Municipalidades en la UTI: cruda radiografía del sistema de financiamiento comunal

–Vea las fichas de las 34 comunas con el detalle de sus presupuestos, gastos en remuneraciones y deudas.
–Vea la nota sobre la evolución de los delitos de mayor connotación social en las 34 comunas entre 2009 y 2011.

Cerca de 13 millones de chilenos pueden elegir alcaldes y concejales en la elección de este domingo 28 de octubre. Por primera vez todos los mayores de 18 años podrán sufragar, si desean hacerlo. Los candidatos se desviven por capturar la atención de unos cinco millones de nuevos votantes y el gobierno ultima los detalles para que el escrutinio sea impecable. Es la “fiesta de la democracia”, como habitualmente califican las jornadas electorales -con escasa originalidad- dirigentes políticos y autoridades. Lo que nadie dice es que los anfitriones de esta fiesta están en bancarrota.

El sistema de financiamiento municipal entró a la UTI hace años y sobrevive con respirador artificial. Los gobiernos comunales operan sobre la base de triquiñuelas y resquicios para administrar sus fondos, burlando las leyes que limitan sus gastos y enmascarando el sobreendeudamiento. Todos los que debiesen fiscalizar el cumplimiento de esas normas conocen estas trampas, pero prefieren mirar para el lado: alcaldes, administradores municipales, Parlamento y gobierno.

CIPER rastreó los gastos que los 34 municipios del casco urbano metropolitano declararon a la Contraloría durante los cuatro años del último periodo de gestión alcaldicia: 2009, 2010, 2011 y 2012 (hasta junio). Además, solicitó a las municipalidades, por medio de la Ley de Transparencia, los documentos que acreditan esos desembolsos y deudas. En paralelo, entrevistó a funcionarios a cargo de la administración de los fondos en casi todos gobiernos comunales. Puntualmente, se analizaron los desembolsos en las glosas de “remuneraciones”, “deudas” y el gasto en “difusión y publicidad”.

Los municipios sobreviven con presupuestos que nacen desfinanciados; las plantas de funcionarios son ridículamente pequeñas en relación al cúmulo de servicios que entregan; los contratos a honorarios se han disparado a niveles absurdos -mediante el artilugio de presentarlos como gastos en “servicios comunitarios”- y se arrastran deudas por años, especialmente en el controversial rubro de la basura, las que se manejan a través de repactaciones y “bicicletas” financieras. Si las cuentas de los municipios se revisaran como se hace en las empresas privadas, buena parte de lo que presentan como “deuda flotante” no pasaría el filtro de una auditoría normal y muchos serían candidatos a la intervención de un síndico de quiebras.

Asimismo, CIPER recopiló los datos que maneja Carabineros y la PDI -también entre 2009 y 2012- sobre la comisión de delitos de mayor connotación social en cada comuna (ver nota secundaria), como un parámetro para medir la gestión de seguridad ciudadana, que es uno de los rubros que se financian con el presupuesto destinado a “servicios comunitarios”.

El análisis de los documentos recopilados en la Contraloría y aportados por los municipios mediante la Ley de Transparencia, además del reporteo en terreno, generó una extensa base de datos que CIPER pone ahora a disposición de sus lectores. La primera conclusión es que, si bien las finanzas comunales se han transparentado gracias al informe Presupuestario Municipal que publica la web de la Contraloría, no se realiza aún en ese organismo -ni en ningún otro- un examen crítico de los gastos y deudas que declaran en este sistema todos los gobiernos comunales.

El marco legal que norma las remuneraciones municipales -a cuántas personas se puede contratar y cuánto se les puede pagar- no ha tenido reformas significativas desde 1993. Por eso, aquellas municipalidades que en estas dos décadas registran una acelerada multiplicación de sus poblaciones -como Puente Alto, Maipú y Quilicura- sólo pueden atender los requerimientos de sus residentes gracias a trampas que les permiten sortear los límites de gasto que impone la ley. Así lo reconocieron la mayoría de los funcionarios entrevistados para este reportaje.

