Los desconocidos nexos de confianza del Fiscal Nacional con las autoridades clave de Vitacura y Lo Barnechea que están en la mira de la justicia

Ángel Valencia no solo fue asesor externo en la Municipalidad de Lo Barnechea entre 2015 y 2022, sino que también defendió en causas judiciales a las municipalidades de Vitacura, Lo Barnechea y Ñuñoa. Lo más relevante es lo que emerge en los 15 últimos años de su carrera profesional: ha sido un abogado de confianza de quienes han dirigido los municipios de la zona oriente de Santiago, y que ahora protagonizan casos millonarios por malversación de dineros públicos. Desde esa trama urdida por autoridades, ejecutivos municipales y abogados ha comenzado a surgir una red de financiamiento político ilegal. Mientras el Fiscal Nacional sigue negando conocer a los exalcaldes de Vitacura y Lo Barnechea, los registros judiciales lo muestran representando también a los hombres clave de las finanzas municipales que han ocupado cargos paralelos en ambos municipios. Uno de ellos es Patricio Lazcano, ex mano derecha de Felipe Guevara, quien estaba en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente cuando en marzo de 2022, en los estertores del gobierno de Piñera, firmaron un contrato con Valencia por más de $20 millones.

A fines de 2022 la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una causa para investigar los traspasos de dinero desde la Municipalidad de Lo Barnechea a una serie de corporaciones privadas. Bajo un modelo implementado por el exalcalde Felipe Guevara (RN), esas organizaciones funcionan como muletas del accionar municipal; pero al ser privadas, están fuera de toda fiscalización del sistema de transparencia y la Contraloría. nadie las controla. Esa indagatoria judicial está abierta y en pleno desarrollo.

El monto de dinero que abarcaría la investigación es de $41 mil millones. Fue el cálculo que hizo América Transparente, porque hasta hoy no se conoce ni el detalle de los pagos emanados desde esas corporaciones vía boletas de honorarios, ni los contratos que celebraron con distintas sociedades. El modelo de gestión es el mismo que se aplicó en Vitacura, una de las comunas más ricas de Chile. Allí el Ministerio Público investiga un millonario desfalco cuyo origen está precisamente en la red de organizaciones funcionales privadas financiadas con fondos municipales.

El problema que se viene es que el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha sido uno de los abogados de confianza de la trenza de poder que ha controlado los municipios de Vitacura y Lo Barnechea durante las últimas dos décadas. Sus vinculaciones laborales hablan de esa estrecha relación. Entre 2006 y 2011 trabajó en el estudio de Juan Domingo Acosta con Alberto Espina y el fallecido Carlos Zepeda, todos hombres de confianza de RN y del expresidente Sebastián Piñera. Todos también muy cercanos al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, también importante figura de RN, hoy protagonista principal del escándalo de corrupción que ausculta pagos y traspasos de dinero en los municipios de la zona oriente de Santiago.

Entre 2008 y 2012, Valencia fue el principal asesor parlamentario del entonces senador de RN Alberto Espina. Y en 2014 firmó un contrato de asesorías con el comité de senadores del mismo partido. Luego, entre 2013 y 2019, formó parte del estudio de Gonzalo Cisternas, alto dirigente de RN e hijo del exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Su hermano ha sido secretario general del partido. En ese estudio también recaló durante un tiempo Espina, quien actualmente es consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Debido a su amistad con Torrealba, Espina se inhabilitó en la decisión del CDE de querellarse en la causa sobre las platas de Vitacura. 

Ambos estudios de abogados, el de Acosta y el de Cisternas, fueron parte de la investigación por el financiamiento ilegal de la política. Pero no como querellantes ni defensores, sino como intermediarios de fondos (vea reportaje). Ninguna de esas investigaciones llegó a su término. Tanto un fallo de la Suprema, en el que participó el exministro Lamberto Cisternas, como actuaciones de Impuestos Internos y del Ministerio Público permitieron cerrar esas causas.

En 2017 es posible situar al abogado Valencia defendiendo a la dueña de la productora Pandemia, María Inés Alliende, imputada por haber emitido una boleta de $5 millones a SQM por un servicio que en realidad prestaron a la campaña presidencial de Piñera en 2009. Según dijo entonces Valencia a radio Cooperativa, “la señora Alliende no ha cometido ningún delito y los hechos que se le atribuyen eventualmente estarían prescritos, en el caso de que fueran delitos». La imputada es cónyuge del entonces asesor de campaña presidencial, Reinaldo Sepúlveda, quien después fue director de producción de Presidencia.

Mientras corría esa línea de tiempo, Valencia fue asesor externo de Lo Barnechea entre 2015 y 2022 (vea reportaje “Fiscal Nacional emitió 57 boletas a Lo Barnechea mientras Felipe Guevara era alcalde”). A pesar de que entonces el estudio de Cisternas tenía un contrato con Lo Barnechea (ha recibido $93 millones entre 2014 y 2022), y de que Valencia formaba parte de ese estudio, igual el actual Fiscal Nacional boleteaba a la municipalidad por su cuenta.

