Financiamiento ilegal de la política: Los pagos de las pesqueras

Después de poner bajo el microscopio las finanzas del Grupo Penta y de SQM, la investigación del Ministerio Público sobre fraude tributario y financiamiento ilegal de la política está a sólo un par de pasos de escanear las cuentas de otro influyente actor del mercado: las empresas pesqueras. La clave que puede orientar la indagatoria hacia el rubro de la pesca está en la nómina de contribuyentes que el Servicio de Impuestos Internos (SII) adjuntó a la denuncia que formuló contra SQM el jueves 2 de abril. En esa lista figuran personas que recibieron pagos de SQM por trabajos que no tienen respaldo en la contabilidad de la compañía y que pudieron canalizar ese dinero a campañas políticas.

De aquella nómina dos datos resaltaron ante los funcionarios del SII y los fiscales: entre esos nombres hay varios que, además de cobrar a SQM, también emitieron boletas para pesqueras; y algunos de estos contribuyentes están relacionados con el entorno de Pablo Longueira (UDI), el ex ministro de Economía que negoció la actual Ley de Pesca, norma que favoreció ampliamente los intereses de la industria (vea el reportaje de CIPER: «Así votaron los 107 diputados que definieron el articulado de la Ley de Pesca»).

Pablo Longueira

De acuerdo al rastreo que hizo CIPER, al menos seis son los contribuyentes que aparecen en la nómina elaborada por el SII que recibieron dinero de SQM y que en paralelo emitieron boletas para tres entidades pesqueras: Pesquera El Golfo (empresa que ahora opera bajo el nombre de Blumar), Corpesca (que ya es investigada por supuestos sobornos pagados a la ex diputada Marta Isasi) y Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros). Esta última es una agrupación gremial integrada por las compañías Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Biobío, Congelados Pacífico, Camanchaca, Foodcorp, Landes y Blumar Seafoods.

Las grandes empresas pesqueras han tenido un rol relevante en los aportes legales a campañas políticas que se realizan a través del Servicio Electoral (Servel). Estas donaciones vía Servel supuestamente son reservadas, pues la ley establece que los candidatos favorecidos no deben enterarse del aporte para que no sean presionados por sus financistas en caso de que ganen la elección y se conviertan en autoridades. Pero como lo ha probado la investigación judicial al Grupo Penta y SQM, al parecer los únicos que no se enteran de estas donaciones son los ciudadanos, ya que la reserva entre la empresa y el candidato ha sido vulnerada de manera habitual.

Una investigación publicada por CIPER en 2013 sobre los aportes legales reservados acordados por los directorios de las más grandes empresas del país (vea el reportaje “Los secretos de las empresas que financian la política (II): Mineras, banca, pesqueras y más”), detectó al menos a cuatro pesqueras que hicieron donaciones a candidatos por un monto global de $180 millones: Camanchaca, Camanchaca Pesca Sur, Corpesca y Blumar.

De las cuatro compañías mencionadas, dos aparecen ahora como receptoras de boletas de personas que son investigadas por haber cobrado honorarios a SQM sin respaldo: Corpesca, que pertenece al Grupo Angelini, y Blumar (en su calidad de heredera de Pesquera El Golfo), que es controlada por la familia Sarquis y el Grupo Yaconi-Santa Cruz.

EL GOLFO, ASIPES Y LONGUEIRA

La primera luz de alerta por la coincidencia de contribuyentes pagados por SQM que también recibieron dinero de pesqueras, se encendió en las oficinas de Impuestos Internos el pasado jueves 26 de marzo. Solange Andrea Hermosilla Chandía se presentó ese día ante los fiscalizadores tributarios. Había sido citada para que aclarara por qué había emitido en 2009 una boleta por $5 millones a SQM, pues en los libros de la empresa no había ni el más mínimo registro del servicio que ella supuestamente prestó a la minera. Junto con admitir que jamás trabajó para SQM, Solange Hermosilla agregó un par de datos explosivos: la boleta para SQM se la pidió Carmen Luz Valdivielso (“Titi”), una histórica y estrecha asesora de Pablo Longueira, quien además le encargó que hiciera otra boleta a nombre de Pesquera El Golfo.