Por norma, los municipios debiesen tener dos funcionarios de planta por cada mil habitantes. En Puente Alto, la población ha crecido hasta completar más de 700 mil residentes, por lo que el municipio tendría que tener 1.400 funcionarios permanentes, pero sólo cuenta con 271. En San Bernardo, la planta debiese ser superior a 600 funcionarios, pero se quedó estancada en 315.

De los 34 municipios incluidos en esta investigación, cuatro rehusaron dar entrevistas a CIPER: las municipalidades de Vitacura, Recoleta, La Reina y Providencia (el jefe de gabinete de esta alcaldía, Salvador Ramírez, informó que CIPER podía pedir una entrevista sólo después de las elecciones municipales). En relación a las solicitudes de acceso a información por Ley de Transparencia, no respondió la comuna de La Pintana; Quilicura y Providencia sólo respondieron parcialmente.

Si usted quiere revisar las fichas con información detallada sobre los gastos que su municipalidad declaró a Contraloría en los ítems de “remuneraciones” (incluyendo honorarios en “programas de servicios comunitarios”), “deuda flotante” y “difusión y publicidad”, seleccione su comuna haciendo clik aquí (los antecedentes incluyen el cálculo del monto per cápita municipal y copia de los documentos enviados a CIPER en virtud de la Ley de Transparencia). Los datos no incluyen los sectores de Educación y Salud, pues no se pudieron comparar los datos de todos los municipios en estas áreas. Eso se debe a que varios municipios manejan Educación y Salud a través de corporaciones, por lo que no registran en el sistema de Informe Presupuestario Municipal de la Contraloría cómo administran esos recursos.

HONORARIOS: CRISIS DE CRECIMIENTO

J.T.M. trabaja para la Municipalidad de Puente Alto como “asesor profesiónal” en el área de “Fomento Social”. Lleva cuatro años realizando tareas propias de un funcionario de planta, pero está contratado a honorarios bajo la glosa presupuestaria de “prestaciones en servicios comunitarios”, ítem originalmente destinado a emplear personas en programas temporales (como un taller deportivo, una capacitación laboral o una campaña de vacunación de mascotas, por ejemplo). No tiene cotizaciones de salud ni previsionales. Su caso es uno entre las decenas que se repiten en los documentos que Puente Alto puso a disposición de CIPER.

La Municipalidad de Puente Alto informó a la Contraloría General de la República que las 1.959 contrataciones a honorarios que realizó en 2011 bajo la carátula de “servicios comunitarios”, sumaron $ 6.344,4 millones (unos US$ 13 millones). Esa cifra equivale al 190,6% del desembolso que hace anualmente Puente Alto en las remuneraciones de sus funcionarios de planta ($3.328 millones en 2011). El porcentaje es francamente asombroso, pues la ley no permite a las municipalidades gastar en honorarios más del 10% de lo que destinan para pagar a su planta. Pero la mayoría de los municipios supera ese límite utilizando la glosa “servicios comunitarios” como un verdadero by pass que les permite disparar sus contrataciones a honorarios. De esta manera, en el ejemplo de Puente Alto los honorarios “reales” superan 18,6 veces el límite impuesto por la ley.

Lo que sucede en Puente Alto con la exagerada multiplicación de los honorarios no es un asunto aislado. El total de los gastos en honorarios por “servicios comunitarios” que realizan los 34 municipios estudiados suma $37.360 millones (unos US$78,6 millones). CIPER elaboró un ranking para ordenar a las comunas metropolitanas de acuerdo a la proproción de sus honorarios por servicios comunitarios en relación a su planta y otro según el valor absoluto que desembolsan en estos honorarios (el monto total que pagan). Ambos consideran datos de 2009, 2010 y 2011.

Cada año entre 24 y 26 municipalidades (cerca del 75% del total) superan la norma legal que limita los honorarios a no más del 10% del gasto en la “planta”. Los casos extremos, en 2011, fueron los de Puente Alto (con un gasto en honorarios de 190,6% respecto de la planta), Maipú (130,1%), Quilicura (110,8%), La Granja (69,4%) y Recoleta (54,6%).

