Giro radical: Consejo para la Transparencia no accede a entrega de los correos del exministro Delgado

En agosto pasado el Consejo para la Transparencia (CPLT) favoreció a CIPER y accedió a la entrega de los correos electrónicos del exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. Pero, tres meses después giró en 180 grados y denegó los correos del exministro del Interior, Rodrigo Delgado. La posición del CPLT en esta materia varía radicalmente si un consejero se inhabilita o si cambia su presidente, que tiene el voto dirimente. “Esto es un problema estructural” del Consejo, sostiene la ex directora general del CPLT, Andrea Ruiz: “En función de su integración diaria y voto dirimente, siguen existiendo decisiones completamente opuestas”.

En apenas tres meses el Consejo para la Transparencia (CPLT) falló primero a favor y luego en contra del acceso a los correos electrónicos de ex autoridades del Ministerio del Interior. A fines de agosto pasado resolvió a favor de CIPER y autorizó la entrega de la mensajería del exsubsecretario de esa cartera, Juan Francisco Galli. Pero en noviembre de este año, ante una nueva solicitud de CIPER, dictaminó lo contrario respecto de las comunicaciones del exministro del Interior, Rodrigo Delgado, y de su asesor Mijail Bonito: “Resulta indudable que la garantía constitucional de la vida privada abarca también los correos electrónicos”, señala esta última resolución.

Esta variación radical en los dictámenes del CPLT sobre el acceso a los correos de altos funcionarios públicos se debe a que, de los cuatro consejeros que actualmente integran la entidad, dos favorecen la entrega dependiendo del contenido de los correos y los dos restantes se oponen, pues consideran que siempre debe primar la privacidad de las comunicaciones. Esto implica que basta que un consejero se inhabilite para que el resultado sea completamente distinto al de una resolución anterior. Y aún cuando todos concurran, si ha cambiado el presidente del Consejo, que tiene voto dirimente, la decisión final también puede variar respecto de actuaciones previas.

Esta situación ha impedido sentar una línea clara del CPLT respecto del acceso público a los correos de autoridades. Y que el proceso finalice con el Consejo aprobando o denegando la solicitud depende de un asunto casi trivial: la composición del órgano el día de la votación.

La abogada experta en Transparencia y ex directora general del CPLT, Andrea Ruiz, señaló que “esto constituye un problema estructural, que el Consejo para la Transparencia no ha podido resolver”. Este problema, sostuvo, radica en que “en función de su integración diaria y voto dirimente, siguen existiendo decisiones completamente opuestas. En algunos casos se otorga pleno acceso a los correos electrónicos por ser información pública y en otros se deniega, por ser comunicaciones privadas, resguardando la vida privada”.

El actual presidente del CPLT, Francisco Leturia, dijo a CIPER que este es el único tema en el que se producen modificaciones en la jurisprudencia del Consejo y que eso ocurre cuando se realiza el cambio de su presidencia, cada 18 meses. “Mientras no tengamos una ley que lo solucione estamos medios sonados y es un tema interpretable. Pero, cuando esos temas han subido al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema, en general han validado la tesis de que (los correos) son reservados”, indicó Leturia.

Las diferencias en las decisiones del CPLT para entregar los correos quedan a la vista en una simple lectura de los fallos de Galli y Delgado:

• Agosto de 2022. En el caso de Galli el CPLT dice que los correos son públicos: “Se debe considerar que este Consejo, de manera unánime, se ha pronunciado a favor de la publicidad de los correos electrónicos que constituyen el o los fundamentos de un acto administrativo (…) ahora bien, y como ocurre en la especie, respecto de aquellos correos electrónicos que no constituyen antecedentes o fundamentos de un acto administrativo, sino que únicamente corresponden a los que son generados desde una casilla institucional, este Consejo, estima que son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas”.
• Noviembre de 2022. En el caso de Delgado y de su asesor Mijail Bonito, el CPLT dice que los correos son privados: “Resulta indudable que la garantía constitucional de la vida privada abarca también los correos electrónicos, a la luz de su carácter de medio de comunicación privado, según lo expuesto en éste y en los considerandos precedentes (…) los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución”.

LOS DOS BANDOS DEL CONSEJO

CIPER revisó resoluciones del CPLT sobre solicitudes de acceso a correos. En ellas, los consejeros Gloria De La Fuente y Bernardo Navarrete siempre estimaron que, si los mensajes se relacionan con la función pública, deben ser entregados. Por el contrario, los consejeros Francisco Leturia y Natalia González consideraron que se trata de un medio de comunicación privado, por lo que el acceso debe ser denegado en virtud de la protección del derecho a la vida privada.

Cuando la entidad evaluó si CIPER podía conocer los correos de Galli, la consejera Natalia González se abstuvo porque argumentó que es amiga del exsubsecretario, por esa razón la posición favorable a la entrega obtuvo dos votos (De La Fuente y Navarrete) y la contraria ninguno, porque ese día el presidente de la entidad, Leturia, no asistió a la sesión.