Una tercera boleta firmada por Solange Hermosilla fue pagada por el Centro de Estudios de la Nueva Minería, una sociedad creada y dirigida por el ex diputado Cristián Leay (UDI), miembro del círculo político más estrecho de Longueira, su socio y amigo de toda una vida (vea el reportaje de CIPER “Pagos ilícitos de SQM: las pistas que llevan a Cristián Leay y a las fundaciones de Longueira”).

“Los servicios (a SQM) nunca los presté, sólo emití la boleta de honorarios, donde fui contactada por ‘Titi’ Valdivielso (Carmen Luz Valdivielso), quien al parecer es asesora de Pablo Longueira (…). El monto líquido ($5 millones) lo recibí el 1 de diciembre de 2009 en mi cuenta corriente del banco Santander y el día 3 lo deposité en la cuenta corriente de ‘Titi’ Valdivielso, de acuerdo a las instrucciones que ella me dio”, declaró Hermosilla ante los fiscalizadores del SII. Su testimonio fue incorporado a la denuncia contra los ejecutivos de SQM presentada por Impuestos Internos el pasado 2 de abril.

Solange Hermosilla fue contactada por CIPER. La estudiante de Ingeniería Comercial pidió que le escribiéramos a su correo, pero nunca respondió. En su testimonio ante el SII, dijo que había aceptado la proposición de Carmen Luz Valdivielso, porque “estaba recién comenzando a trabajar y no nos pagaban en las fechas que correspondía (…), por lo que no tenía dinero suficiente para mis deudas”.

Carmen Luz Valdivielso Almarza rechazó conversar con CIPER. La histórica mujer de confianza de Pablo Longueira, su ex jefa de gabinete en el Senado y ex asesora en el Ministerio de Economía, trabaja en las oficinas del inmueble signado con el 0281 de Nueva Los Leones, Providencia. Allí funciona la Fundación Chile Justo, creada por Longueira, y de la cual “Titi” Valdivielso es directora ejecutiva y tesorera. En la misma dirección operan otros dos proyectos de Longueira: la Fundación Chile Cultura y la Fundación Web. Y también dos empresas comerciales en las que el ex ministro es socio con Cristián Leay: la importadora Imex y la corredora de seguros Agora.

La Pesquera El Golfo ya no existe. En 2011 fue absorbida por Pesquera Itata y de allí surgió la empresa Blumar. El gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, sí respondió a CIPER. El ejecutivo reconoció que su antecesora El Golfo efectivamente pagó honorarios a Solange Hermosilla, pero aseguró que no tiene conocimiento de cuáles fueron los servicios prestados: “Hemos revisado ahora los registros históricos contables de Pesquera El Golfo y existe una boleta de honorarios por $5 millones a nombre de Solange Hermosilla por servicios prestados en 2009, pero desconozco el alcance de dichos servicios”.

El gerente de Blumar no respondió las consultas de CIPER sobre la situación de otra contribuyente inscrita en la nómina enviada por el SII a la Fiscalía el pasado jueves 2 de abril: Pamela Cristina Campos Joost. Ella emitió boletas para SQM por un total de $9,2 millones y figura, en paralelo, cobrando honorarios a la Pesquera El Golfo. No es el único pago que la vincula con este rubro: también entregó boletas a Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros). Sus nexos con el mundo políticos son múltiples: ha recibido pagos de la Fundación Jaime Guzmán, de la UDI, de la Municipalidad de Recoleta (alcaldía que hasta 2012 estuvo en manos de la UDI) y de la Universidad del Desarrollo (en cuyo control participaban los dueños del Grupo Penta, el ex ministro Joaquín Lavín y la familia del ex presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva).

Pamela Campos Joost también prestó servicios a Bancard, la sociedad de inversión del ex presidente Sebastián Piñera y aparece como proveedora de servicios en la campaña electoral del ex mandatario en 2009, el mismo año en que boleteó para SQM y Pesquera El Golfo.

Aunque en Blumar no respondieron si en la contabilidad histórica de Pesquera El Golfo aparecían honorarios pagados a Pamela Campos Joost, en la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) sí confirmaron que pagaron por sus servicios. La Asipes no detalló qué tipo de trabajos encomendó a Pamela Campos Joost. En una declaración que hizo llegar a CIPER, esa agrupación gremial informó de manera genérica que “Asipes le solicitó una tarea que fue ejecutada y que era necesaria, en su oportunidad, para el correcto desarrollo de las labores de esta asociación gremial”.

