Cambios a la normativa del Congreso: asesores no podrán administrar campañas pero todavía pueden ser lobbistas de empresas

Luego de que CIPER reveló en julio pasado que 30 parlamentarios a la reelección ocuparon como administradores de sus campañas a asesores pagados por el Congreso, el Consejo de Asignaciones determinó prohibirlo expresamente. Según la nueva resolución que entró en vigencia en septiembre, ahora los asesores deben dejar su labor legislativa si quieren sumarse a las campañas. Pero hay otros ítems que no cambian: los lobbistas de empresas o fundaciones pueden asesorar a los congresistas. Según el presidente del Consejo, Rabindranath Quinteros (PS), el único límite es que no aparezcan en el registro de lobby de la Cámara o el Senado ¿Otro cambio? diputados y senadores podrán cambiar las llantas de sus vehículos con cargo al presupuesto fiscal.

Cerca de $20 millones mensuales es con lo que cuenta cada parlamentario para ejercer su labor. El Estado provee de asesores, oficinas, automóviles, bencina, teléfono y pasajes, entre otros insumos, para que diputados y senadores cumplan con su trabajo. Los recursos son adicionales a los $7.012.388 brutos que recibe cada legislador como dieta o sueldo por su trabajo.  

Cada cierto tiempo, la normativa respecto al uso de esas asignaciones cambia. Y este año, los nuevos integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP), que llegaron en abril pasado y que preside el exsenador Rabindranath Quinteros (PS), pusieron énfasis en el doble rol que hasta ahora ejercían asesores de legisladores en periodos de campaña.    

En julio pasado, CIPER constató que 30 parlamentarios en ejercicio que compitieron por la reelección en las pasadas elecciones de 2021 ocuparon a asesores de confianza, pagados por el Congreso, para ejercer la labor de administradores de campaña. El registro dio cuenta de que, en la práctica, las asignaciones terminaban financiando insumos de campaña, asunto que expresamente está prohibido para los legisladores. Sin embargo, tal como señalaron entonces los parlamentarios aludidos y las propias corporaciones del Congreso, hasta la última elección no había impedimento legal para que los asesores comandaran las campañas.

Pero a partir del 1 de septiembre pasado, el asunto cambió. El CRAP resolvió eliminar la  posibilidad de que personal de Congreso cumpla un rol electoral, y en la nueva normativa dedicó un apartado especial a este doble rol de los asesores: “Se prohíbe la contratación de personas que desempeñen la calidad de administrador electoral de un candidato o bien que declaren candidaturas a cargos de elección popular”, dice el punto 10 del Capítulo II, de la Resolución N°8 que determina el uso de las asignaciones parlamentarias tanto para la Cámara de Diputados, como para el Senado. 

En el mismo escrito, se establece además que si algún parlamentario quisiera que su asesor se dedique a su campaña, este debe cesar sus funciones en el Congreso mientras dure el periodo electoral. Precisa, eso sí,  que la suspensión de remuneraciones no impide que las cotizaciones de pensión y salud del trabajador sean financiadas en ese lapso. 

– A partir de la vigencia de esta resolución, todos los nuevos contratos -o sus renovaciones- de personal de apoyo y/o asesoría externa deberán incluir una cláusula contractual que imponga la obligación al trabajador o asesor de informar cuando se asuma la calidad de administrador electoral o candidato a elección popular, en cuyo caso se deberá disponer la suspensión de la relación laboral o de la prestación de servicios, la que se iniciará desde la asunción en el cargo o desde la declaración de candidatura, según sea el caso y se extenderá hasta la fecha de la respectiva elección, dice el nuevo reglamento. 

Según pudo constatar CIPER en su investigación de julio pasado, la mayoría de los asesores del congreso que asumieron como administradores electorales, lo hicieron sin cobrar un sueldo extra. Pero también había quienes aparte de su remuneración en el Congreso, emitían boletas como administradores electorales que en determinados casos era sometida a reembolso por parte del Servel. 

