Empresa les cobra la carga robada: repartidores de Starken enfrentan descuentos de hasta $790 mil mensuales si los asaltan

CIPER entrevistó a transportistas de la empresa de reparto Starken, controlada por los dueños de Tur Bus y una de las más solicitadas en la pandemia. Todos han sido asaltados y la empresa les cobra por la carga que les roban. Sus liquidaciones muestran descuentos que llegan hasta $790 mil mensuales. Pablo Valdés murió de un balazo en el pecho el 24 de marzo pasado porque defendió la carga. Los repartidores dicen que ganan entre $600 mil y $1,2 millones al mes, por lo que si son asaltados deben escoger entre pedir préstamos para sobrevivir o enfrentar a los ladrones.

Minutos antes de recibir un balazo en el pecho, Pablo Valdés (35 años, tres hijos) tomó la precaución de entrar marcha atrás al Pasaje Longotoma. Ya lo habían asaltado antes y sentía que su camioneta con el logo de Starken –una de las empresas de reparto más solicitadas durante la pandemia– era demasiado llamativa para entrar a un pasaje sin salida en un sector que él consideraba riesgoso, a una cuadra de la Autopista Vespucio Sur, en la comuna de Lo Espejo.

Valdés quería tener capacidad de maniobra en caso de que intentaran bloquear la boca del pasaje, como efectivamente ocurrió. Estaba preocupado porque con lo que ganaba no podía pagar un seguro para la carga y porque Starken le cobra a sus transportistas los paquetes perdidos si son asaltados. A él le habían robado en abril del año pasado y no podía permitir otro atraco. Su viuda, Andrea Lobos, cuenta que entonces le descontaron $500 mil y que eso tiró al suelo el presupuesto familiar: “Tuvo que conseguir plata, porque tenemos tres hijos chicos”.

Siete transportistas de Starken contactados para este reportaje mostraron a CIPER documentos que acreditan que ganan entre $700 mil y $1,2 millones mensuales, dependiendo de la cantidad de productos que deban repartir. Por lo mismo, dijeron, sufrir un asalto los enfrenta al dilema de defender la carga de manera temeraria o pedir préstamos para sobrevivir.

Eran las 10:15 del pasado 24 de marzo cuando lo que temía Pablo Valdés se concretó: una camioneta trató de cerrar la entrada del pasaje Longotoma. Él aceleró y consiguió esquivarla, cuenta el peoneta que lo acompañaba, Willy Espinoza. Alcanzaron a escapar dos cuadras, por calle 9 de Enero hacia el oriente, seguidos por los asaltantes. Entonces un microbús detenido les cerró el paso. No pudieron adelantarlo, porque otro bus venía en sentido contrario. La camioneta que los seguía se puso delante y su copiloto bajó con un arma de fuego. El hombre apuntó a la cabina y les disparó de frente.

Valdés pudo seguir conduciendo y salir del lugar. “Me llegó”, fue lo último que dijo. Entonces se desvaneció y cayó de costado sobre las rodillas de su peoneta, sin dejar de acelerar. Su compañero tomó el volante, por encima de él, y consiguió doblar por calle Gil de Castro hasta llegar a la municipalidad, ubicada a solo un par de cuadras. Desde allí trasladaron a Pablo Valdés a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) donde falleció a las 11:20. La bala le llegó al corazón, contó su viuda.

Los repartidores de Starken no son trabajadores de esa empresa regidos por el Código Laboral, sino que se les contrata como proveedores del servicio de transporte. Es decir, como empresarios que, con sus propios vehículos, ofrecen el servicio a la compañía. De esta forma, Starken los responsabiliza por las pérdidas de la carga. Los transportistas contactados por CIPER indican que sus bajos ingresos les impiden contratar seguros y que se han visto obligados a pedir préstamos por los descuentos. El resultado de esa suma de factores, señalan,  es que algunos están dispuestos a correr el riesgo de enfrentar a los asaltantes.

CIPER entrevistó a siete transportistas que trabajan para Starken, accedió a documentos con las sumas mensuales que les paga la empresa y al contrato de prestación de servicios que suscribieron con ella. Pedimos a abogados expertos en derecho laboral que analizaran ese contrato y los descuentos que se hacen a los trabajadores. Todos los repartidores entrevistados han pagado al menos un robo a Starken, o lo están haciendo, y han recurrido a préstamos. Los siete pidieron mantener su identidad bajo reserva.

Aunque el caso de Pablo Valdés es el único con resultado fatal que se conoce hasta ahora, varios son los conductores que han sufrido lesiones por defender la carga de Starken. Uno de los repartidores contactados por CIPER cuenta que sufrió una golpiza a manos de una banda y otro señala que ya le han robado más de una vez en lo que va de este año.

