Coronavirus e Ingreso Básico Universal para Chile

Frente a las restricciones de trabajo actuales y las que vendrán, “¿qué harán las miles de trabajadoras por cuenta propia, quienes boletean, y en general, todos quienes no pueden depender de contar con licencia pagada al ausentarse de su lugar de trabajo?”, se preguntan los autores de esta columna. Para lidiar con la emergencia, proponen aplicar una idea que se ha estudiado para la pérdida de empleos por la automatización: dar a todas las personas un Ingreso Básico Universal (IBU). Esto es, un ingreso por el hecho de vivir en este país, independiente si tienen empleo o contrato. Avanzar hacia un IBU, dicen los autores, “implica avanzar hacia una sociedad donde cada ciudadano merece un piso mínimo de seguridad, sin testeos burocráticos de merecimiento”.

¿Quién cuida de las cuidadoras? Siguiendo las medidas de otros países afectados por el COVID-19, Chile ha decretado la suspensión de toda actividad académica pre-escolar y escolar. Ahora que niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen que estar en sus casas por un período largo de tiempo, sale a la luz la precaria red de cuidados que hace nuestra vida cotidiana posible. Es esperable que en un par de días, para hacer efectiva la estrategia de aislamiento social, Chile tenga que de nuevo seguir los pasos de otras naciones intentando controlar la expansión del virus y tenga que detener toda actividad remunerada productiva, con medidas más agresivas de penalización para quienes incumplen las medidas de aislamiento social.

Con la paralización ¿qué harán las miles de trabajadoras por cuenta propia, quienes boletean, y en general todas quienes no pueden depender de contar con licencia pagada al ausentarse de su lugar de trabajo? Chile tiene altos niveles de empleo informal, 30% según el último boletín del INE^[1].

En esta columna queremos proponer que un Ingreso Básico Universal (IBU) de emergencia puede ser una primera política para aminorar el impacto que esta medida tendrá en la seguridad económica de los hogares. De acuerdo a la organización Basic Income Earth Network (BIEN), el Ingreso Básico se define como un pago en efectivo y periódico, entregado incondicionalmente a todos en forma individual, sin necesidad de prueba de la renta o el trabajo (BIEN, 2017).

Muchas personas realizan día a día trabajo que no es considerado “productivo”, muchas veces mal pagado o totalmente impago^[2]. Este trabajo de cuidado —sobre todo de NNA y personas mayores— es siempre importante, pero será especialmente fundamental para que nuestra sociedad enfrente de la mejor manera posible la situación sanitaria crítica del COVID-19. Estas personas suelen depender de alguien con un empleo remunerado para su sustento económico. La cuestión de cómo sostener y acoger a todas quienes se verán afectadas por una paralización económica extendida se vuelve innegable e impostergable.

Cuando las crisis golpean, las transferencias de efectivo son parte del paquete de políticas que los gobiernos implementan para mejorar sus efectos económicos. Ya se trate de refugiados, recesiones económicas o desastres naturales, los países han usado mucho efectivo. La evidencia empírica muestra que las transferencias de efectivo generalmente se gastan juiciosamente: pueden salvar vidas y, si están bien diseñadas, pueden ayudar a las personas a salir permanentemente de la pobreza (Gentilini et al., 2018).

Más recientemente, ha quedado claro que las inyecciones de efectivo pueden generar beneficios más amplios. En África, la provisión de US $1 en dichos programas generó entre US $1.27 y US $ 2.60 en las economías locales (Handa et al., 2018; Eger et al., 2019). En los Estados Unidos, un programa de asistencia nutricional suplementaria por valor de un dólar, un esquema de cuasi-efectivo, llevó a US $ 1.79 en ganancias económicas (Oliveira et al., 2018). E incluso en medio de la recesión de la Unión Europea hace una década, cada euro en efectivo generó 85 centavos de euro en actividad económica (Eichhorst et al., 2010).

La pregunta es: ¿podrían las transferencias de efectivo ayudar a compensar parte del daño económico causado por COVID-19? No es una pregunta hipotética. Al responder al nuevo coronavirus, países como el Reino Unido y Estados Unidos han replicado con consideraciones de transferencias de dinero. Por un lado, Reino Unido planteó para su presupuesto 2020 un paquete de estimulo fiscal, incluyendo seguro social y soporte a las empresas y familias[3], mientras que Estados Unidos, mediante una conferencia de prensa de Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro, decretó estar considerando enviar “inmediatamente” cheques a los trabajadores estadounidenses[4].