LOBBISTAS PERMITIDOS

En junio de 2018, el CRAP decidió eliminar la posibilidad de que lobbistas fueran asesores de parlamentarios. Esto en virtud de que ser lobbista o gestor de intereses de empresas o fundaciones, se contradice con la idea de legislar sobre situaciones que pudieran afectar los intereses de las entidades en las que pudiera trabajar en paralelo un asesor. 

Sin embargo, la disposición -que persiste en esta nueva actualización normativa- posee “letra chica” porque, según explicitan desde el CRAP, la prohibición solo apunta a aquellos lobbistas y gestores de intereses que se encuentran inscritos en el registro lobby de la Cámara de Diputados o del Senado. También incluye a ejecutivos que trabajan para una empresa dedicada a hacer lobby. Pero deja fuera a todos los lobbistas y gestores que tramitan intereses particulares ante el gobierno, municipalidades y otros organismos públicos. 

En 2019, CIPER publicó el caso de Roberto Godoy, quien mientras era gerente de Comunicación Estratégica de Imaginacción, la más famosa de las empresas de lobby, también era asesor de los senadores del PPD (vea reportaje de CIPER). 

Hoy en el registro de lobby de la Cámara de Diputados existen 267 personas jurídicas y naturales inscritas (ver aquí), mientras que en el Senado son 74 (aquí ese listado). 

En la nueva normativa, si bien se enfatiza el hecho de que el trabajo de lobbista es incompatible con el de un asesor, no hubo variaciones. “Resulta completamente incompatible la actividad conjunta o simultánea de lobbista o gestor de interés particular con la de personal de apoyo o asesor externo”, dice el reglamento en el punto 17 del capítulo II. 

La nueva resolución, en el apartado donde se habla específicamente de la contratación de lobbistas, señala:

– En razón de lo anterior, queda prohibida la contratación de quienes resulten registrados como lobbistas o gestores de intereses particulares en alguno de los registros a que se refieren los artículos 7°, numeral 4°, y artículo 13, ambos de la Ley N° 20.730; en relación con el artículo 9° y el Título III del Reglamento de Lobby del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que se aplica, indistintamente, a las personas que aparecen en el registro público de lobbistas y gestores de intereses particulares, como en el registro de Agenda Pública. 

La puntualización sobre el registro del Senado o la Cámara, según la interpretación a la norma que señala el presidente del CRAP, Rabindranath Quinteros, excluye el registro de Infolobby, la base de datos gestionada por el Consejo Para la Transparencia donde se inscriben todos aquellos gestores que buscan acercarse a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y otros organismos del Poder Ejecutivo. 

-“Nosotros no podemos prohibirlo, eso lo interpretamos así”, refrenda el ex senador Quinteros. 

Entonces, ¿solamente está prohibido para aquellos lobbistas que están inscritos en el registro del Congreso?

-Exactamente. 

La referencia habilitaría a que, en una situación hipotética, un lobbista de la pesquera Corpesca podría ser asesor legislativo de un senador como Jaime Orpis en medio de la tramitación de la Ley General de Pesca. 

Al ser consultada respecto del posible doble rol de asesores y lobbistas, la Directora Ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, señala que el caso no es hipotético: 

“Hay que tener presente que el mecanismo utilizado por Corpesca era precisamente hacer pasar a una de las personas que trabajaban en la empresa como asesor legislativo de la exdiputada (Marta Isasi) y él (Michel Campillay) presenciaba comisiones, redactaba indicaciones e influía en la tramitación del proyecto. Esto no es hipotético. Tenemos ya un caso con certeza judicial al respecto”, dice. 

“Yo creo que o haces lo uno o haces lo otro, pero estar en los dos lugares no es compatible. De hecho, la Comisión Engel (encargada de cambiar la normativa electoral tras los casos Penta, SQM y Corpesca) iba más allá, proponía que hubiera una norma especial para los lobbistas, para que no pudieran ejercer cargos de la función  pública hasta un año o dos, después de haber dejado de ser lobbistas”, agrega Jaraquemada, quien señala que así funciona el estándar internacional. 

