Informe de Carabineros revela que abrió 565 sumarios por denuncias tras el 18 de octubre y solo 15 se han cerrado con sanciones

En respuesta a una solicitud hecha a través de la Ley de Transparencia, Carabineros informó a CIPER que inició 565 sumarios por eventuales ilícitos cometidos por su personal en el control del orden público entre el 18 de octubre y el 31 de marzo. El 84% (475 sumarios) continúa en proceso. En 75 de los 90 sumarios ya cerrados no hubo sanciones porque no se determinaron responsabilidades. Hasta ahora solo 15 sumarios han terminado con castigos, afectando a 32 funcionarios: cuatro oficiales, 26 policías de rango menor y dos civiles contratados por la institución.

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Las redes sociales detonaron el jueves 9 de julio con un video publicado por La voz de los que sobran. Era el registro de una cámara go-pro perteneciente al piquete de carabineros que disparó la bomba lacrimógena que azotó la cara de Fabiola Campillai el 26 de noviembre pasado. El impacto la dejó ciega y se convirtió en uno de los casos emblemáticos del estallido social (vea el reportaje de CIPER). Las imágenes dejaron en evidencia que no había un enfrentamiento ni una situación descontrolada, como inicialmente se argumentó para justificar la violencia de la respuesta policial.

El lunes 6 de julio La Tercera ya había dado cuenta de la existencia de este video. Esa nota indicaba que la fiscal de Alta Complejidad Occidente, Paola Zárate, incluyó en su indagatoria el sumario que desarrolla Carabineros. Fue en esa investigación interna donde apareció un informe de febrero pasado escrito por el mayor Jorge Guaita que menciona el registro de la cámara go-pro. El video contiene diálogos de los policías en los que se menciona al eventual autor del disparo. Según el artículo de La Tercera, el mayor Guaita lo habría identificado como el capitán Patricio Maturana Ojeda.

La difusión de estos antecedentes recopilados en un sumario interno, contrasta con la escueta información pública que ha proporcionado Carabineros respecto de sus investigaciones sobre eventuales ilícitos cometidos por policías en las protestas del año pasado. Los escasos avances para identificar a los involucrados –a objeto de separarlos de funciones de orden público mientras duren las investigaciones–, es uno de los puntos que se critica al alto mando. Por lo mismo, las redes sociales acusaron el impacto al constatar que los funcionarios del piquete que agredió a Fabiola Campillay siguen en sus puestos en la 14° Comisaría de San Bernardo.

CIPER pidió a Carabineros, a través de la Ley de Transparencia, el detalle de los sumarios que se iniciaron entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, sobre hechos que involucren eventuales ilícitos penales. La respuesta, fechada el pasado 3 de julio, no incluye la identidad de los funcionarios investigados o ya sancionados. No obstante, permite dimensionar los pocos avances de las indagatorias internas (Vea aquí la tabla enviada por Carabineros)

De acuerdo con la respuesta de la institución, entre el 18 de octubre del año pasado y el 31 de marzo de éste, se han iniciado 565 sumarios. Pero una amplia mayoría de ellos sigue pendiente: 84% (475) están “en tramitación”.

Según los datos entregados por Carabineros, de los 90 sumarios que ya se cerraron, 75 de ellos (83,3%) registran un “no determinado” como medida disciplinaria adoptada. CIPER consultó a la institución a qué correspondía ese término: no se pudo determinar la responsabilidad de los funcionarios, por lo que no se aplicó sanción.

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En síntesis, solo en 15 de los 565 sumarios iniciados se ha aplicado alguna sanción. Y de ellos, en cuatro se dispuso la baja o destitución de uno de los involucrados. En siete sumarios se aplicó la medida de arresto. Y en cuatro solo se verificaron amonestados o reprendidos.

