CDE pide al fiscal nacional que dirija la investigación contra Wagner por fallida licitación del litio

Una carta con el sello del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó a la Fiscalía Nacional el pasado miércoles 20 de mayo. Su destinatario era el fiscal nacional, Sabás Chahuán. Venía también con un anexo: la copia de una querella presentada el 27 de julio de 2013 en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por falsificación o uso malicioso de instrumento público. Los acusados eran el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y la ex fiscal de ese ministerio, Jimena Bronfman. Ambos fueron imputados por su rol en la primera licitación del litio, un proceso millonario que fue adjudicado fraudulentamente a SQM y que, tras descubrirse una serie de irregularidades, fue anulado (ver reportaje de CIPER). Por eso Wagner tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Minería. A través del documento que lleva la firma de la abogada Irma Soto, el CDE le pidió al fiscal nacional que se haga cargo personalmente de dirigir la investigación de esa causa. Los motivos son dos. El primero, “por la investidura de las personas involucradas”. El segundo –y el más importante–, porque los datos que podrían surgir de esa investigación serían clave para que Sabás Chahuán demuestre la otra acusación que dirige contra Wagner por cohecho, soborno y lavado de activos, y que hoy lo tiene bajo arresto domiciliario.

Sabas Chahuán

Inicialmente, la acusación contra Wagner por el supuesto pago de coimas –en la que el CDE figura como querellante desde noviembre de 2014–, apuntaba al rol que el entonces subsecretario de Minería pudo haber tenido en la tramitación del proyecto Minera Dominga, de la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta. Pero la nueva acción legal del CDE se dirige a otro foco: los pagos que eventualmente podrían haber incidido en que SQM se adjudicara en 2012 derechos de explotación de 100 mil toneladas de litio, un lucrativo negocio para la minera controlada por Julio Ponce Lerou. Cuando se abrió la oferta económica, SQM arrasó con una propuesta de US$ 40,1 millones ($19.301 millones)

Dice la carta que envió el CDE al fiscal nacional:

1. Todas las irregularidades se encaminaban a beneficiar al oferente inhabilitado, SOQUIMICH,
2. Todas las irregularidades fueron dirigidas por doña Jimena Bronfman, Fiscal del Ministerio de Minería, Secretaria del Comité Especial Licitación –comité encargado de velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos de la licitación–, y por don Pablo Wagner San Martín, Ministro de Minería subrogante, Presidente del Comité Especial de Licitación.

No es antojadizo el vínculo entre la investigación por las irregularidades en la licitación del litio y las que lleva adelante el Ministerio Público por corrupción. Las primeras pistas que involucraron en la investigación sobre fraude tributario y financiamiento ilegal de campañas políticas a la minera que controla el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, están estrechamente vinculadas a Wagner y los pagos irregulares que obtuvo mientras fue subsecretario. Porque fue en esa investigación que surgió primero la evidencia de los $42 millones que recibió Wagner del Grupo Penta y los $24 millones que le canceló su empresa Génesis Partners, todos a través de boletas emitidas por su cuñada, María Carolina de la Cerda. Y luego, se descubriría otra transferencia con el mismo mecanismo de triangulación, pero esta vez pagada por Soquimich (*ver nota de la redacción al final del texto).

En 2009, antes de que Wagner fuera nombrado por Sebastián Piñera como parte de su equipo de subsecretarios, De la Cerda emitió una primera boleta por $7,5 millones a Soquimich, a solicitud de Wagner. Así consta en la querella que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó contra ambos en enero de 2015 (ver querella). Ese dinero no habría llegado nunca a la cuenta del ex funcionario de gobierno, sino que se habría utilizado para financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín. La defensa de Wagner argumenta que ese pago no tenía nada que ver con la licitación del litio, ya que se habría hecho mucho antes de que su representado asumiera su cargo público.

LA LICITACIÓN QUE TERMINÓ EN FIASCO

Pasaron tres meses desde que el CDE decidió querellarse contra Pablo Wagner y Jimena Bronfman y, finalmente, a fines de julio de 2013 presentó la acción judicial por posible falsificación de instrumento público. Así, el organismo encargado de defender judicialmente los intereses del Estado no sólo oficializó su participación en la investigación que ya llevaba adelante el Ministerio Público para determinar si en la fallida licitación del litio existió fraude al Fisco, sino que también ampliaba la indagación para perseguir las eventuales responsabilidades penales de Wagner, quien “debía velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación”. Sobre todo porque el ministro titular, Hernán de Solminihac, se había inhabilitado de participar en el proceso porque su hermano era ejecutivo importante de la contraparte (SQM).

Como subsecretario, ministro subrogante y presidente del Comité Especial del Licitación (CEL), Wagner firmó el acta que supuestamente acreditaba que SQM cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos en las bases. Pero no era así: un requisito mínimo era que la empresa que se adjudicara el contrato no podía tener litigios pendientes con el Estado. Si los tenía, quedaba fuera de competencia. Y SQM tenía al menos 20 juicios abiertos con el Fisco, la Tesorería, la Dirección General de Aguas y la Seremi de Salud. En una primera declaración jurada, los ejecutivos de SQM Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac habían negado la información. Al percatarse de ello en el ministerio de Minería, en vez de rechazar su propuesta, que era lo que correspondía, se les pidió –por fuera de las bases– una segunda declaración. Allí simplemente omitieron la información.Tanto Ramos como De Solminihac, hoy gerente general de SQM, también son objeto de una investigación judicial por supuesto fraude al Fisco.

Julio Ponce Lerou

La querella del CDE también apuntó a Bronfman, la jefa jurídica de la Subsecretaría de Minería, quien también firmó el documento que, a juicio del CDE, “no se ajusta a la verdad”. Primero, porque la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, una tarea que era atribución del CEL, fue encargada a dos abogados del ministerio que no formaban parte de esa instancia. Ni siquiera trabajaban en la división jurídica de esa cartera. El abogado que revisó los antecedentes de SQM declaró que sólo revisó que se hayan presentado los documentos, y no su contenido. Por lo tanto, el acta de cierre de evaluación de requisitos que firmaron Wagner y Bronfman y que dice que “el CEL certifica” que se cumple lo establecido en las bases, es falso, ya que la reunión en que el CEL debía revisar los antecedentes nunca se realizó. En base a eso, la licitación se adjudicó a Soquimich el 25 de septiembre de 2012.

Poco después todo el proceso se vino abajo, y el 1 de octubre de ese mismo año, el CEL invalidó la licitación, dando inicio a otro proceso de irregularidades que aparece detallado en la investigación publicada por CIPER en noviembre de 2012.

Tanto Wagner como Bronfman debieron renunciar a sus cargos. A Bronfman también se le cuestiona por haber devuelto los antecedentes a las empresas participantes tras la anulación de la licitación, impidiendo que el proceso se retrotrajera y que el Estado cobrara la boleta de garantía por US$ 4 millones que SQM había firmado al adjudicarse de forma fraudulenta y por 20 años la exploración y explotación de 100 toneladas de litio metálico.

Los antecedentes que en los últimos meses han surgido respecto a la relación de SQM con el financiamiento ilegal de la política, y en especial con los pagos que la vinculan a Wagner, han abierto una nueva arista en la investigación tras la fallida licitación del litio. El nexo que puedan tener esos hechos, deberá ser determinado por el Ministerio Público. Y si accede a la petición del CDE, por el mismo fiscal nacional.

Nota de la Redacción: En la versión original de este artículo se mencionó por error una segunda boleta emitida por De la Cerda a SQM en 2010. Luego de que sus abogados solicitaran una rectificación, CIPER verificó que esa boleta no existe.