Fuente: perfil de Starken en Facebook

Además, los transportistas relatan que todos los meses Starken les aplica varios descuentos identificados como “multas”, sin que se les especifique a qué corresponden esas sanciones. CIPER revisó liquidaciones en las que aparecen diversas multas, algunas de hasta $28 mil, pero no se indica la razón concreta de esos cobros.

Algunas de estas multas, dijeron los conductores, se originarían en supuestos incumplimientos de una serie de obligaciones estipuladas en el contrato, como trabajar con el pelo corto (o tomado, si lo usan largo), utilizar uniforme de la compañía, mantener los vehículos limpios y usar un vocabulario acorde al trato con el cliente interno y externo.

Dos académicos expertos en derecho laboral –Claudio Palavecino y José Luis Ugarte–, dijeron a CIPER que algunas de estas obligaciones podrían ser más propias de una relación laboral de subordinación que de un contrato de servicios. Y explicaron que si los repartidores llevan a Starken a juicio y demuestran que su relación es de subordinación y que, por lo tanto, el contrato de servicios no se ajusta a la realidad, los descuentos por cargas robadas o por multas internas podrían ser ilegales.

CIPER se contactó con el área de comunicaciones de Starken para preguntar por las razones que justifican estos descuentos a sus repartidores, por las medidas de seguridad que aplica, si cuenta con seguros para la carga o si les exige a los transportistas contar con ellos. Como respuesta la empresa envió una declaración (vea la declaración completa).

Respecto a las indemnizaciones que tienen que pagar los transportistas a la empresa, aseguran que “estos servicios se regulan tanto por el contrato suscrito entre las partes, como por la normativa civil y comercial. En virtud de ello, resultan aplicables las medidas acordadas con antelación, respecto a extravíos, mermas, entre otros. Eventos que, acorde al contrato de servicios y normativa comercial, resultan de cargo a la empresa transportista”.

En relación a las medidas de seguridad para proteger a sus transportistas, la declaración señala: “(…) Todos los esfuerzos y acciones que como empresa desarrollemos en favor de resguardar la integridad de nuestros colaboradores, no serán suficientes si no contamos con el apoyo de las distintas instituciones de seguridad del Estado. A ellos les solicitamos trabajar de manera conjunta en un plan de reforzamiento de las actuales medidas en esta materia, buscando que los transportistas que prestan sus servicios a Starken y a todas las empresas del rubro, puedan salir a las calles con tranquilidad, en vista de la necesidad que tiene la comunidad de mantenerse conectada, dada la actual contingencia sanitaria”.

Sobre la contratación de seguros, la empresa señaló a CIPER que tienen considerado contar con ellos y que actualmente está en etapa de cotización. La encargada de comunicaciones de Starken, Paola Matos, explicó a CIPER que antes de las protestas de 2019 y de la pandemia en las conversaciones con los transportistas no se planteaba la inquietud por los seguros de carga y de vida:

“Tras todos estos hechos, y la lamentable pérdida de Pablo, se marcó un antes y un después dentro de nuestra industria, porque esto no le pega sólo a Starken, le pega al rubro en general. Es algo inesperado y lamentable. Pero ante esto estamos avanzando en mesas de trabajo con los prestadores de servicios para llegar a acuerdos que garanticen a los transportistas de estas empresas protocolos de seguridad en rutas, seguros de carga, seguros de vida. Una vez que tengamos estos acuerdos cerrados los compartiremos con la opinión pública”.

La respuesta de la encargada de negociaciones indica que originalmente contaban con seguros de este tipo, pero que las primas no estaban acorde al negocio y que en repetidas oportunidades se generó un mal uso, por auto-robos, por lo que se prescindió de ellos.

“ME PUSIERON UNA PISTOLA EN LA CABEZA”

Los servicios de reparto y delivery se han transformado en esenciales para abastecer hogares y mantener con vida el comercio debido a la pandemia. Actualmente, 245 comunas se encuentran en cuarentena –incluida toda la Región Metropolitana – y en ellas los repartidores llevan miles de paquetes y productos. Una de las mayores empresas de este rubro es Starken, con más de 250 sucursales en el país.

Starken es parte de las empresas ligadas a Tur Bus, compañía controlada por la familia Diez González. Cuatro hermanos de esa familia constituyeron, en 2004, la sociedad EGT Servicios Limitada, cuyo nombre de fantasía es Starken. Al 2019, la sociedad Avant Servicios Integrales S.A., propiedad de los hermanos Diez y con la que controlan Starken, sumaba un capital de $65 mil millones de acuerdo con los registros del Diario Oficial.

“Llevo seis años ya (trabajando para Starken), más o menos, y me han asaltado dos veces. La primera vez me pusieron una pistola en la cabeza y entregué todo, en Estación Central”, narra un transportista. Ese robo, dice, ocurrió en noviembre de 2020. “El otro fue una semana después. Me pegaron como siete personas”, agrega.

