
Drago también señaló que cada vez que el consejo ha revisado un caso que involucra a una de las entidades para las que ha trabajado, se ha abstenido de participar. Eso incluye, dijo, a la CNE y al Sernac, aunque su relación con esos organismos se inició después de que firmó su declaración complementaria. Para corroborarlo, envió 11 documentos a CIPER con acuerdos del consejo en los que efectivamente quedó registrada su abstención: en tres de ellos estaba involucrado el Sernac, en otros tres el CNTV, en dos la CNE, en dos Banco Estado y en una la Fiscalía Nacional Económica. Además, hizo llegar el acta de la sesión del consejo desarrollada el pasado 5 de mayo, en la que se acordaron instruir sumarios contra diversas entidades públicas por eventuales incumplimientos de las normas de transparencia. En esa sesión, Drago se abstuvo porque figuraban el Sernac y el CNTV.
En uno de los documentos remitidos por Drago, que involucra al Sernac, también figura la abstención de la consejera Vivianne Blanlot (vea el documento). El caso aborda una solicitud de información dirigida al Sernac sobre documentos relacionados con la mediación de ese organismo por la colusión del papel higiénico. Vivianne Blanlot se abstuvo debido a que mantenía una relación contractual con la empresa involucrada: CMPC Tissue S.A. Ese vínculo con la empresa del Grupo Matte no está registrado en la declaración complementaria de intereses que Blanlot –quien presidió el consejo entre 2014 y 2016– firmó en agosto de 2015 y que continúa vigente.
En su declaración complementaria, la economista Vivianne Blanlot menciona vínculos contractuales para prestar asesorías con Suez Energy, Mediterráneo S.A., E-CL S.A., Traselec y Banco Interamericano de Desarrollo. En su declaración de intereses, consigna su participación en los directorios de Colbún, Antofagasta Minerals, Antofagasta Plc y Scotiabank.
En su declaración de intereses, el actual presidente del CPLT, el abogado José Luis Santa María, informó que presta servicios de asesoría legal a las empresas Mediciones Geolec, Estrella Petrolera de Chile, Viña Concha y Toro, Frigorífico Simunovic, Laboratorio LKM Chile y Fundación Luz. En tanto, el abogado y consejero Jorge Jaraquemada, actual director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, consignó que no presta servicios a entidades públicas ni a empresas privadas.
Deberían también abstenerse en el análisis de reclamos en contra de los Partidos Políticos, cada consejero está ahí por apoyo y apoyando a un partido o coalición. En este caso: udi rn dc ppd al menos.
