La historia de los US$50 millones que le quedó debiendo Saddam Hussein a Cardoen por las bombas de racimo

23 senadores acordaron el 22 de enero pedirle al Presidente Piñera que preste “auxilio” a Carlos Cardoen. Fue el último fruto del potente lobby del empresario para desactivar la orden de detención de Interpol que lo tiene cautivo en Chile desde 1993. Sus redes pesan: siempre consigue que el Senado y La Moneda lo apoyen en su larga pugna con EE.UU., que lo acusa de contrabando de circonio para fabricar las bombas que vendía a Saddam Hussein. De ese negocio le quedó un fleco de US$50 millones que intentó recuperar comisionando al abogado Juan Pablo Hermosilla. CIPER encontró las actas de esa misión y rastreó la red que tejió en paraísos fiscales desde sus negocios con Hussein.

“Traficante de armas”, “viuda negra de la muerte” y “contrabandista de materiales prohibidos para fabricar bombas”. Esos son algunos de los calificativos que recibió el empresario Carlos Cardoen Cornejo hace casi 30 años, cuando se instaló en la vereda equivocada y fue considerado un enemigo por las autoridades de Estados Unidos.

Poco tiempo antes su situación era otra: Cardoen le vendía bombas de racimo al régimen de Saddam Hussein con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, el que estaba interesado en proveer solapadamente de armas a Irak en su guerra con Irán, un enemigo que Washington consideraba mucho más peligroso. El giro ocurrió cuando Hussein invadió Kuwait (1990), y el entonces líder iraquí pasó a ser un indeseable para el gobierno estadounidense, que acusó a Cardoen de contrabando de circonio, material indispensable para la construcción de las bombas de racimo. El circonio era importado a Chile con la excusa de que sería utilizado para la actividad minera.

Cardoen se defendió y acusó al gobierno de George Bush de haber sabido siempre que el circonio lo utilizaba para las bombas. Las autoridades de ese país han sido sordas a sus alegatos: le confiscaron propiedades en Miami y, en paralelo, requisaron la que sería su próxima joya, un helicóptero Bell adaptado para la guerra, el que pretendía comercializar en el tercer mundo.

Desde inicios de la década del ’90, Cardoen integra la lista de personas buscadas con Alerta Roja por la Interpol. Una marca que le ha impedido desde entonces viajar fuera de Chile ante el riesgo cierto de ser detenido.

Durante 25 años Estados Unidos no lo ha sacado de esa lista, pero tampoco ha pedido su extradición. Cardoen acusa que lo han sometido a un castigo eterno e injusto, porque no está prófugo y su domicilio es conocido.

Cada cierto tiempo, cuando se acerca el plazo en que Interpol debe renovar la Alerta Roja, el lobby del empresario chileno se activa: los parlamentarios deciden prestarle apoyo oficial y el gobierno chileno despacha oficios diplomáticos intercediendo a su favor. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora: la semana pasada el Senado pidió al Presidente Sebastián Piñera que brinde “auxilio” al empresario, aprovechando que en octubre de este año se desarrollará en Chile la asamblea general de Interpol.

Carlos Cardoen con Saddam Hussein.

Y si bien Cardoen debió abandonar su negocio de armas y reciclarse con empresas en rubros diversos -viñas, hoteles, casinos, museos, proyectos inmobiliarios y otros-, lo cierto es que uno de los flecos clave de esa época lo mantuvo activo. Porque el que fuera el fabricante de armas favorito de Pinochet en los ’80, no desistió de cobrar los millones de dólares que Irak le quedó debiendo desde la época en que proveía a ese país de las mortales bombas de racimo. Una arista que se silencia a la hora de desplegar el lobby en su favor.

CIPER encontró dos actas de directorio de Metalnor (Metalúrgica del Norte), la continuadora de Industrias Cardoen, sociedad que utilizaba para su negocio de armas, que revelan los intentos que ha hecho por cobrar lo que le adeudaría el Estado iraquí, tarea que le encomendó al abogado Juan Pablo Hermosilla.