Con mano blanda, las autoridades toleran la trampa de las contrataciones en “servicios comunitarios” para permitir el funcionamiento de municipalidades que se verían prácticamente paralizadas si se ajustaran a las normas. Al relajar los controles administrativos debido a este argumento pragmático, otros municipios que no han sufrido una “crisis de crecimiento” como las que viven Puente Alto o Maipú, se suben al carro y adoptan las mismas prácticas. Es el caso de Recoleta. Esa comuna tiene una población de unas 125 mil personas, de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y en 2009 gastó $1.344 millones en honorarios reales (53,7% respecto de su planta y 3ª en el ranking de ese año), los que subieron a $ 1.418,7 millones en 2010 (52,04% en relación a la planta y 4ª en el ranking anual) y a $ 1.550,2 millones en 2011 (54,6% respecto de la planta y 5ª).

La tolerancia frente a este tipo de resquicios, al flexibilizar los filtros y controles, ampara la posibilidad de que las cuentas se manejen con desorden y que se incuben focos de corrupción. También genera el riesgo de que las decisiones respecto de a quién contratar se resuelvan de acuerdo al criterio arbitrario del alcalde. En el caso de los pagos por “servicios comunitarios”, este ítem se convierte en una suerte de “cajón de sastre” donde cabe de todo. Eso permite a los alcaldes contratar a personas sin concurso ni aprobación del Concejo Municipal, lo que abre la puerta a ofrecer empleos por afinidad política o pago de favores.

José Luis Quelempán, director de Administración y Finanzas de Pudahuel, confirma que al contratar a honorarios por la vía de los “servicios comunitarios”, los alcaldes no requieren la aprobación del concejo:

-En este ítem (servicios comunitarios) se contrata por servicios profesionales específicos. Por ejemplo, monitores deportivos. La duración depende del programa, pero son pocos los que tienen continuidad. Este ítem es distinto a lo que llamamos “honorarios”, porque esos son aprobados por el Concejo Municipal.

Quelempán reconoce que hay un porcentaje importante de contrataciones que se hacen por esta vía y que corresponden a tareas de planta: “En algún momento habrá que hacer un parelé y tomar todas las funciones que no han sido consideradas dentro de la ley, incorporarlas y ahí poner limitaciones (al gasto en honorarios). Soy partidario de sacar ahora las limitaciones, porque si no, ahí ocurre que algunos hacen mal uso de estos ítems”.

El administrador municipal de Maipú, Gabriel Alemparte, admite que muchas funciones clave de su municipalidad se cubren mediante este tipo de contratos a honorarios, debido a que la comuna ha crecido hasta tener un millón de habitantes:

-Le voy a dar un caso. La Dirección Jurídica tiene en planta sólo al director y a tres funcionarios. Para un municipio con 200 mil habitantes, probablemente con cuatro funcionarios se pueden llevar a cabo todas las funciones de una Dirección Jurídica: sumarios, registro de los bienes, llevar los juicios y asesorar al alcalde y concejales. Pero, para atender a un millón de habitantes, contratas abogados a honorarios. Lo mismo pasa prácticamente en todas las dependencias. En Administración Municipal el único de planta es el administrador, que soy yo.

En Maipú el servicio de agua potable es municipal y prácticamente todas las contrataciones de profesionales en esa área se hacen mediante honorarios: “Cualquier abogado o ingeniero del sector sanitario gana rentas altas. Para proveer esos cargos tienes que recurrir a los honorarios”, explica Alemparte. Se hace así porque estos profesionales se han especializado en un área sensible de servicio a la comunidad que no puede presentar fallas -ni sanitarias ni técnicas ni comerciales- y son altamente valorados por las empresas privadas del rubro. Por eso, no pueden entrar a la planta municipal, debido a que la escala de remuneraciones comunal resulta muy baja en relación a lo que ganan en el mercado.

Raúl Loyola, director de Administración y Finanzas de Cerrillos, reconoce que “muchos municipios han optado por esta vía de contratar servicios que, si bien es cierto van en beneficio de la comunidad, son pagados con cargo a otras cuentas. Esto en Cerrillos no se da, pero en realidad se ha transformado en un verdadero programa de absorción de cesantía (de los habitantes) de algunos municipios”.