En el mismo mensaje, la Asipes confirmó que también pagó honorarios a los abogados Sebastián Prat Panatt y Alfonso Mora Domínguez, quienes también figuran en la nómina de contribuyentes que boletearon para SQM y que Impuestos Internos hizo llegar a la Fiscalía. Ambos profesionales rehusaron conversar con CIPER.

Sobre los trabajos que encargó a Prat y Mora, la Asipes también fue escueta y genérica: “Los abogados Alfonso Agustín Mora Domínguez y Sebastián Prat Panatt han prestado servicios a este gremio, conforme a las tareas encomendadas”.

Alfonso Mora Domínguez tiene, además, un vínculo familiar con el ex ministro Pablo Longueira: es hijo de  María Domínguez Longueira, prima del histórico líder de la UDI. Y también ha cobrado honorarios al Centro de Estudios Nueva Minería, la sociedad comercial del ex diputado y socio de Longueira, Cristián Leay.

Respecto de los pagos que hizo Asipes a Pamela Campos, Sebastián Prat y Alfonso Mora, la asociación informó que en total sumaron $11,3 millones, monto que calificó como “absolutamente acorde a los servicios profesionales recibidos”.

Otro nombre que figura en la nómina entregada por el SII a la Fiscalía y que está relacionado con Longueira y con el rubro de la pesca es el de José Carlos Feres Ducci, quien recibió $12 millones de SQM. Su padre es Carlos Feres Rebolledo, quien presidió la Empresa Portuaria de Talcahuano y fue el asesor de Longueira en el Ministerio de Economía que encabezó las negociaciones para tramitar la Ley de Pesca.

CORPESCA: NUEVO NEXO CON MARTA ISASI

No es esta la primera vez que la empresa del Grupo Angelini, Corpesca, se ve envuelta en una investigación referida a financiamiento ilegal de la política. En mayo de 2013, CIPER informó que Georgio Carrillo, el ex jefe de gabinete de la entonces diputada por Iquique Marta Isasi, admitió haber recibido pagos de Corpesca por asesorías ficticias y que ese dinero ($25 millones) estaba destinado a la parlamentaria (vea el reportaje de CIPER “Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”).

Marta Isasi

Un año antes, en julio de 2012, la Cámara de Diputados había aprobado los cambios a la Ley de Pesca que promovía el ministro de Economía, Pablo Longueira. Los votos de Marta Isasi favorecieron las posiciones que defendía la industria. CIPER acreditó que durante la tramitación de la norma la diputada recibió una minuta de 21 páginas del entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, donde le explicaba cómo se debía defender los intereses de las pesqueras (vea el reportaje de CIPER: “Ley de Pesca: juicio por cohecho amenaza con quitar anonimato de aportes privados de campaña”).

Los reportajes de CIPER incluyeron las declaraciones del gerente general de Corpesca, Francisco Mujica Ortúzar, quien admitió el pago de los $25 millones a Georgio Carrillo y confirmó que su empresa también había hecho aportes reservados, a través del Servel, a la campaña de Marta Isasi. En sus declaraciones, Mujica reconoció que su compañía además había aportado, a través de la vía legal del Servel, a “muchos más” candidatos. Este fue parte del diálogo que sostuvo con CIPER:

-¿Esas platas pagadas a Isasi fueron para que la diputada votara como votó en la Ley de Pesca?
-No, nosotros tenemos una relación con ella desde que partió en el norte y la seguiremos teniendo…

-Entonces, ¿ustedes le han financiado sus campañas electorales?
-Nosotros hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios pero en forma absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más.

-¿A quiénes más?
-No, eso no lo puedo decir, pues en la Ley Electoral las donaciones son absolutamente anónimas. Muchos actores políticos se acercan a nosotros y ella lo hizo para pedirnos que le ayudáramos a financiar su campaña.

Cuatro días después de la publicación de este diálogo, que confirmó que Corpesca financió a “muchos” candidatos ad portas de la discusión de la Ley de Pesca, el directorio de la empresa anunció la salida de Mujica.