MISIÓN ESPECIAL

El negocio de la venta de bombas encumbró a Carlos Cardoen en la lista de los hombres más ricos de Chile. Las cifras varían. En su arremetida judicial, Estados Unidos lo acusó de haber vendido 29 mil bombas de racimo a Irak por US$200 millones. El monto aumentó cuando en octubre de 1990, quien fuera el representante de Cardoen ante Irak, Nasser Beydoun, lo demandó alegando que le debía dinero. En ese escrito señaló que solo a Irak le vendieron US$467 millones.

Pero hay cifras que hasta ahora no se conocían: US$50 millones que Cardoen le siguió cobrando al Estado iraquí.

“Facultar al abogado Juan Pablo Hermosilla Osorio para que represente a la sociedad en Jordania en todos los trámites necesarios para la recuperación de los dineros que el gobierno iraquí adeuda a la sociedad como sucesora de Industrias Cardoen, conforme a las verificaciones de crédito efectuadas por la sociedad Al Sanaya Trading Co. representada por Adnan Mohammed Abdul-Rahman Abu-Azizeh ante la Iraq Debt Reconciliation Office y ante otras autoridades del gobierno iraquí”.

Ese es un extracto del acta de la sesión de directorio de Metalnor realizada el 8 de enero de 2008, en un edificio de Vitacura. En ese directorio participaron Carlos Cardoen, su hijo Andrés Cardoen Aylwin y Jorge Ondarza Barra (hombre de confianza de la familia). En la misma sesión se facultó a Juan Pablo Hermosilla para “efectuar todos los trámites que le sean requeridos, incluso abrir cuentas corrientes y otorgar comisiones de confianza” (ver acta). Lo que no se pudo establecer en este reportaje, es si el dinero efectivamente fue recuperado por Cardoen.

La Iraq Debt Reconciliation Office fue una repartición que instaló el gobierno iraquí para canalizar los reclamos y reestructurar la deuda de ese país, luego de la invasión de Estados Unidos en 2003. Según los cálculos de Cardoen, el Estado de Irak le debía US$50 millones. Esa fue la cifra que le imputó a la Iraq Debt Reconciliation Office.

El abogado Juan Pablo Hermosilla.

El abogado Juan Pablo Hermosilla no quiso referirse a esta misión especial que le encargó Cardoen en 2008, aduciendo secreto profesional. Pero CIPER pudo rastrear algunas actividades que realizó en la búsqueda de los US$50 millones reclamados por el empresario chileno. En enero de 2008 abrió una cuenta corriente a nombre de Metalnor en el Jordan Ahli Bank (N° 503274). El plan de Cardoen era que en esa cuenta se depositaran los dineros adeudados por Irak.

No es extraño que Cardoen le encargara esta misión a Juan Pablo Hermosilla. Ya antes el abogado había trabajado para él. En 1993 lo representó en los múltiples conflictos que entonces se le abrieron por la ofensiva estadounidense que lo acusaba de traficar circonio. El padre del abogado, Nurieldín Hermosilla, también lo representó para enfrentar a la familia del periodista británico Jonathan Moyle, quien apareció muerto en una habitación del Hotel Carrera en 1990, cuando cubría la Fidae de ese año. La familia de Moyle apuntaba a Cardoen como sospechoso, porque el periodista recopilaba antecedentes sobre el tráfico de armas a Irak.

Una segunda acta de directorio de Metalnor detectada por CIPER está fechada el 22 de enero de 2008. En ella aparecen otros detalles de la operación para cobrar los US$50 millones al gobierno iraquí:

“Para los efectos de las verificaciones de crédito y cobranza extrajudicial del mencionado crédito, Metalnor S.A. ha sido representada por la sociedad Al Sanaya Trading Co”.

Según el mismo documento, el representante de esa sociedad, Adnan Mohammed Adbul-Rahman Abu-Azizeh le informó a Cardoen que “terceros han ofrecido sus servicios de intermediarios para facilitar los cobros extrajudiciales de los montos adeudados a Metalnor, quienes por dichos servicios actuarían como comisionistas y cobrarían una comisión equivalente al 50% de lo que se recupere, cuestión que se ha aceptado, sin perjuicio de no conocer Metalnor ni sus ejecutivos, a estos terceros ni haber estado en contacto directo con ellos” (ver acta).