Los documentos enviados a CIPER por La Florida demuestran que se ha contratado por la vía de los “servicios comunitarios” a personas que realizan labores delicadas, propias de un funcionario de planta. Es el caso, por ejemplo, de una persona que figura a honorarios en 2010, 2011 y 2012, que debe hacer la “evaluación mensual del sistema de control de conciliación bancaria; revisión de abonos y cargos en cuenta corriente; listado de cheques a proveedores girados, cobrados y no cobrados; implementación de estudio de cobranza de cheques protestados, en cancelación de permisos y derechos municipales”. Por todo esto, le pagan $366.245.

En Peñalolén, el administrador municipal, Jaime Pilowsky, reconoce que hay personas que llevan años trabajando bajo la modalidad de “servicios comunitarios”. Entre ellos están los trabajadores del plan de Seguridad Ciudadana, uno de los cuales señaló a CIPER que tiene cinco años en ese empleo. En esta comuna se han contratado por esta vía desde barrenderos y pintores de brocha gorda hasta informáticos, ambientalistas y expertos en administración.

-Algunos programas de servicios comunitarios duran todo el año y al año siguiente pueden renovarse. Las plantas municipales son del año 93. En el 93, por ejemplo, el medio ambiente no era tema. La estructura municipal tiene 20 años y no da cuenta de lo que hoy exigen los vecinos. Estos ítems (como “servicios comunitarios”) han servido para crear programas que atienden esas necesidades y algunos deben mantenerse en el tiempo -dice Pilowsky.

El administrador de Peñalolén cree que las autoridades no pueden seguir haciendo como si esta realidad no existiera y que se debe sincerar la precaria situación bajo la que se manejan las finanzas de los municipios: “Se debe reformar las plantas. La gente a honorarios no percibe cotizaciones de salud ni previsionales, es un empleo precario y desprotegido, pero es la única solución que tenemos (…). Este es el gran punto que debiera hacerse después de estas elecciones municipales: el Ejecutivo y el parlamento debieran preocuparse de este tema, porque no pueden pasar otros diez años así”.

DEUDA FLOTANTE O DE ARRASTRE

Por definición, “deuda flotante” es el traspaso al presupuesto del año siguiente de aquellos pagos que no se pudieron liquidar antes de cada 31 de diciembre. Estas son las facturas devengadas (aceptadas para el pago) pero no canceladas dentro del año. En esta categoría caben, por ejemplo, las facturas recibidas en los últimos días de diciembre y que, por razones de tiempo, quedan pendientes para las primeras semanas de enero; o bien, pagos pactados en cuotas cuyo número excede el fin del año calendario. Sin embargo, al analizar los documentos recopilados en los municipios gracias a la Ley de Transparencia, CIPER constató que en realidad se encubren bajo este ítem algunas deudas que se arrastran y “bicicletean” por años, especialmente en el controversial rubro de recolección y disposición final de la basura.

La suma total de la “deuda flotante” declarada a la Contraloría por los 34 municipios asciende a $18.566 millones (cerca de US$39 millones). CIPER elaboró dos rankings con los 34 municipios capitalinos en relación al manejo de “deuda flotante” en los años 2009, 2010 y 2011. El primero ordena las comunas de acuerdo al valor absoluto que declaran como deuda (el monto total que deben) y el segundo según la proporción de esa deuda respecto al presupuesto ejecutado del municipio, de manera de poder diferenciar aquellas municipalidades que tienen un gran volumen de deuda debido a que manejan un presupuesto más grande, de las que tienen un alto nivel de impagos aunque sus ingresos son menores.

En cuanto al valor absoluto, los seis primeros lugares en 2011 fueron ocupados por las municipalidades de Maipú ($3.678 millones), Recoleta ($ 2.745 millones), Quinta Normal ($ 1.705 millones), Quilicura ($ 1.337 millones), La Florida ($1.207 millones) y La Reina ($1.158 millones). Más significativo para calificar la gestión municipal es el nivel de deuda en relación al presupuesto que manejan las comunas. En este segundo ranking, en 2011 Recoleta lidera la tabla con una deuda que representa el 13% de sus ingresos totales, le siguen Quinta Normal (12,3%), Pedro Aguirre Cerda (8,5%), Lo Prado (7,4%), Independencia (6,8%) y La Reina (6,2).

