Escaños reservados para pueblos indígenas. La cara amarga de un hito histórico

La autora asistió a buena parte de los debates parlamentarios por los escaños reservados y fue testigo de las negociaciones. Aquí documenta cómo la política no entiende, discrimina y manipula los asuntos indígenas… y pese a ello, mueve el cerco de lo posible.

Tras una larga y compleja discusión, el 15 de diciembre pasado el parlamento aprobó 17 escaños para los 10 pueblos indígenas reconocidos por el Estado chileno.  Se trata de un avance histórico que implica una suerte de reconocimiento constitucional tácito a los pueblos indígenas tras una larga historia de negación. En la discusión constitucional que se avecina, no será posible soslayar ni ignorar la presencia de los 17 representantes indígenas. Nadie podrá hablar por ellos o declarar que defiende sus intereses: serán los propios pueblos los que, por primera vez en la historia institucional del país, usarán sus propias voces.  Sin duda es una oportunidad que permitirá correr el cerco de lo posible, como lo ha señalado el alcalde Adolfo Millabur, en la relación de los pueblos indígenas con el Estado y permitirá iniciar el largo proceso de reparación y diálogo que tanto necesita este país y sus pueblos.

Pese la importancia de este avance, el acuerdo dejó un sabor amargo en varios de los representantes de los pueblos indígenas y en los académicos y profesionales que trabajamos en estos temas.  Ese descontento no tiene únicamente que ver con que el resultado final no respondía a los requerimientos de los pueblos originarios [1], sino que se vincula más bien con la forma en cómo se dio el debate parlamentario. Esas largas jornadas de discusión política previas al acuerdo, donde la oposición debió ceder la mayoría de los puntos fundamentales de manera de poder garantizar la existencia de escaños reservados en la Convención Constitucional, reflejaron en muchos aspectos, la manera en que el mundo indígena es habitualmente abordado por las autoridades políticas.

Esta columna va a explorar las razones de esta incomodidad a partir del examen de la negociación llevadas a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre primero en la Comisión de Constitución del Senado y luego en la Comisión Mixta constituida entre senadores y diputados para lograr un acuerdo en la materia.  Como investigadora del CIIR presenté en una sesión de la Comisión de Constitución del Senado, y luego seguí atentamente, como muchos otros ciudadanos interesados, todas las discusiones y votaciones tanto en las comisiones como en las salas. Las líneas que siguen se nutren de esta atenta observación y de varios años de estudio sobre el reconocimiento sobre derechos de los pueblos indígenas en Chile.

En términos generales en la observación de este debate sobresalen tres aspectos a los que me referiré a continuación.

Primero, la incapacidad de la política de mirar y entender lo que sucede en la compleja diversidad del mundo indígena, desconociendo la capacidad y la agencia política de sus representantes.

Segundo, el intento reiterado por el gobierno y por parlamentarios oficialistas de disfrazar cálculos electorales y políticos sobre en la discusión sobre el carácter supra numerario de los escaños o la autoidentificación, apelando a la “protección” del sistema electoral y de la integridad de los pueblos indígenas.

Por último, el desconocimiento general de la importancia del principio de la autoidentificación para determinar quién es indígena y quién no.

LA INCAPACIDAD DE LA POLÍTICA DE ENTENDER

En términos generales este debate fue, por momentos, un manual de antropología sobre cómo los gobiernos crean e impones categorías sobre quiénes son indígenas y quiénes no. La estrategia era reconocer solo al indígena “auténtico”, al que no se ha mezclado ni ha migrado a la ciudad; el que no pertenece al mundo moderno y por lo tanto cumple los estereotipos tienen quienes no somos indígenas sobre cómo debe ser un indígena.

El debate también evidenció la dificultad que el poder político en general tiene para entender la cultura indígena y sobre todo, mostró cómo algunos partidos usaron el tema para favorecer sus propias posiciones negociadoras, empleando argumentos que apuntan a “proteger” a los pueblos indígenas de “influencias” internas que los podrían contaminar.