Carlos Cardoen sabía que lograr el pago total de la deuda era algo muy difícil. De otra forma no se entiende que haya aceptado pagar hasta US$25 millones (la mitad de lo que  reclamaba) a comisionistas para que agilizaran el trámite. Incluso, se puso en el caso de que estos comisionistas actuaran al margen de la ley para lograr su cometido, y dejó por escrito su rechazo a tales prácticas:

“Metalnor tiene el mayor interés en recuperar total o parcialmente la deuda en cuestión, en tanto esto, no le signifique realizar ninguna actividad ilegal, conforme a las leyes chilenas ni las jordanas (en Jordania funcionó la oficina para el cobro de las deudas del gobierno iraquí). Para estos efectos, y siempre sobre el presupuesto de actuar dentro de los marcos legales, ha manifestado a Adnan Mohammed Abdul-Rahman y Al Sanaya Trading Co, que está dispuesta a pagar a terceros una comisión equivalente al 50% del recupero, más una equivalente al 10% de lo que reciba a Al Sanaya Trading Co”.

Cobrar esa deuda al Estado iraquí era una misión tan difícil, que Cardoen estuvo dispuesto a reducir al mínimo lo que, en ese evento, llegaría a sus manos. Le dejó el 50% del total adeudado a los comisionistas ya mencionados; otro 10% a sus representantes en Jordania; un monto no precisado para su abogado chileno (J.P. Hermosilla), y otro porcentaje para el grupo de abogados Rajai K. Dajani & Associates, entonces domiciliados en la Jordan Tower Building (Jordania), al que contrató para apoyar su demanda en paralelo.

El acta de la sesión de directorio de Metalnor da cuenta que Cardoen estaba abierto a la posibilidad de que Irak le pagara en dinero “o en otra clase de bienes”. Una fórmula que ya en los ‘80 el empresario reconoció ante el corresponsal en Chile del Washington Post: el régimen de Hussein le pagaba en dinero y también en petróleo.

Hasta el cierre de este reportaje en Industrias Cardoen no respondieron ni los llamados ni los mensajes de CIPER para entregar su versión sobre esta operación de cobro de deuda ante Irak. Tampoco quisieron comentar el otro hallazgo de esta investigación: la extensa red de sociedades en paraísos fiscales que ha tejido Cardoen desde los ’80 hasta hoy.

LA TRAMA EN PARAÍSOS FISCALES

Cuando a inicios de los ‘90 Cardoen cayó en desgracia ante los estadounidenses, su multimillonario negocio de venta de armas a países como Irak, Sudáfrica, Zimbabue, Etiopía y Arabia Saudita, era controlado en parte por sociedades alojadas en paraísos fiscales. La matriz societaria era Industrias Cardoen, una empresa formada en 1977, cuando el empresario recién se iniciaba en el negocio de los explosivos.

Uno de los accionistas de Industrias Cardoen era Inversiones Miami Lakes, la que a su vez era controlada en un 90% por Swissco Management AG, una sociedad inscrita en Liechstenstein, un principado que colinda con Suiza y con Austria. Swissco Management estuvo activa entre 1986 y 1994. No fue posible saber a cuánto llegó su patrimonio, por el secreto con el que los paraísos fiscales protegen la información financiera.

El 28 de octubre de 1993 Inversiones Miami Lakes fue modificada. Se retiró el accionista Swissco Management AG, la que cedió su participación a Humboldt Investments S.A., empresa constituida en Uruguay, país que entonces también era un paraíso fiscal. A diferencia de las otras sociedades offshore de Cardoen revisadas por CIPER, sobre Humboldt no quedó huella en los registros públicos uruguayos. La empresa que dependía de Humboldt, Inversiones Miami Lakes (que a su vez era accionista de Industrias Cardoen), contaba entonces con un capital de $2.784 millones, según registros chilenos.

Diario La Época, 12 de junio de 1989.