Son 32 los funcionarios que han sido sancionados en estos 15 sumarios. De ellos, cuatro eran oficiales (PNS o Personal de Nombramiento Supremo); 26 eran efectivos de rangos más bajos (PNI o Personal de Nombramiento Institucional) y dos eran civiles (CPR o Contratados Por Resolución).

El detalle de los 15 sumarios que han terminado con sanciones, es el siguiente (la definición de cada una de las sanciones fue tomada del Reglamento de disciplina N°11 de Carabineros):

• Dos sumarios con “amonestados”: se trata de “una reconvención –reprimenda– formulada por el superior al subalterno acerca de la comisión de una falta cuya naturaleza o magnitud no la hace mereciente de otro castigo mayor”.
• Un sumario con “reprendidos”: esto significa una “reconvención de mayor gravedad que la amonestación, que se hará por escrito mediante oficio”.
• Un sumario con «amonestación/reprensión”
• Siete sumarios con “arresto”: este caso “consiste en privar al afectado del derecho a disfrutar de las franquicias de permiso o puerta franca para salir del cuartel o del lugar fijado para el cumplimiento del arresto por el superior que lo aplicó”.
• Un sumario con una “baja” y otro con una “baja con efecto inmediato”: esta determinación es “establecida en sumario administrativo por alguna de las siguientes causas: intemperancia alcohólica, conducta inmoral o impropia que permita calificar a un individuo de vicioso e incorregible; faltas graves, de tal naturaleza, que a juicio de la Dirección General lo hagan acreedor a esta medida, y responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción ordinaria o militar, establecida en sentencia ejecutoriada”.
• Dos sumarios con “destitución”: CIPER consultó a Carabineros por los alcances de esta sanción y la respuesta fue que estaba en el Reglamento 11, pero en ese cuerpo normativo no aparece.

Lo que no incluyó la respuesta de Carabineros es el número de investigaciones sumarias que se han llevado adelante, en el mismo periodo de octubre a marzo, dentro de la institución. Estos son procedimientos muy rápidos adoptados por los superiores o jefes directos que “sorprendan o tengan conocimiento de faltas cometidas por subalternos”. Si la falta es grave o involucra un delito, puede dar origen a un sumario administrativo, que es una investigación más larga, que incluye diligencias e indagaciones verbales o escritas.

CIPER también pidió a Carabineros, vía Ley de Transparencia, el estado de los sumarios en los casos específicos de Fabiola Campillay, Gustavo Gatica (el estudiante que perdió la vista por un tiro de perdigones) y la menor Geraldine Alvarado (que estuvo en coma durante cinco días después de que, según testigos, fuera golpeada por una bomba lacrimógena). En los tres casos los documentos fueron denegados bajo el argumento de que se trata de procesos que aún están en curso y que, según el artículo 21 de la Ley de Transparencia, deben mantenerse bajo reserva hasta que sean resueltos.

LA VERSIÓN DEL GENERAL SUBDIRECTOR

El mismo lunes 6 de julio en que La Tercera alertó sobre la existencia del video e informó que el fiscal del sumario desarrollado por Carabineros ya había identificado al eventual agresor de Fabiola Campillai, el general subdirector de la institución, Diego Olate Pinares, se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Allí, escuetamente, dijo que no tenía información sobre el registro audiovisual. Y señaló que la demora en la investigación interna sobre el caso de Fabiola Campillai se debía a que no han tenido acceso a la declaración que la agredida prestó a la Fiscalía.

En una conferencia de prensa del pasado 19 de junio, el general Olate había explicado que, en total, Carabineros había abierto 1.228 procesos investigativos: “496 fueron sumarios y 732 investigaciones”. La información proporcionada ahora por Carabineros a CIPER indica que la cifra de sumarios aumentó: 565.