Uno de los temas recurrentes que emergió en las largas sesiones de discusión de este proyecto es la dificultad de los parlamentarios para entender la importancia de que los pueblos originarios contaran con una representación colectiva especial. Así, por ejemplo, fue frecuente escuchar opiniones como la de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, que ironizaban sobre la necesidad de reconocer escaños reservados a grupos religiosos o a otros colectivos, sin comprender que las razones de la representación especial de pueblos indígenas en la Convención Constitucional o en un parlamento son distintas a la representación de otros colectivos.

Del mismo modo, el senador Rodrigo Galilea argumentó que no podíamos ser “esclavos” de los pueblos más pequeños que rompen la proporcionalidad y sugirió juntar, en un solo cupo, a todos los “pueblitos”. El senador usó ese lamentable término sin nunca referirse al genocidio del que fueron objeto esos pueblos y que explica sus pocos representantes.

En estas y otras declaraciones aparece el mismo problema: la incapacidad de entender que hablamos de pueblos, colectividades anteriores al Estado, que tienen derechos colectivos distintos al resto de la población, entre ellos, derechos políticos. Estos pueblos han sido excluidos de la sociedad, confinados a los márgenes y despojados sistemáticamente de sus territorios, culturas y derecho propio. Reconocer ese rasgo especial, esa diferencia, es lo que permite avanzar en pluralidad e igualdad, reparando una antigua deuda histórica de representación, dejando de lado el obsoleto ideal de una sociedad homogénea. Ello además es respetuoso de las obligaciones internacionales que ha suscrito Chile en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, en especial respecto al Convenio 169 de la OIT.

El desconocimiento, en especial en el oficialismo, sobre las formas en que opera la representación de los pueblos indígenas, el significado de la auto identificación y la autodeterminación, las obligaciones contraídas al suscribir el Convenio 169 de la OIT y, de manera más dramática, la desconfianza en la capacidad de los pueblos indígenas para determinar su propia representación política, adoptando actitudes colonialistas y paternalistas, hizo muy difícil por momentos escuchar las intervenciones.

En el largo debate en la Comisión de Constitución del Senado y en la Comisión Mixta, que muchos seguimos hasta altas horas de la madrugada esperanzados con que las demandas planteadas casi transversalmente por los pueblos indígenas serían escuchadas, lo que primó fueron las recriminaciones mutuas y el desconocimiento sobre la realidad de los pueblos originarios y sus demandas, especialmente en la derecha.

Horas se perdieron en exasperantes monólogos sobre qué coalición tenía más voluntad para aprobar los escaños, quién había presentado el proyecto primero, quién era responsable de la dilatación, quién había cedido más, y quién estaba haciendo un cálculo político.

Por ejemplo, las intervenciones de la senadora Luz Ebensperger en las últimas sesiones de la comisión mixta, se enfocaban en señalar que le parecía sumamente injusto que la oposición dijera que ellos no querían ceder, que lo habían hecho, que su sector había propuesto inicialmente los escaños, sin plantear nuevos acuerdos o intentar comprender efectivamente las importancias de la autoidentificación o de la representación de todos los pueblos.

EL DISFRAZ DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS O POLÍTICOS

El tema de los escaños reservados no se encontraba incluido en el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución de noviembre de 2019 que luego permitiría la realización del plebiscito, como tampoco lo estaban la paridad y la participación de independientes. Sin embargo, a diferencia de la rápida y bastante transversal aprobación de la paridad entre hombres y mujeres, los escaños reservados tuvieron una lenta y ardua tramitación, que estuvo varias veces a punto de fracasar. El proyecto tuvo más de un año de tramitación y fue retrasado para discutirse después del plebiscito, lo que convenientemente aportó un poderoso argumento para que los escaños se restaran de los 155 acordados.

Todos los parlamentarios de Chile Vamos, respaldados por las autoridades del ejecutivo que participaron en el debate como la ministra Karla Rubilar y el ministro Cristián Monckeberg, señalaron repetidamente que no se podían incorporar más escaños, que era fundamental respetar la palabra acordada, como si el proyecto hubiese sido presentado después del plebiscito, sacando un conejo del sombrero de un mago y tomando por sorpresa a todos.