El 30 de diciembre de 1995 aparecieron varias otras sociedades offshore en la malla societaria de Cardoen. En esa fecha el empresario ya estaba acusado por Estados Unidos y sus negocios concitaban el recelo de la comunidad internacional. Ese 30 de diciembre Inversiones Miami Lakes (accionista de Industrias Cardoen) absorbió a otras dos sociedades: Inversiones San Daniel e Inmobiliaria Ejército. Esa nueva configuración dejó a Miami Lakes controlada por cuatro sociedades offshore: Humboldt Investments (Uruguay), International Development Industries (Panamá), Idi Guernsey (Guernsey)  y Winning Streak Investments (Hong Kong). Cerraban la participación accionaria Inversiones Cardoen y Cardoen y Compañía (ambas inscritas en Chile).

CIPER rastreó estas sociedades offshore en sus respectivas jurisprudencias. International Development Industries estuvo activa en Panamá entre octubre de 1992 y enero de 1996; Idi Guernsey operó entre septiembre de 1992 y julio de 1995; mientras que Winning Streak Investments tuvo una vida más larga: los registros de Hong Kong indican que fue creada en 1986 y disuelta en 2000.

El historial financiero en paraísos fiscales de Carlos Cardoen sigue vigente. Todas las sociedades offshore que hoy utiliza el empresario de Santa Cruz, están alojadas en Panamá. La más relevante es Everton Holdings Limited, una de las accionistas de Metalnor, la misma sociedad que le encargó al abogado Juan Pablo Hermosilla cobrar los US$50 millones que le adeudaba el Estado iraquí.

Everton Holdings fue creada en 1988 en Gibraltar (territorio de ultramar), pero en 2013 fue redireccionada a Panamá.  Según los registros panameños, esa sociedad cuenta con un capital social de US$100 mil. Sus directores son dos de los hijos de Carlos Cardoen: Andrés Cardoen Aylwin y Diego Cardoen Délano. La tercera directora es Marcia González Carvajal, la actual gerenta de Asuntos Legales y Corporativos del Grupo de Empresas Cardoen.

En un informe de Gibraltar de 2014, al que accedió CIPER, aparecen dos sociedades como accionistas de Everton Holdings: Fisnbury Nominees Limited y Finsbury Holdings Limited (ambas inscritas en Gibraltar). Ese mismo informe entrega luces sobre los resultados operacionales de Everton Holdings en 2011. Ese año, la sociedad registró ingresos por 38 millones de euros y una utilidad de 14,4 millones de euros. El desmenuce de esas cifras (todas en euros) abre una interrogante: su principal fuente de recursos fue en el rubro “Otros”, con activos por 29,9 millones. Mucho más atrás le siguen sus activos en negocios ya conocidos: “hoteles” con 17,7 millones, “vinos” con 11,1 millones, “inmobiliarias” con 10,9 millones y “energía” con 8,6 millones.

Everton Holdings también ha sido socia desde el año 2000 de Inmobiliaria Los Lirios, otra sociedad de Carlos Cardoen. Antes de esa fecha el lugar de Everton Holdings en la inmobiliaria lo ocupaba Farkit Trading Corporation, sociedad offshore utilizada por Cardoen en Panamá desde el 13 de diciembre de 1985 (fecha de su creación). Esa sociedad sigue vigente en los registros panameños.

La tercera sociedad que Cardoen mantiene en Panamá es Pantanillo Corp, creada el 21 de septiembre de 2006. Su controladora es Inversiones Nancagua, sociedad inscrita en Chile y parte de la red societaria del empresario.

SUS REDES POLÍTICAS

El acuerdo que el Senado votó el pasado 22 de enero, solicitando al gobierno que le preste “auxilio” al empresario de Santa Cruz, no es el primero que emite la Cámara Alta en apoyo a Cardoen frente a su pugna con la justicia de Estados Unidos. La historia es larga. Tan extensa como los nexos estrechos que ha sabido forjar con la política.