En su recuento del 19 de junio, el general Olate detalló que hasta ese momento “173 carabineros recibieron sanciones, 14 de ellos con la decisión más rigurosa: separación del servicio y la baja de las filas”. Explicó que otros 81 funcionarios quedaron con medidas disciplinarias de arresto y 78 con anotaciones en su hoja de vida, las que serán consideradas en sus procesos calificatorios.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el mismo general dijo el lunes 6 de julio que, “según una actualización hecha hace algunos días”, llevaban 1.272 procesos investigativos y que 247 de ellos siguen en curso. El total, señaló, se desglosa en “496 sumarios administrativos y 776 investigaciones administrativas”. De las 1.025 que ya terminaron, Olate detalló que en 955 no se formularon cargos administrativos; en 70 sí se formularon y están en etapa de descargos, y en 175 se sancionó a funcionarios: 143 suboficiales y 32 oficiales. De éstos, según indicó Olate, se dieron de baja a cinco oficiales y a 11 suboficiales.

Respecto del caso de estudiante Gustavo Gatica, quien quedó ciego tras recibir perdigones de una escopeta antidisturbios mientras participaba en protestas en Plaza Italia, Olate indicó que se hizo un sumario que determinó la baja de un funcionario por grave incumplimiento de protocolos. Había descargado en su computador de trabajo las imágenes del operativo de ese día antes de entregarlas a la PDI y “no dio cuenta de ello en la instancia correspondiente, como lo establece el protocolo”. Según precisó el general, “Carabineros puso a disposición de la Fiscalía los antecedentes que permiten determinar que personal accionó en el lugar de los hechos”.

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En su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el general  Olate individualizó al funcionario dado de baja en la investigación sobre las lesiones de Gustavo Gatica: el teniente coronel Claudio Crespo Guzmán. La diputada Carmen Hertz (PC), indicó que ese oficial era quien más había disparado una escopeta antidisturbios ese día: 170 veces.

Ante la prensa, el general Diego Olate se refirió a otros casos que provocaron conmoción pública. Respecto de la denuncia acerca de supuestas torturas que habrían tenido lugar en un cuartel policial de la estación de Metro Baquedano, señaló que “se sobreseyó definitivamente esta causa, luego de comprobarse la falsedad de esta denuncia. La investigación interna no detectó responsabilidad de funcionarios”. Pero, Carabineros no ha aclarado una segunda acusación que involucra a esa unidad: un tiro de escopeta descerrajado a quemarropa en la puerta del cuartel contra el joven David Muñoz (vea el reportaje de CIPER).

Sobre los detenidos que supuestamente habría sido “crucificados” en un cuartel de Peñalolén, Olate dijo que la investigación interna arrojó que “fueron inmovilizados de una de sus manos a una antena de comunicación, dada la gran cantidad de detenidos que había en ese momento en la unidad. Se descartó la veracidad de los hechos, no acreditándose responsabilidad administrativa de ningún miembro de la institución”. Respecto de la golpiza a un joven en Puente Alto, explicó que “Carabineros determinó la baja de ocho funcionarios por estos hechos”.

El general también aprovechó la instancia para explicar las medidas que ha tomado la institución a partir de octubre pasado para “profundizar el respeto de los DDHH”: 3.700 carabineros han participado en procesos de reentrenamiento en DDHH, diálogo, anti discriminación y orden público, y se han entregado 930 cámaras corporales “que están siendo utilizadas por el personal de control de orden público. Estas cámaras impiden que el usuario manipule las imágenes”. También mencionó la creación de las Prefecturas de Control del Orden Público y dijo que “se encuentran en revisión y actualización los protocolos de actuación en procedimientos de control del orden público”.

Olate indicó que se ha capacitado al personal “para el reforzamiento de los diálogos previos en el contexto de manifestaciones pacíficas” y que “se incorporaron sistemas de perifoneo de advertencia”. Agregó que Carabineros “participa en nueve mesas relacionadas con la reforma institucional”. Entre los temas que tocan están mesas se cuentan: sujeción a la autoridad civil, mejora de la gestión institucional, especialización preferente, probidad y prevención de conductas indebidas, formación y carrera profesional”.