No fue considerado el argumento de que se trataba de un proyecto con una larga historia, presentado al mismo tiempo que el de la paridad de género y que era importante que se consideraran en conjunto para no afectar la proporcionalidad de los distritos. Finalmente se hizo responsable a los pueblos indígenas del atraso legislativo mediante la dilatación de la discusión y la falta de urgencia en aprobar los escaños, no reconociendo nunca que al oficialismo le convenía que los escaños se restaran, de manera de limitar la cantidad de asientos que se disputaban por distritos.

La derecha, como lo señaló enfáticamente el diputado Coloma en esas mismas sesiones, jamás acordaría establecer escaños por sobre los 155, si eso pasaba, ellos recurrirían sin falta al Tribunal Constitucional.

Durante el debate, especialmente en las largas sesiones de las comisiones en el Senado y después en la comisión mixta, fuimos también testigos de cómo mediante argumentos que se disfrazaban de técnicos, de resguardo y protección de los intereses de los pueblos indígenas, lo que se estaba haciendo en cambio eran cálculos políticos sobre cuántos escaños significarían perder la capacidad de veto en las votaciones de la Convención Constitucional.

En la discusión, primó una mirada sobre el cálculo político disfrazada de paternalismo que hablaba de “nuestros pueblos” como tantas veces lo hizo la ministra Karla Rubilar, pero sin hacerlos parte, sin valorar sus presentaciones o demandas y sin entender nunca que se trataba de incorporar una lógica distinta, de reparación y justicia. No se ha encontrado evidencia de los pueblos indígenas tengan afiliaciones políticas determinadas por el solo hecho de ser indígenas, por ello llama la atención el temor de la derecha sobre la tendencia política de los representantes indígenas que sean electos. Al igual que al interior de cualquier sociedad, como es el caso de la sociedad chilena, en los 10 pueblos indígenas reconocidos por la ley, conviven maneras diversas y contradictorias de ver y entender el mundo. Está por verse como operará en la práctica la representación indígena.

Fue lamentable que finalmente se desechara la propuesta de garantizar un escaño reservado para el pueblo tribal afro chileno, descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos a Chile entre los siglos XVI y XIX, que habían sido reconocidos el año pasado por el mismo parlamento, otorgándoles los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT. La mayoría de los parlamentarios de derecha, apoyados por el gobierno, rechazaron el proyecto, aduciendo razones inexplicables para un pueblo que ha sido reconocidos por ley tales como la falta de registro e información sobre ellos o que no se trataba de pueblos originarios. Razones inexplicables cuando se contrastan con lo que sucedió con el pueblo chango, recientemente reconocido, que tampoco cuenta con registros de calidades indígenas. Esta decisión vuelve a invisibilizar la larga lucha de este pueblo tribal, su historia y pelea por el reconocimiento y deja una amarga sensación de racismo institucional.

LA AUTOIDENTIFICACIÓN

Otro tema recurrente fue la negativa a reconocer el derecho de las personas de autoidentificarse como indígenas al momento de votar. Este criterio, que se utiliza en el censo nacional para determinar la cantidad de población indígena, fue cuestionado porque, se dijo, podría ser usado por personas ajenas a los pueblos indígenas para instrumentalizarlos. El argumento implica no entender que lo indígena no es una categoría cerrada que se pueda definir de una sola manera estableciendo una serie de requisitos taxativos que permitan que el Estado defina quién es y quién no es indígena.

Por ejemplo, en numerosas ocasiones la senadora Luz Ebersperger señaló que ella jamás podría aprobar el sistema de votación por autoidentificación al momento de votar, puesto que debía proteger a las comunidades indígenas de personas que, sin ser indígenas votaran por representantes indígenas.

El argumento de la senadora se oponía a lo que los propios representantes de todos los pueblos indígenas habían señalado repetidamente en audiencias y cartas enviadas, sobre la necesidad de reconocer la auto identificación. Lo indígena hoy se construye de múltiples procesos e interacciones permeadas por historias diversas y complejas, que por siglos incentivaron la negación de la identidad y el abandono del territorio, y que recién hace unas pocas décadas, permiten un proceso de reconocimiento interno, de retorno a aquello que fue violenta y brutalmente despojado.