En una entrevista concedida por el administrador municipal de Maipú y corroborada por los documentos entregados por esa comuna a través de la Ley de Transparencia, se confirmó que, si bien ese municipio cierra el año con una fuerte “deuda flotante”, efectivamente una gran proporción de ella corresponde a pagos que se trasladan de diciembre a enero. Por eso, inicia cada año con un superávit proporcional a los montos que debe desembolsar.

En el caso de Recoleta, comuna que aparece en los primeros lugares de ambos rankings en todos los años estudiados (2009, 2010 y 2011), no se concedió entrevista a CIPER.

El tercer municipio con mayor “deuda flotante” es Quinta Normal. Su administrador municipal, Mario González, reconoció que gran parte de estos impagos son deudas que se arrastran por años y que se iniciaron en 2003. Desde esas fechas la municipalidad ha montado una verdadera “bicicleta” para administrar sus obligaciones incumplidas. Si se tratara de una empresa privada, esto evidentemente no sería aceptado por una auditoría como “deuda flotante”, sino que se consideraría como pérdidas. Pero en el sistema público no se manejan esos códigos y no hay controles que determinen qué debe considerarse “deuda flotante”. No hay un sistema que examine de manera crítica todo lo que declaran las municipalidades en este ítem.

González explicó que hasta hoy la “deuda flotante” de Quinta Normal es de $1.491 millones (aunque el registro de Contraloría indica $ 1.705):

-Tenemos una deuda que no es posible asumirla y pagarla toda. Tenemos algunos acreedores principales, como la empresa (de manejo de la basura) KDM. De los $ 1.400 millones, KDM representa unos $ 1.200 millones, por lo menos. Como es una empresa que nos brinda servicios permanentes, a medida que pagamos facturas ingresan otras. Siempre tenemos una deuda grande con ellos.

El criterio para definir a quién se le paga y quién queda en lista de espera, dice González, ha sido no afectar a proveedores pequeños y tratar de manejar la deuda con empresas que tengan “espaldas” para soportar el aplazamiento: “KDM es una empresa grande y no le va a significar la quiebra. Quisiéramos pagarle a todos nuestros acreedores, pero no tenemos liquidez suficiente. Entonces tenemos que tomar la decisión de postergar a alguno, para acceder el pago en otro. Esto se debe a que el municipio no junta el dinero para financiarse, porque no todas las propiedades de la comuna pagan sus derechos de aseo”.

Lo que describe el administrador de Quinta Normal es un escenario que los funcionarios de la Contraloría han detectado en muchos municipios: los presupuestos anuales que presentan los alcaldes y que aprueban los concejales son irreales, porque incorporan como posibles ingresos diversas deudas de derechos de aseo o patentes que no se han pagado por años. En la contabilidad de una empresa privada -salvo que se quiera cometer un fraude como sucedió con La Polar- esto no se aceptaría como “ingresos esperados” y se le consideraría como pérdidas no recuperables. Así, los municipios parten desfinanciados, el presupuesto se va corrigiendo sobre la marcha y tanto el alcalde como el concejo saben que tendrán que escoger proveedores a los que no se les pagará.

La empresa KDM se repite en la “deuda flotante” de varias municipalidades metropolitanas. De acuerdo con los documentos que analizó CIPER, además de Quinta Normal, figura entre los impagos de Independencia, Lo Prado y La Reina. Algunos de estos municipios se ven obligados a repactar su deuda, amarrándose por años a un proveedor que se presenta habitualmente a las licitaciones de recolección y disposición final de residuos.

Eduardo Suárez Marile, administrador municipal de Lo Prado, explica que muchos municipios están “cautivos” de KDM, porque licitaron a su favor por 16 años, prorrogables por otros 16: “Esta situación fue conocida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a raíz de un requerimiento que hizo la Fiscalía Nacional Económica por una condición de exclusión en el mercado, de barrera de entrada al ingreso de nuevos oferentes, por los términos en que se estableció el contrato por tanto tiempo”.

CIPER ha publicado diversos reportajes sobre irregularidades en los contratos de KDM (vea “Contratos millonarios desatan guerra sucia por la recolección de la basura en Maipú” y “Fiscalía investiga sobornos en Maipú: Concejal Neme acusa que su colega Richter le preguntó su precio”). El administrador Suárez apunta a que KDM ha propiciado que los municipios la tengan como acreedora: “En su momento yo creo que KDM no hizo gestión de cobros. Fue, de alguna manera, dejando pasar que las municipalidades fueran teniendo deuda”.