Desde los inicios de su explosiva carrera empresarial, Carlos Cardoen entendió que parte de su éxito dependería de las redes políticas muy cercanas al poder que tendría que tejer. Y así lo ha hecho antes y después de recuperada la democracia en 1990. Ha reconocido públicamente su apoyo a todas las campañas presidenciales de la Concertación, incluyendo el espaldarazo financiero a las candidaturas de Lagos (1999) y Bachelet (2005). En 2009 apostó nuevamente a ganador y apoyó la campaña  presidencial de Sebastián Piñera.

En su libro “Poderoso caballero. El peso del dinero en la política chilena”, el periodista Daniel Matamala se pregunta: “¿Cómo lo ha hecho? Ninguna de las diez compañías del Grupo de Empresas Cardoen aparece en la nómina de las 1.286 sociedades que han entregado aportes reservados”.

La respuesta viene de boca del empresario. En una entrevista con La Segunda en 2015, reconoció haber utilizado el ahora conocido método de hacer pasar por gastos de la empresa la entrega de dinero a políticos: “Era un mecanismo común. Todos los empresarios han pasado por situaciones similares y yo también”.

Pilar Jorquera, Carlos Cardoen y Juan Pablo Letelier en la Feria Gastronómica de Raíces y Costumbres del Valle de Colchagua de 2006.

En el mismo libro de Matamala se señala que el senador Juan Pablo Letelier (PS) ha sido uno de sus principales apoyos en el Congreso. Y se relata que incluso en 2004 Letelier viajó -junto al ex diputado y ex subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez (UDI)- a  Washington para interceder por Cardoen. “Estados Unidos usó a Cardoen como un chivo expiatorio para encubrir su política de armar a Saddam Hussein contra Irán”, comentó entonces Letelier (cita del libro de Matamala). El actual senador por la Región de O´Higgins reconoció a La Segunda que el empresario lo apoyó financieramente en su campaña de 2005, cuando pasó de la Cámara de Diputados al Senado.

El segundo gobierno de Bachelet impulsó una polémica ley de blanqueo de capitales (para repatriar con una baja carga impositiva dineros no declarados). Entonces se habló de que uno de los que podría resultar beneficiado con esa iniciativa era Carlos Cardoen, ya que probablemente el grueso de su fortuna, originada en el tráfico internacional de armas, estaba en el exterior. Versiones periodísticas apuntaron al senador Letelier como uno de los principales impulsores de esa normativa, pero él negó que Cardoen le hubiera pedido ese favor.

En 2005 el gobierno de Lagos lo premió con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. Antes, en 2001, el mismo Lagos recibió a Cardoen en La Moneda para hablar de su proyecto del tren del vino.

UN LOBBY QUE CUMPLE 22 AÑOS

En septiembre de 1996, tres años después de que Interpol le aplicó la Alerta Roja, los entonces senadores Ignacio Pérez Walker (RN), Jorge Lavandero (DC) y Anselmo Sule (PR), anunciaron que enviarían dos oficios al gobierno –encabezado entonces por Eduardo Frei Ruiz Tagle– solicitando “protección” para Cardoen.

Fue Pérez Walker el que intervino en aquella sesión del Senado, con los mismos argumentos que hasta hoy esgrime la defensa del empresario: que Estados Unidos debe dejar sin efecto la orden de detención internacional e iniciar el proceso de extradición:

“En nombre de los senadores Lavandero y Sule, y en el mío propio, expreso al señor Presidente de la República nuestra petición de que, en uso de las atribuciones que le son privativas, represente al Gobierno de los Estados Unidos la necesidad de remover el obstáculo consistente en una simple medida administrativa interna (la orden a Interpol para detener al señor Cardoen y trasladarlo a los Estados Unidos con el objeto de ser juzgado), dispuesta con infracción a las normas y tratados vigentes que regulan la extradición”.

El senador remató pidiendo que el tema fuese incluido “en la agenda presidencial o de cancilleres, con motivo de la visita de Estado que Su Excelencia realizará a aquel país (Estados Unidos) en noviembre próximo”.