Es por ello por lo que no hay una sola forma de ser o sentirse indígena y el Estado tiene la obligación de reconocer estas distintas formas de identificarse. Son los propios pueblos, en base a su derecho a la autodeterminación, los que determinan las maneras de entender quiénes son sus miembros. Y en el debate parlamentario, todos los representantes indígenas que expusieron o enviaron cartas -excepto el pueblo rapanui que tiene una forma propia de autoidentificación- expresaron que la autoidentificación era el mecanismo adecuado.

No hay motivo técnico para impedir que las personas que se identifican como pertenecientes a los pueblos indígenas, teniendo o no la calidad indígena reconocida por el Estado, puedan votar por candidatos indígenas. No se trata de un beneficio que concede graciosamente el Estado para que las personas indígenas puedan votar por un candidato indígena, tampoco es una imposición, se trata de un derecho reconocido internacionalmente que permite hacer operativa la igualdad reconociendo los derechos especiales de los pueblos indígenas a la representación política.

Sin embargo, ello no fue aceptado por el oficialismo, que solo accedió con el acuerdo de la oposición, a crear una suerte de identificación en el padrón electoral de los electores indígenas mediante los registros estatales existentes o una declaración jurada personal entregada por el Servel 45 días antes de la elección.

Ello sin duda complejizará la participación indígena en los escaños reservados, puesto que establece trabas adicionales a la participación de personas que sin tener calidad indígena -más de la mitad de las personas que se declararon indígenas en el censo-, pero autoidentificándose como tal, quieran votar por candidatos indígenas.

En un tiempo complicado de pandemia, con un proceso enredado de inscripción a contratiempo, una preocupante falta de información sobre cómo operará el registro es probable que la participación indígena sea menor a lo proyectado y ello luego sea usado como argumento para restringirla en el futuro. Afortunadamente algo de cordura primó y se eliminó un inciso que proponía sanciones a las personas que “falsamente” se identificarán como indígenas sin serlo, nuevamente demostrando ignorancia sobre lo complejo de determinar la identidad indígena.

CONCLUSIONES

No hay manera simple de aproximarse a los asuntos relacionados con lo indígena puesto que involucra muchos aspectos cruciales, por ejemplo, la manera en cómo nos entendemos como sociedad y como individuos; qué entendemos por igualdad plena, por desarrollo o por orígenes; y qué ideas tenemos sobre la homogeneidad de la nación, cruzada con miedos a la diferencia, a la autonomía o la autodeterminación de los pueblos.

El tema de la relación de los pueblos indígenas con los Estados es un asunto complejo no solo en Chile, sino en todo el mundo. En especial, en aquellos lugares donde la colonización y la instalación de los Estados nacionales dejó un rastro sangriento de abuso y despojo. En todos los países, especialmente en las ultimas décadas en Latinoamérica, los pueblos indígenas se han convertido en agentes políticos relevantes, con la capacidad de ofrecer resistencia a los gobiernos y de imponer agendas, lo que sin duda marcará la forma en que se van configurando estas relaciones.

A pesar de que se pueden nombrar ejemplos bastante exitosos, no me atrevería a afirmar que existe hoy un solo país donde los conflictos con los pueblos indígenas se hayan dado por superados o cuyos pueblos puedan declarar que sus derechos colectivos se encuentran plenamente reconocidos en un plano de igualdad y respeto por la diferencia. Todos los países han intentado, de maneras muy diversas a lo largo de sus historias, relacionarse con los pueblos indígenas, en acciones que van entre otras, desde la firma de tratados en cuanto naciones soberanas, el exterminio, la asimilación a la sociedad nacional, la exclusión mediante reservas, o en las últimas décadas, el reconocimiento de su existencia como pueblos o naciones diferentes con diversos grados de autodeterminación y autonomía.

Hoy Chile inicia un camino nuevo, un camino propio e inédito, que por primera vez en la historia permitirá que los pueblos que habitan en su territorio dialoguen y se miren de frente, obligados a conocerse, a pactar y acordar nuestra futura Constitución, dejando de lado ojalá, la porfiada ignorancia que ha caracterizado todo este debate.

Editado por Juan Andrés Guzmán

NOTAS Y REFERENCIAS

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