Producto del segundo robo, cuenta, debe pagar a Starken $2,6 millones, los que aún está cancelando. El primero le costó $1,9 millones y lo pagó en tres cuotas de más de $600 mil. Los descuentos le significaron que el pasado mes de enero no recibió ingresos y quedó debiendo dinero a la empresa.

Los entrevistados sostienen  que con ingresos de $600 mil a $1,2 millones mensuales, no pueden contratar seguros. Tres repartidores dijeron que han cotizado el servicio, pero que les cobran cuotas de alrededor de $50 mil mensuales que no están en condiciones de pagar. Además, dicen que las aseguradoras les piden que informen el valor de la carga, pero Starken no les da esos datos. Uno de los entrevistados dijo que la aseguradora también le exigía cumplir ciertas obligaciones, como contratar al peoneta, lo que no les resulta rentable, porque “eso significaría un gasto fijo de más de $350 mil mensuales”.

Fuente: perfil de Starken en Facebook

Solo uno de los transportistas entrevistados por CIPER tiene más de un vehículo trabajando para Starken. Él es dueño de tres camionetas y contrata a choferes. Le han robado cuatro veces, asegura, y cada asalto le costado alrededor de $2 millones, que se los han descontado en cuotas de $700 mil a $800 mil. CIPER accedió a una de los liquidaciones mensuales de este transportista, donde se observa un descuento de $790 mil.

-¿Cómo le pago al chofer? ¿Cómo sigo echando petróleo? ¿Cómo sigo trabajando? El mes antepasado tuve que sacar un crédito para seguir viviendo y de eso guardé un poco de plata para ahora. Tengo un hijo en la universidad y dos en el liceo. De las tres camionetas, hay dos que estoy pagando. Tengo que estar haciendo otras cosas: delivery, vender cosas por internet-, cuenta el transportista.

Otro repartidor perdió la cuenta de los asaltos que ha sufrido: “Me han robado unas siete u ocho veces. El más grande fue hace un año, cuando me asaltaron entre 20 personas. Me sacaron de la camioneta a golpes, pegándome en la cabeza con pistolas. Quedé shockeado, me robaron la camioneta con la carga y cosas personales”. Este transportista relata que le han descontado los robos en tres cuotas. La más alta fue de $250 mil.

“Tengo miedo. Después de que nos asaltaron, al otro día no fuimos a trabajar y al siguiente tampoco. Y cuando salimos de nuevo, andábamos espirituados. Porque un robo más, imagínate, son $2 millones más. ¿Por cuántos años quedas endeudado? Yo ya quedé por tres años, más o menos”, dice otro repartidor.

Uno de los entrevistados cuenta que sufrió tres robos en 2020. Todos con violencia, dice. Muestra documentos que indican que tuvo que indemnizar a la empresa con cerca de $500 mil por los dos primeros asaltos. El último le costó alrededor de $1 millón.

Fuente: gentileza de Interferencia

MULTAS Y REGLAMENTO

En las 16 liquidaciones a las que accedió CIPER, existe un apartado de descuentos, los que se agrupan en cinco categorías: “Vestuario”, “GPS”, “Reclamo”, “Multa” y “Otros”. Según indicaron los entrevistados, en el ítem “Reclamo” aparecen los descuentos por robos. En uno de los documentos que CIPER tuvo a la vista había descuentos por “Reclamo” parcelados en más de 15 cuotas.

“La empresa finalmente te castiga respecto a los robos. Uno queda con un trauma y obviamente te tomas uno o dos días después de que te roban, por el shock. Pero, después te encontrabas que te hacían descuentos y te multaban por no ir”, señala un repartidor.

A los descuentos por robos se suman las multas por supuestas faltas a las obligaciones que están especificadas en el contrato de prestación de servicios. Algunas de estas faltas son usar el pelo largo y no tomárselo, no ocupar el uniforme de la empresa, no cumplir con protocolos de entrega de documentación o con los horarios. Son 27 faltas posibles y cada una tiene una multa de 0,5 UF a 1 UF (vea un contrato).

-La primera vez que me multaron, me dijeron “tienes una multa y son como de 27 lucas más el IVA”. Son caras. Pregunté debido a qué y me dijeron que por exceso de velocidad. Yo me pregunté “¿exceso de velocidad de qué?”, si al interior de la empresa uno anda en primera. Y ¿cuándo ocurrió, cómo comprobarlo? Es a criterio de ellos-, asegura un transportista, quien dice que no le entregaron ninguna prueba de que circuló por sobre el límite de velocidad.

CIPER revisó nueve liquidaciones mensuales de este transportista. En ellas se observan descuentos desde $20 mil hasta casi $50 mil por multas.