KDM no es la única empresa de basura que arrastra impagos repactados durante años en el sistema municipal. En los documentos que envío a CIPER la municipalidad de La Cisterna, por ejemplo, se repiten en su “deuda flotante” de los años 2009, 2010 y 2011, obligaciones incumplidas con el Vertedero Lepanto originadas en 2007 y 2008. Independencia le debe a las empresas Starco y KDM más de $500 millones, que se reiteran en su “deuda flotante” de 2010 y 2011. Por lo mismo, repactó a 36 cuotas con ambos acreedores. La Granja anota un impago de $34 millones a la empresa Emeres que se repite en sus deudas de 2009 y 2010. En La Reina figuran deudas que se arrastran desde 2009 con Demarco y KDM. En La Florida, en tanto, durante años se han mantenido impagos con Emeres.

Otro deudor que se repite en las cuentas municipales es Chilectra. La empresa figura en las deudas de La Reina, Recoleta y La Florida. En esta última se da una situación curiosa. En 2009 La Florida anotó una obligación impaga con Chilectra de $20 millones, al año siguiente subió a $235 millones y en 2011 se disparó a $660 millones. La administradora municipal, Angélica Céspedes, señaló que durante años sencillamente no se registraron las deudas en el municipio y que, tras el acceso al sillón alcaldicio de Rodolfo Carter (UDI) en junio de 2011, en reemplazo de Jorge Gajardo (PS), la información “se transparentó”. Así, en 2009 la “deuda flotante” de La Florida registrada por Contraloría era de apenas $50,6 millones, en 2010 subió a $311 millones y en 2011 se empinó a $ 1.207 millones.

-Lo que se hacía en esos años es que si había facturas de cualquier proveedor, nunca se ingresaban al sistema contable. Falta a la verdad decir que en 2009 la deuda era de $50 millones o de $300 millones en 2010. No se entregaba toda la información -dice la administradora.

2012: AÑO DE INAUGURACIONES

En relación a los gastos en “difusión y publicidad”, CIPER los rastreó desde 2009 a 2012 para establecer si se registra un incremento en este rubro en un año de elecciones municipales. Con ese fin se analizaron los desembolsos declarados a la Contraloría anualmente en esta glosa. Para apreciar si la campaña electoral aumentó el ritmo del gasto en este ítem, CIPER solicitó a cada municipio -por Ley de Transparencia- los montos de los servicios de “difusión” que contrataron en agosto de 2012 (cuando la competencia entre los candidatos ya estaba en marcha) para compararlos con los desembolsos de los meses de agosto de 2009, 2010 y 2011.

Los registros de Contraloría y los documentos solicitados por Transparencia indican un notorio aumento del gasto en “difusión y propaganda” en 2012. Las elecciones municipales son el factor que provoca el incremento. Muchos de los funcionarios entrevistados confirmaron que, por ser este un año electoral, se concretaron más obras y programas que en “años normales”. Además, estas obras debían ser inauguradas antes del 28 de septiembre, fecha en que los alcaldes que postulan a la reelección suspendieron sus funciones para dedicarse a la campaña. Al haber más inauguraciones, se requiere más propaganda y ese círculo origina el mayor gasto en comunicaciones.

Esto demuestra que un año electoral es al mismo tiempo un “año virtuoso” en el sistema municipal, porque -a diferencia de lo que ocurre habitualmente- la ejecución del gasto se acelera al máximo y los engranajes del municipio funcionan a la perfección para que obras y programas de interés comunitario estén listas en los primeros nueve meses del año.

Respecto de los gastos realizados en esta glosa de “difusión y publicidad”, CIPER elaboró tres rankings para ordenar a las 34 comunas metropolitanas. El primero apunta al valor absoluto que gastaron (el monto desembolsado) y considera los años 2009, 2010, 2011 y 2012 (hasta julio). El segundo se confeccionó según la proporción de ese gasto en relación al presupuesto anual ejecutado de la comuna y consideró los gastos de 2009, 2010 y 2011. El tercero considera el gasto hecho en los primeros meses de 2012, en relación al promedio desembolsado en el periodo 2009-2011.