En esa misma línea, el Senado se ha pronunciado en otras cuatro oportunidades: 1997, 2001, 2005 y ahora en 2019. En paralelo, a partir de la administración de Frei Ruiz Tagle, la Cancillería chilena ha intercedido en todos los gobiernos que le siguen ante Estados Unidos para conseguir la cancelación de la alerta de Interpol, chocando siempre con un muro.

El apoyo a Cardoen volvió con fuerza a las portadas de la prensa en 2004, cuando se afinaban los preparativos de la cumbre APEC que ese año se desarrolló en Santiago. Como a la cita asistiría el presidente George W. Bush, el gobierno estadounidense hizo saber a La Moneda que no quería ver a Cardoen entre los empresarios invitados a actividades oficiales. El entonces presidente Ricardo Lagos estuvo dispuesto a abogar por él, pero la delegación norteamericana se mantuvo inflexible.

En 2007 la representación legal de Cardoen quedó en manos del abogado Juan Pablo Olmedo. Especialista en transparencia pública (fue el primer presidente del Consejo Para la Transparencia), Olmedo confirmó en 2011, a través de una solicitud de información dirigida a la PDI, que la Alerta Roja de Interpol había sido renovada en 2009 por otros seis años y vencía en marzo de 2015. Previo a esa fecha, Cardoen volvió a desplegar su lobby.

En enero de 2015, La Tercera publicó un artículo informando que el entonces canciller Heraldo Muñoz y su antecesor, Alfredo Moreno, habían enviado notas diplomáticas para poner fin a la amenaza de detención que pesa sobre el empresario.

En contrapartida, en marzo de 2015, en la víspera de la renovación  de la alerta, El Mostrador publicó una nota en la que sostuvo que documentos oficiales de la Cancillería chilena habían sido adulterados para beneficiar a Cardoen. En ese artículo se señaló que con las alteraciones de oficios secretos y minutas reservadas se buscó demostrar que las autoridades de Estados Unidos siempre supieron que el circonio comprado por Cardoen era para fabricar las bombas de racimo (vea aquí esa nota de El Mostrador). En 2015 la Alerta Roja de Interpol volvió a extenderse, esta vez hasta 2019.

Siguiendo el mismo patrón desplegado en 2015, el lobby volvió a activarse en estos días. Y por un doble motivo: la Alerta Roja debería ser renovada este año 2019 y porque en octubre próximo se realizará en Chile la asamblea general de Interpol. Con esos hitos en el horizonte, Cardoen se presentó en dos ocasiones ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara Alta. En la primera cita (12 de julio de 2017), fue acompañado por el abogado Olmedo; y a la segunda (19 de noviembre de 2018), llegó escoltado por el abogado Moisés Sánchez.

El último fruto del persistente lobby desplegado por Cardoen en estos 22 años, fue el acuerdo aprobado el 22 de enero pasado por el Senado. En su texto se lo califica como un “destacado empresario chileno que ha contribuido significativamente al desarrollo cultural y turístico de nuestro país”.

Uno de los principales promotores del acuerdo -avalado por 23 senadores- fue el senador Juan Pablo Letelier (PS), en cuya circunscripción se extienden los dominios de Cardoen: Colchagua. De hecho, Letelier intervino en la sesión del martes 22 para pedir que se votara de inmediato el acuerdo, aunque la mesa del Senado lo tenía programado para el día siguiente.

En síntesis, el acuerdo apunta a dos objetivos. Primero, pide que el Presidente Piñera realice “las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio al señor Cardoen frente a Interpol, por la mantención ilegal de la Alerta Roja”. Y segundo, solicita al mandatario que plantee a Interpol, en el contexto de su próxima asamblea general que se realizará en Chile (octubre de 2019), “su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Entre los promotores del acuerdo figuran 12 senadores oficialistas –Allamand, Aravena, Chahuán, Durana, Ebensperger, Galilea, García, García-Huidobro, Pérez, Pugh, Sandoval y Von Baer- y 11 de la ex Nueva Mayoría: Allende, Araya, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Muñoz, Pizarro, Rincón y Quinteros. El acuerdo de apoyo a Carlos Cardoen se aprobó con 26 votos a favor y una abstención (Juan Ignacio Latorre, Frente Amplio).