Andrea Lobos, viuda de Pablo Valdés, dice que los descuentos tenían mal a su marido: “Me decía ‘saqué esto, pero viene el descuento’. Estaba achacado, mal. En un momento dije ‘¿qué puedo hacer para ayudarlo?’. Él se iba a las cinco y media de la mañana y mis hijos no lo veían porque estaban durmiendo. Y cuando él llegaba, a lo más podían estar dos despiertos, pero el otro no. Entonces tenía que llamarlo por video llamada, para que viera a los chiquillos”.

Ésta dinámica de trabajo con descuentos por asaltos, multas y jornadas desde las primeras horas de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche, de lunes a sábado, es normal para los transportistas de Starken. Dos de ellos dijeron a CIPER que no toman vacaciones hace tres años:

-Esto afectó demasiado mi economía familiar. Y también me afectó psicológicamente, porque tienes dos opciones: echarte a morir o enfocarte en trabajar, trabajar y trabajar. En tres años no tomé vacaciones, porque no podía darme el lujo de faltar a la pega. Yo sabía que la deuda que tenía con la empresa era considerable: un día que no trabajaba eran menos lucas para cubrir la deuda y que, además, me quedara algo para mí. Te afecta, porque sales temprano y estás hasta última hora para hacer lucas-, cuenta un transportista.

Y agrega: “Yo me sentía trabajador de Starken. Tenía la camiseta puesta, pero te vas desmotivando. ¿Qué eres? Te exigen y te exigen, pero tampoco te entregan ningún beneficio, reconocimiento o algo”.

Según José Luis Ugarte, doctor en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, las multas y los descuentos por carga robada podrían ser ilegales si se demuestra ante los tribunales que la relación de los repartidores con Starken en realidad es de trabajadores subordinados y no de dueños de empresas que prestan el servicio de transporte.

-Si fueran subordinados, habría una infracción a las normas del código (del Trabajo), porque deberían ser reconocidos como trabajadores.  Y si son trabajadores, ese descuento es ilegal. Los riesgos de la actividad son del empleador, no del trabajador-, explica Ugarte.

Los dueños de Tur Bus son los controladores de Starken.

En relación a las multas por faltas, el experto sostiene que obligar a los repartidores a usar uniformes y multarlos por no utilizarlos son manifestaciones de subordinación.

CIPER también pidió a Claudio Palavecino, abogado experto en derecho laboral y profesor de la Universidad de Chile, que revisara el contrato entre Starken y los transportistas:

–De acuerdo a su lectura del contrato, ¿se podría decir que Starken tiene control sobre la “empresa” que ejecuta el servicio?

-Si quien ejecuta el servicio fuera una persona natural que pone su vehículo, no alguien que (tiene varios vehículos y) además contrata a trabajadores para realizar el servicio, pudiera concluirse que podría haber una relación laboral encubierta. Lo digo en condicional.

-Hay algunos transportistas que tienen giro comercial y más de un vehículo. Pero hay casos como el de Pablo Valdés, en que tienen giro de empresa, pero es sólo una persona con su camioneta. 

-En ese caso podría discutirse si hubo una relación laboral encubierta. Pero esto requiere un juicio donde se rindan pruebas y el juez llegue a la convicción de que quien tiene el control sobre la ejecución del servicio es quien lo encarga y no quien lo ejecuta. Hay que ver bajo qué condiciones se ejecutaban los servicios, que grado de autonomía tenía esa persona en la ejecución de esos servicios, si tenía que aceptarlos siempre, si tenía que trabajar dentro de determinados horarios, si la ruta la definía la empresa.

–Por ejemplo, ellos tienen horarios y si no los cumplen, reciben multas. 

-Todos esos elementos abonan la idea de que pudiera haber ahí una relación laboral. En el contexto de una relación laboral, el empresario no le puede descontar al trabajador perjuicios que escapan a su control.

-Tomando elementos que figuran en el contrato, como las multas por llegar tarde a trabajar o la obligación de utilizar uniforme, ¿se puede concluir que el contrato podría corresponder a una relación laboral encubierta?

-Claro, cuando quien ejecuta el servicio es una persona natural que pone su vehículo. Incluso, puede darse la circunstancia de que se les haga configurarse como una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), porque la astucia de los abogados en esto es grande. Pero si, en los hechos, lo que tenemos es una persona natural que pone su vehículo para ejecutar estos servicios, que son completamente organizados y dirigidos por la empresa que encarga esos servicios, un juez laboral podría declarar que hay un contrato laboral encubierto, porque en el derecho del trabajo lo que importan no es el papeleo, sino la realidad.

Puedes escuchar este reportaje aquí:

*Audio realizado por CarolinaPereira.de