Tradicionalmente, el IBU se enmarca en torno a cuatro objetivos diferentes: (1) contrarrestar las posibles pérdidas de empleo por la automatización, incluidas las ocupaciones de riesgo como los conductores de camiones; (2) fortalecer los contratos sociales y la confianza en el gobierno mediante la redistribución de ingresos generados por la industria (e.g. industria del petróleo al estilo Alaska[5]); (3) actuar como un instrumento deliberado de reducción de la pobreza y (4) reconocer y valorar actividades no consideradas como “productivas” como el trabajo de cuidado.

La epidemia de COVID-19 ahora presenta a los formuladores de políticas la oportunidad de considerar un nuevo enfoque para un IBU: una transferencia para asegurar el sustento en casos inesperados de paralización, como ha sido el caso con esta pandemia. Esto podría implementarse como palancas monetarias a disposición de los bancos centrales, o como parte de los paquetes fiscales implementados.

El COVID-19 se está extendiendo cada día más. Frente a esto muchas personas se han puesto en cuarentena. Esto ha tenido un efecto significativo sobre el trabajo remunerado de las personas. Muchas de esas personas no tienen trabajos que puedan hacer desde casa, por lo que perderán dinero mientras estén en cuarentena. Además, las escuelas están cerrando, lo que significa que algunos padres tienen que quedarse en casa con sus hijos en lugar de ir a trabajar. A su vez, muchos restaurantes y otros lugares que dependen de público están perdiendo clientes a medida que la gente sale menos, por lo que se reducen los turnos y quienes ganan su sueldo principalmente por propinas, ganan menos dinero.

Demasiadas personas se van a trabajar enfermas porque no pueden permitirse perder un pago. Si existiese una política de IBU, las personas harían lo mejor para ellas y se quedarían en casa hasta que se recuperen. Eso no sólo les permitiría resguardar su propia salud sin temor a quedar completamente drenadas de ingresos, sino que beneficiaría a la comunidad porque menos personas trabajarían enfermas y propagarían el virus.

Un IBU provee un piso mínimo de seguridad económica con el que siempre se puede contar, dada su incondicionalidad. Al no estar supeditado a medios de prueba para su provisión, ni supeditado a condiciones, permite que las personas planifiquen sus vidas contando con esta red de seguridad. Es también fácil de implementar ya que no requiere de burocracias de testeos de condiciones ni postulación. Así se favorece, por ejemplo, evitar la trampa de empleo que lleva a tomar cualquier ocupación por necesidad ya que es la única forma posible de subsistir para quienes carecen de otras fuentes de ingreso, aparte de su propia fuerza de trabajo.

Paralelamente, permite evitar la trampa de desempleo al crear oportunidades y facilitar aceptar una oferta de trabajo, sin temor a perder beneficios sociales por entrar al mercado laboral formalmente.

La provisión de un IBU reduce la carga cognitiva y material con la que diariamente deben lidiar quienes se encuentran en la pobreza. Así, se espera que esta política dé un impulso a quienes se encuentran en las posiciones más desaventajadas para aprovechar el potencial de sus capacidades al no tener que verse urgidos a conseguir el mínimo necesario para subsistir diariamente.

En definitiva, optar por una política de ingreso básico universal implica avanzar hacia una sociedad donde cada ciudadano merece un piso mínimo de seguridad, sin testeos burocráticos de merecimiento. Al hacerlo, hace más eficiente los procesos de distribución de beneficios a la vez que potencia el desarrollo de las capacidades de todas y todos. Se trata de una política que fomenta la libertad de los individuos en un sentido real, promoviendo el desarrollo de un contexto social e institucional donde las oportunidades sean menos desiguales y la economía esté al servicio de la ciudadanía.

La actual coyuntura del COVID-19 ha hecho visible que el trabajo más fundamental, el que sencillamente no puede detenerse, es el de los cuidados. Desde octubre de 2019, la demanda urgente por dignidad se ha tomado la agenda política^[6]. Un IBU puede ser parte de una respuesta que traiga un cambio real y profundo a nuestra sociedad para garantizar una vida digna. Es factible y urgente implementar un IBU de emergencia, cuya continuidad sea revaluada cuando el episodio viral que vivimos haya pasado su momento crítico.

NOTAS Y REFERENCIAS