El salto de la Fiscalía al Senado: de las sillas musicales a las sillas calientes

“En vez de jugar a las sillas musicales postulando de una fiscalía regional a otra, haciendo un truco de la ley, que busquen desarrollar su carrera profesional en otros espacios, yo con eso no tengo inconvenientes”, dijo el diputado Marcelo Díaz frente al eventual nombramiento del fiscal Metropolitano Sur como nuevo secretario del Senado.

Eso significa que hemos pasado del mal de las sillas musicales al de las sillas calientes: cargos que, como la ley no lo prohíbe, pueden ser ocupados por un determinado alto funcionario público sin que medie ningún tiempo razonable para que se produzca un “enfriamiento” en relación al puesto que antes ocupaba. Y no se oye madre. Salvo al senador Ignacio Latorre, a ninguno de los parlamentarios le parece extraño.

Es más, el presidente del Senado Jaime Quintana se indigna y pasa la retroexcavadora a cualquier posible cuestionamiento: “Suponer que alguien en un cargo completamente distinto, de otra naturaleza jurídica, va a tener injerencia en la Fiscalía, ¿sabe qué? No es sólo pensar mal del Senado gratuitamente, sino de la Fiscalía. Y eso me parece inaceptable”.

Inaceptable. ¿Les quedó claro?

Lo verdaderamente inaceptable es que un funcionario público mientras es persecutor piense en postular -y luego concrete dicha postulación- a un cargo en el que trabajará para quienes investigó o pudo haber investigado. En ese contexto preciso es perfectamente válido preguntarse: ¿desde cuándo pensó el fiscal en esta nominación? ¿Se inhibió en su labor? Porque –y deberían recordarlo los senadores (o a lo mejor justamente es que lo recuerdan demasiado bien)- la Fiscalía es el órgano encargado de la persecución penal. Por lo tanto, también hace la persecución de los legisladores y en temas tan sensibles como el financiamiento ilegal de sus campañas.

El conflicto de esta “silla caliente” no es sólo hipotético. En la Fiscalía Metropolitana Sur, que aún encabeza Raúl Guzmán, se lleva una indagatoria en contra del senador Manuel José Ossandón por presunto tráfico de influencias. El senador Ossandón integra la Comisión de Régimen Interno, la que seleccionó al candidato a secretario del Senado. En este punto es necesario aclarar que Ossandón se restó del último paso de dicho proceso, cuando de entre los cuatro postulantes que llegaron a la selección final, los senadores eligieron a Guzmán. Eran 16 aspirantes y una empresa externa seleccionó a siete, los que fueron entrevistados y expusieron ante los miembros de la Comisión de Régimen Interno.  Y en esa parte del proceso sí estuvo Manuel José Ossandón.

Por de pronto, hay que hacerse la pregunta de qué ofreció Raúl Guzmán a cambio de un generoso sueldo de $16 millones. Entrevistado en el programa Marca Registrada de CNN, el senador Ossandón reconoció que en su exposición ante los legisladores Guzmán dijo que (de ser elegido) iba  a defender al Senado de los ataques que recibe. Pero La Tercera ha informado que, además, el persecutor regional habría ofrecido una relación fluida con el Ministerio Público, institución de la que él aún forma parte y en la que ha cultivado importantes contactos. ¿Es efectivo que ofreció esa relación? ¿Para qué sería necesaria esa “fluida relación”? Urge que se dé a conocer íntegramente la audiencia en la que expuso Raúl Guzmán.

También cabe preguntarse por qué justo ahora ese cargo va a durar tres años y no ocho como era antes. ¿Tiene algo que ver esta abrupta reducción con que justamente en tres años más termina su período el fiscal Nacional? ¿Podría entonces Raúl Guzmán postular a ser cabeza del Ministerio Público? Cuando eso se plantea se acusa mala fe o “tener demasiada imaginación”, como me dijo el senador Ossandón al señalarle en una entrevista esta extraña coincidencia.

Es importante recordar que no es primera vez que el Ministerio Público enfrenta una disyuntiva similar. Ya ocurrió en abril de 2011, con la designación del entonces fiscal jefe de la Zona Metropolitana Sur, Alejandro Peña, en el Ministerio del Interior. Un nombramiento que se hizo, además, a pesar de que Peña tenía a su cargo la investigación del “Caso Bombas” y de que había sido designado en ese rol justo después de que el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter, se quejara del persecutor anterior, Xavier Armendáriz. El entonces fiscal Andrés Montes decía que Alejandro Peña había comprometido la objetividad de la investigación.

Y hasta el propio ex fiscal Alejandro Peña, una vez que dejó el gobierno, asumió que su paso del Ministerio Público a Interior había sido un error: “Todos en la vida cometemos errores. No fue prudente en su momento el haberme ido a trabajar al gobierno, pero es un error de Alejandro Peña, no de terceros”.

También lo calificaron como un error otros personeros públicos, como el senador Jorge Pizarro, quien opinó que había «falta de claridad y transparencia». O como el diputado Hugo Gutiérrez, quien alegó que el fiscal “comprometió la objetividad e imparcialidad con que debe actuar el órgano persecutor».

Hay más. En el gobierno de Michelle Bachelet la designación como notario del fiscal Luis Toledo, el mismo que había estado dos años a cargo de la investigación de los ilícitos que rodearon el negocio inmobiliario de CAVAL, la empresa de la nuera de la mandataria, también fue (y con razón) polémica. Tanto así, que la siguiente administración paralizó el nombramiento y Toledo terminó renunciando. Y hasta la Asociación de Fiscales emitió un pronunciamiento en el que se dijo que “el descrédito que ello importa para el Ministerio Público es irreparable e irreversible. NO queremos más vasos comunicantes entre autoridades políticas y el Ministerio Público”.

Hoy, transversalmente, ante el hecho de que un fiscal regional postule y  logre llegar a la secretaría del Senado (si es ratificado en la sala), la clase política guarda silencio. Las autoridades guardan silencio. Y ello, aunque la Cámara Alta haya estado en conflicto con la Fiscalía al negarse a entregar los informes de asesorías que el Ministerio Público le pidió ante la sospecha de mal uso de dineros públicos. Una negativa de la cual Guzmán deberá ser ahora el custodio.

Seamos claros: el Ministerio Público debería estar lo más alejado posible de la política y de los políticos. Pero si los esfuerzos por aislar a los fiscales de esas presiones se enfrentan a un muro que les indica que su carrera o nuevas ocupaciones dependen de que se lleven bien con el gobierno o con el Congreso, entonces ese esfuerzo será estéril.

En la designación de Raúl Guzmán como nuevo secretario del Senado no hay nada ilegal. El punto de inflexión es otro: uno que indica que en una democracia, en una República, la ley no es la única vara con  la que se debe evaluar a cada uno de los funcionarios públicos. Como ha dicho el abogado Luis Cordero, las formas no son simple burocracia: “Definen la identidad del Estado y cuando la política olvida eso, des-institucionaliza al Estado y lo transforma en cotos de caza”.

Por eso, porque las formas sí importan, igualmente criticable que la postulación y designación de Raúl Guzmán a la secretaría del Senado es la reunión del senador Juan Pablo Letelier con el fiscal nacional Jorge Abott; el nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado mientras la ex ministra de Justicia tenía causas pendientes, o que el entonces subsecretario de Minería Pablo Wagner recibiera a los encargados del proyecto Dominga mientras percibía dinero del Grupo Penta.

Pero claro, mejor pensarlo y no decirlo. Porque una vez más tenemos que tragarnos que…  no es lo que parece.