Después, cuando se resolvió sobre las comunicaciones de Rodrigo Delgado y Mijail Bonito, se abstuvo Gloria De La Fuente. La consejera basó su decisión en que un antiguo asesor de ella ahora estaba trabajando en el Ministerio del Interior. De esta forma, se impuso la posición de González y Leturia.

La elección de los consejeros del CPLT se ejecuta según un viejo acuerdo binominal: dos consejeros para la derecha y dos para representantes de la izquierda. El Presidente de la República los nomina y el Senado los ratifica con un quórum de dos tercios. Actualmente los dos cupos de derecha son ocupados por Francisco Leturia y Natalia González -quien además es directora del área constitucional de Libertad y Desarrollo, un centro de pensamiento cercano a la UDI-, y los representantes de izquierda son Bernardo Navarrete y Gloria de la Fuente, expresidenta de Chile 21, un think tank ligado al progresismo.

En junio de 2021, el CPLT resolvió la solicitud de CIPER para acceder a los correos de ex autoridades del Ministerio de Salud (Minsal), entre ellas el ex titular de esa cartera, Jaime Mañalich, y la exsubsecretaria Paula Daza. En esa ocasión votaron todos los consejeros, por lo que hubo un empate entre las posturas de las duplas De La Fuente-Navarrete y Leturia-González. Así, la situación quedó en manos del voto dirimente de la entonces presidenta del Consejo, Gloria De La Fuente. Fiel a su criterio de que los correos deben ser entregados si su contenido se refiere a asuntos propios de la función pública, la entonces presidenta le dio luz verde al acceso. Hoy, si nuevamente se produjera una votación dos contra dos, el voto dirimente sería de Leturia, que empuja la tesis de que los correos son privados.

Francisco Leturia explicó que, a la hora de resolver sobre el acceso a correos, “salvo que haya un matiz o un cambio de criterio, voto en contra. Hay tres o cuatro criterios en que estamos todos de acuerdo en que hay que entregarlos. P,ero en general, en el 90% de los casos Natalia (González) y yo votamos en contra, y Bernardo (Navarrete) y Gloria (De La Fuente) votan a favor”. Sin embargo, dijo que, fuera de los requerimientos en que deben pronunciarse sobre correos electrónicos, “reforzaría que el 99,9% de los casos se resuelven por unanimidad”.

En el CPLT estiman que no ha habido un cambio de criterio entre la resolución que accedió a la entrega de los correos de Galli y la que denegó los de Delgado: “Ello debido a que cada consejero ha mantenido invariable su posición respecto de la materia. La diferencia en el resultado de uno u otro caso es una consecuencia de la presidencia rotativa del CPLT cada 18 meses, y en la atribución exclusiva que corresponde al pdte/a de zanjar con su voto en caso de producirse empate, cuestión que determinará el resultado frente a una controversia en que no hay unanimidad de opiniones”, sostiene un comunicado enviado por la entidad.

El abogado experto en Transparencia, Alberto Precht, señaló que “es importante que se respete que cuando exista una misma razón el resultado sea el mismo (…). Resulta jurídicamente sorprendente que en algunos casos sí se entreguen correos electrónicos de autoridades y en otros, no”. 

Precht sostuvo que una solución podría ser dar curso a una indicación de ley que está pendiente desde 2012 y que zanjaría el punto, sin dejarlo “a los vaivenes en el razonamiento decisorio que pueda tener el CPLT”. 

– Uno de los argumentos usados para negar la publicidad de los correos electrónicos es señalar que la ley de acceso (ley de Transparencia) no tiene la suficiente especificidad para vulnerar la privacidad de las comunicaciones. Es por eso que en 2012, en el marco de las primeras solicitudes en la materia (que pedían la entrega de correos), se pensó resolverlo con una reforma en la ley, lo que hasta hoy no ocurre- explicó Precht.

En todo caso, esa indicación limita el acceso solo a los correos que contengan “actos o resoluciones de los órganos de la Administración del Estado” y a aquellos que tengan datos que sirvan de fundamento, sustento o complemento de dichos actos o resoluciones. La propuesta, expresamente, no permite la entrega de correos que contengan deliberaciones. Con ese criterio, el CPLT no habría dado acceso a los correos de las antiguas autoridades del Minsal y del exsubsecretario Galli.  

La abogada Andrea Ruiz dijo que, “reconociendo que me parece más acertada la tesis que define como información pública a los correos electrónicos (transmitidos) en el ejercicio de una función pública, sostengo que debe instarse por una solución definitiva de orden legal o constitucional”. A su juicio, la experiencia acumulada en los 13 años de vigencia de la Ley de Transparencia indica que ya se hace necesario introducir este tipo de cambios. De lo contrario, opinó, “seguiremos presenciando esta oscilación argumentativa” al interior del CPLT. Y eso, sostuvo, produce “grave daño a la credibilidad pública y desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información”.