Dos procesos judiciales se originaron por la revelación del vínculo entre Isasi y Corpesca: uno por fraude al Fisco (que lleva la Fiscalía de Valparaíso) y otro por soborno y cohecho (en manos de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la zona oriente metropolitana, a cargo del fiscal Carlos Gajardo). En este último proceso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de Francisco Mujica, Marta Isasi y Georgio Carrillo.

Ahora, Corpesca de nuevo se ve envuelta en una investigación de aportes ilegales a la política. La lista de contribuyentes presentada por Impuestos Internos junto a la denuncia que hizo a inicios de abril, incluye dos personas que, además de boletear para SQM, también cobraron honorarios a Corpesca: Carolina Isabel Gazitúa Larenas y María Francisca Cuellar Toro.

Carolina Gazitúa  es ingeniera en Administración de Empresas y ex asesora del senador por Tarapacá Jaime Orpis (UDI). De SQM recibió $3 millones y cobró por servicios prestados a Corpesca, entre 2008 y 2013,  un total de $73 millones.

La abogada María Francisca Cuellar Toro también cobró $3 millones a SQM y, además de boletear para Corpesca, su registro laboral indica que fue analista del Departamento Jurídico del Serviu de Tarapacá entre 2011 y 2013. Antes, entre marzo de 2008 y enero de 2009, fue secretaria municipal suplente del alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos (UDI). En 2004 fue vicepresidenta de la juventud UDI.

Dos semanas antes de que el SII presentara ante la Fiscalía su denuncia contra los representantes de SQM, en el Juzgado de Garantía de Iquique surgió una nueva pista que vincula a la ex diputada Marta Isasi con Corpesca. El 18 de marzo pasado ingresó a ese tribunal una querella por violencia intrafamiliar en contra de Esteban Patricio Zavala González, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Marta Isasi en reemplazo de Georgio Carrillo, cargo que ocupó hasta el final de ese periodo parlamentario en marzo de 2014 (Isasi no se presentó a la reelección).

La querella fue ingresada al tribunal iquiqueño por Varilia Galindo Salamanca, conviviente de Esteban Zavala, quien lo acusa de haberle provocado lesiones menos graves. En el escrito, la querellante informó al tribunal que Zavala, a petición de la ex diputada Marta Isasi, prestó servicios a Corpesca.

La pesquera del Grupo Angelini rehusó responder los requerimientos de CIPER sobre sus vínculos laborales o comerciales con Carolina Gazitúa, María Francisca Cuellar y Esteban Zavala. La empresa indicó que sólo lo haría de manera formal ante una solicitud del órgano judicial competente. Sin embargo, una fuente estrechamente relacionada con la compañía, confirmó que al menos en el caso de Zavala sí hubo pagos de Corpesca. Las boletas emitidas por Zavala para la pesquera del Grupo Angelini fueron cuatro: una de ellas en 2011 y las restantes en 2013.

CIPER contactó a Zavala, quien señaló que es ingeniero industrial y que su especialidad es “hacer auditorías y fiscalizaciones a sistemas de control de distintas materias, como los de gestión o áreas de compra”. El asesor de Marta Isasi reconoció que en 2011 hizo una asesoría para Corpesca para elaborar “un diagnóstico sobre el sistema de compras y el sistema de abastecimiento de materias primas en el proceso de la industria de la pesca”. El informe de esa asesoría, dijo, lo entregó a la gerencia regional de Corpesca.

Según la versión de Zavala, con posterioridad a ese diagnóstico se produjo una modificación al sistema de adquisiciones de la empresa, lo que originó una nueva asesoría que se desarrolló en los meses de febrero, marzo y abril de 2013. No informó cuánto cobró por estos servicios.

Zavala indicó que trabaja como asesor de Marta Isasi desde fines de 2010, de manera tal que, cuando entregó la primera boleta a Corpesca, ya era parte del equipo de una diputada que debía participar en la discusión legislativa de la Ley de Pesca. Y cuando emitió las boletas restantes, entre febrero y abril de 2013, ya era el jefe de gabinete de la misma parlamentaria que, como integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, respaldó al ministro Longueira en la tramitación de la principal ley que regula al sector.