No es extraño que en el ranking de valor absoluto, elaborado con los gastos en “difusión y publicidad” del primer semestre de 2012, figuren en los primeros lugares las comunas más ricas del país, como Vitacura ($229 millones), Providencia ($224 millones), Lo Barnechea ($217 millones) y Las Condes ($145 millones). Tampoco causa sorpresa que entre los diez primeros puestos esté la municipalidad con mayor cantidad de habitantes: Maipú (con cerca de un millón de residentes gastó $194 millones). Lo que resulta curioso es que en esos puestos de avanzada se ubiquen algunas municipalidades que atienden a una población bastante más vulnerable, como Renca ($184 millones) y Quilicura ($ 119 millones).

En el ranking de gasto proporcional al presupuesto anual, Renca y Quilicura siempre ocuparon los dos primeros puestos. Mientras la media de gasto en “difusión y publicidad” para las 34 comunas metropolitanas osciló entre 0,32% y 0,34% de sus presupuestos anuales, Quilicura se apropió del primer puesto en los tres años con 1,11% en 2009; 1,20% en 2010 y 1,29% en 2011. Renca aseguró el segundo lugar con 0,77% en 2009; 0,82% en 2010 y 1,06% en 2011.

Respecto de este alto volumen de gastos en comunicaciones, el director de Administración y Finanzas de Quilicura, Patricio Raffo, sólo señaló que el dinero se invertía íntegramente en la “difusión de actividades”. En tanto, el administrador municipal de Renca, Andrés Arenas, respondió por escrito que “el gasto se relaciona con la gran cantidad de obras, proyectos y servicios, que, siendo presentados en años anteriores, se materializaron durante el presente año. Dado que el mejor y único medio de comunicación en Renca es el aviso impreso, que llega directamente a los hogares, y la identificación en el sitio mismo de la obra, ha sido necesario realizar constantemente la entrega de información. Lo anterior se debe a una muy baja penetración de internet en los hogares de la comuna, lo que sigue impidiendo una mejor difusión web”.

Al comparar la evolución del gasto en “difusión” en el mes de agosto de 2011 versus agosto de 2012 (cuando la campaña electoral ya entraba en tierra derecha), sobre la base de los documentos entregados a CIPER por Transparencia, se aprecia que en la mayoría de los municipios el desembolso se incrementó de manera sensible ad portas de las elecciones.

En Peñalolén pasó de $7,5 millones en agosto del año pasado a $12,7 millones en agosto de este año; en Vitacura subió de $1,2 millón a $39 millones; en Lo Barnechea subió de $17,2 millones a $64,7 millones, aunque su alcalde y candidato a la reelección, Felipe Guevara (RN), explicó a modo de atenuante que el presupuesto global del municipio se incrementó en 34% este año; en Pudahuel el monto se elevó de $3,9 millones a $ 6,3 millones; San Bernardo registro un alza de $19 millones a $32,8 millones; Puente Alto anotó un incremento de $6,5 millones a $10,3 millones; Estación Central pasó de $5,3 millones a $9,4 millones; en Ñuñoa la cifra subió de $5 millones a $13,5 millones y en El Bosque de $2,3 millones a $10,8 millones.

Aunque el director de Administración y Finanzas de Pudahuel, José Luis Quelempán, explicó que sólo la publicación de las ordenanzas municipales significa un gasto de alrededor de $2 millones, admitió que el fuerte incremento en la glosa de “difusión y publicidad” se debe al año electoral:

-En año de elecciones los alcaldes inauguran más cosas y el año es más corto, tiene una duración hasta el mes de julio, más o menos. Es natural que los alcaldes aceleren el proceso. Se aprietan montones de cosas. Hay más avisos, porque algunas cosas se podrían haber hecho después de octubre, pero se hacen antes. No hay que taparse los ojos, ocurre en todos lados. Es un cambio de ritmo que hay en la concreción de algunas cosas.

En general, dice Quelempán, esto no debiese significar que aumenten los gastos globales de “difusión y publicidad” del año: “Son los mismos presupuestos, lo que cambia es la aceleración y el ritmo”.