Según fuentes vinculadas a la Cámara de Diputados, este tema fue abordado en el debate sobre cambios a la normativa en actualizaciones de años anteriores, pero se resolvió entonces no prohibirlo dado que se hacía muy difícil restringir tan abiertamente el trabajo de asesorías. Solo para el mes de septiembre, Infolobby posee un registro de 107.609 lobbistas. 

Pese a la dificultad señalada desde el Congreso, el presidente del CRAP, Rabindranath Quinteros, señala a CIPER que en virtud de la transparencia, no descarta hacer cambios a la normativa respecto a este punto. 

– Este nuevo consejo lo que ha tratado de hacer es que la opinión pública sepa que los recursos que emplea el Congreso Nacional son custodiados y fiscalizados por este Consejo de Asignaciones Parlamentarias, afirma. 

– Nosotros queremos borrar esta imagen que tiene la opinión pública de que los parlamentarios ganan una brutalidad de plata sin rendirle cuentas a nadie. Lo que pretendo es que sea todo lo más transparente posible. Ahora, evidentemente, tal como usted lo plantea, seguramente esta resolución no llega a la perfección, pero es un avance cualitativo, plantea el ex parlamentario. 

Y al ser consultado específicamente respecto de lobbistas, el exparlamentario señala: “Yo lo voy volver a plantear este martes (en reunión de CRAP), para que se clarifique mucho más. Porque insisto: nuestra misión, nuestro compromiso, es ser lo más transparente posible”.  

LOS OTROS CAMBIOS

Los parlamentarios poseen un ítem llamado “gastos operacionales” a través del cual se financian los gastos en que incurren para ejercer su labor: traslado, transporte, viáticos, teléfonos y difusión, entre otros.

Una de las novedades que trajo la reciente actualización de la normativa, es la precisión de que será ahora cada corporación la que se encargue de los arriendos de los vehículos, en cuyo caso, será la Cámara o el Senado quienes contraten los arriendos de autos permanentes. Esto, según explican quienes conocieron la génesis del cambio, apunta a evitar casos de incumplimiento de contratos como el del exdiputado RN, Francisco Eguiguren, quien habiendo recibido por parte del Congreso los recursos para cumplir con lo pactado, este sencillamente no pagaba y acumuló en 2019 una deuda de casi $15 millones. 

Senadores y diputados suelen contratar arriendos permanentes de vehículos por dos, tres o cuatro años a través de un tipo de convenio entre parlamentarios y automotoras del que La Tercera dio cuenta en 2019. En la remozada normativa se estipula que estos arriendos están plenamente autorizados con la posibilidad de hacerlo con solo dos vehículos. Eso aparte de la posibilidad de cada legislador de inscribir un auto propio para la labor legislativa, en cuyo caso se pagará no solo mantención, bencina, peajes y tags de ese vehículo, sino además un monto cercano a los $250 mil por concepto de amortización del vehículo, es decir, por el desgaste que provoca su uso. 

Cámara de Diputados.

Lo que sí es nuevo en la resolución recién estrenada, es la posibilidad de que los legisladores puedan cambiar los neumáticos de sus autos con cargo al erario fiscal. 

– Se podrá imputar como gasto a este ítem el recambio de los neumáticos de uno de los vehículos propios del parlamentario (a), en la medida que ello sea estrictamente necesario por razones de mantención y seguridad, explicita la normativa, sin fijar parámetros de veces al año o cantidad de kilometraje. 

Otro ítem nuevo es que se incorpora un tipo de asesor distinto: experto pero que no posee título profesional. Se trata de personas con experiencia pero sin grado académico  universitario. Quienes conocen este punto de la normativa explican que se enfoca al trabajo político de trabajadores de confianza de los legisladores que, usualmente, se dedican a la labor territorial en sus distritos y circunscripciones.