El administrador de Peñalolén, Jorge Pilowsky, opina en la misma dirección: “Este año tenemos una inversión de $24.600 millones en proyectos. Tenemos 76 proyectos andando y el año pasado teníamos 36. Hasta agosto (de 2012) hemos gastado $127 millones en publicidad, por lo tanto es el 0,5% del presupuesto”.

En Ñuñoa el promedio del gasto en “difusión y publicidad” entre 2009 y 2011, fue de $228 millones, lo que ubicó a esa comuna en los primeros lugares de los rankings de cada año. Hasta junio de 2012, ya había desembolsado $177 millones, correspondiente al 78% del promedio de los tres años anteriores. Su director de Administración y Finanzas, Mauricio Galle, explicó que “este año el presupuesto de ‘difusión y publicidad’ es menor que el del año pasado. Lo que ha habido es una mayor ejecución del gasto (…). El año pasado el presupuesto era de $361 millones y ahora es de $357 millones. Ejecutados a junio (de 2011) teníamos casi $100 millones y ahora $150 millones (aunque la Contraloría registra $177 millones), o sea que no hay una gran diferencia”.

Las cifras que entrega Contraloría indican que ya en el primer semestre, varios municipios habían gastado más en “difusión” que en todo el año anterior, lo que explicaría la multiplicación de pendones, lienzos y revistas comunales con información sobre las “realizaciones” de los alcaldes.

En el caso de Renca, en todo el 2011 desembolsó $157 millones en “difusión” y en 2012, hasta junio, llevaba en su cuenta $184 millones; Lo Barnechea pasó $202 millones en 2011 a $217 millones en 2012; San Bernardo de $73 millones a $91 millones; La Cisterna de $11 millones a $20 millones y Estación Central de $63 millones a $66 millones.

Otra explicación para el aumento en los gastos en comunicaciones es que algunos municipios este año han optado por un proceso de adquisición más rápido, pero más caro. Así lo señala el jefe de Contabilidad de San Bernardo, Miguel Berríos: “El año pasado las solicitudes se levantaban en el portal de Mercado Público (Chile Compra). Entonces, toda la gente podía hacer una propuesta. Hace poco salieron los convenios-marco y resulta más fácil, porque entras al portal de Chile Compra y compras automáticamente, pero es más caro”.

En Puente Alto, el director de Administración y Finanzas, Cristián Ramírez, explicó que uno de los gastos en “difusión” que incrementaron la cuenta de este año fue una campaña para promover la matrícula en colegios municipales:

-Tuvimos que trabajar fuertemente la campaña del área de Educación, porque dado la gran cantidad de paros que hubo el año pasado, la pérdida de matrícula que teníamos era fuerte (…). Se incrementaron los gastos porque una pérdida de matrícula produce pérdida de subvención, pero el gasto en los establecimientos municipales se mantiene fijo.

El argumento es curioso, porque en Puente Alto la administración del sector educación está en manos de una corporación, separada de las cuentas municipales. Precisamente porque varias municipalidades han creado corporaciones que no dan cuenta de sus gastos en el Informe Presupuestario Municipal de la Contraloría, los registros de ese organismo fiscalizador -que sirvieron de base para esta investigación- no permiten analizar ni comparar la gestión de todas las comunas en los ámbitos de Educación y Salud. Ese análisis, sin duda, arrojaría resultados aún más desoladores.

Un anticipo de aquello fue la auditoría que hizo la Contraloría al uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a los escolares más pobres, y que determinó que, contrario a lo que indica la ley, los municipios estaban utilizando esos recursos en “fines distintos (…), incumpliendo el propósito del legislador de destinarlos al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios”.

El análisis de esa auditoría, difundido en un reportaje que CIPER publicó en mayo pasado, grafica lo que sucede cuando las autoridades que deben fiscalizar el uso de los recursos municipales, prefieren mirar para el lado. Una vez que la Contraloría detectó el uso indebido de la subvención destinada a los escolares más pobres y fondos faltantes por $25 mil millones, no hubo sanciones. El Parlamento promulgó un “perdonazo” a los alcaldes -la mayoría de los cuales van a la reelección este domingo- que desviaron estos recursos a otros fines.