Y aunque el nuevo Fiscal Nacional ha repetido que no conoce personalmente a los exalcaldes Felipe Guevara (Lo Barnechea) y Raúl Torrealba (Vitacura), lo cierto es que sí ha sido un hombre de confianza del círculo de poder que los rodea. Su exjefe en Lo Barnechea, Patricio Lazcano Silva, es conocido en el mundo de Chile Vamos por ser un eficiente operador político y municipal. Y de extrema confianza, sabe guardar secretos. Ha trabajado en Ñuñoa con Pedro Sabat (RN), en La Florida y Santiago con Pablo Zalaquett (UDI), en Vitacura con Torrealba, y con Guevara en Lo Barnechea. Cuando Felipe Guevara recaló en la Intendencia Metropolitana durante el estallido social, Lazcano fue su mano derecha. En diciembre de 2019, en medio de la crisis, el abogado Ángel Valencia le brindó una asesoría directa al intendente, por la que recibió $2 millones. Hasta hoy, el Fiscal Nacional no ha aclarado en qué consistió esa asesoría.

Pero hay otro episodio hasta ahora desconocido. El 25 de marzo de 2022, Valencia firmó un contrato por más de $20 millones con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente para defender en un proceso penal al entonces director del servicio, el exalcalde UDI de San Bernardo Francisco Miranda. Cinco días después, Miranda fue removido del cargo por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En esa fecha el subdirector administrativo era Patricio Lazcano, quien llegó a ese cargo en diciembre de 2021, luego de que Guevara renunciara a la Intendencia Metropolitana (vea aquí el contrato).

El monto del contrato que firmó Valencia duplica lo pactado a pagar en otro que firmó en 2020 con el Ministerio de Defensa, esta vez para representar al entonces ministro Mario Desbordes (RN), imputado por violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido. Le consultamos al equipo de prensa del Fiscal Nacional por esos contratos, pero hasta el cierre de la edición de este reportaje no obtuvimos respuesta. 

La confianza de los dirigentes de Chile Vamos, y en particular de RN, con Ángel Valencia se constata también en otras causas judiciales revisadas por CIPER. Ha representado en tribunales al diputado de ese partido, Eduardo Durán, a la exsenadora Marcela Sabat, y al padre de ella, el exalcalde Ñuñoa, Pedro Sabat, cuando fue procesado en la justicia por el Caso Basura.

Los Sabat también forman parte de la trenza que ha controlado los municipios de Vitacura y Lo Barnechea. El hermano del exalcalde, Aldo Sabat Pietracaprina, fue durante 13 años administrador municipal de Torrealba en Vitacura (1997 – 2010), y desde 2014 en adelante director de planificación del mismo municipio, del que además fue concejal entre 2012 y 2016. Sabat Pietracaprina también ha prestado servicios en Lo Barnechea: entre 2018 y 2021 fue director ejecutivo de la Corporación Cultural. Entre 2014 y 2017, presentó boletas de honorarios mensuales al municipio de Vitacura por asesorías en el área de desarrollo comunitario. Los pagos por esa labor variaron desde $2 millones mensuales en 2014, hasta $3,3 millones en 2017. Otra de las labores que muestran la confianza depositada en él: fue director administrativo de la Presidencia en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Otro hombre que aparece en esta red es el primo del exalcalde de Ñuñoa y de su hermano Aldo Sabat, asesor de Vitacura y Lo Barnechea. Pablo Parra Pietracaprina aparece en roles claves en la municipalidad que dirigía Guevara. Fue asesor de la Secretaría de Planificación de Lo Barnechea, asesor externo municipal, director ejecutivo de Lo Barnechea Servicios (una de las corporaciones privadas que ha recibido más subvenciones desde esa comuna), director en Prodeportes (otra de las organizaciones privadas), y director ejecutivo de Protransportes, otra entidad privadaa que ha recibido millonarias subvenciones municipales. 

El nuevo Fiscal Nacional también ha representado en tribunales a Andrés Ibarra Videla, abogado que fue durante 17 años el director jurídico del exalcalde Torrealba, y que luego ha prestado asesorías tanto en Vitacura como en Lo Barnechea, cobrando a través de boletas de honorarios y de contratos de sociedades. Ibarra es un hombre clave en esta trama. No solo por ser alguien de la absoluta confianza de Torrealba, sino también porque ha pasado por las organizaciones privadas de Lo Barnechea que han recibido millonarios subsidios municipales.

A través de la sociedad Asesorías y Compañía, donde comparte propiedad con su esposa, Ibarra ha presentado facturas por más de $400 millones al Municipio de Lo Barnechea entre 2012 y 2021. Eso en paralelo a su trabajo como director jurídico y asesor en Vitacura, el que luego cambió a director jurídico y director ejecutivo de la Corporación Cultural de la misma comuna. En Lo Barnechea también ha prestado asesorías como persona natural mediante boletas de honorarios, y como encargado de Proemprende, una de las corporaciones privadas que ha recibido subsidio municipal. 

Andrés Ibarra Videla ya está en la lupa de la investigación judicial. Apareció en la causa de los fondos de Vitacura. Una funcionaria histórica del municipio declaró ante los fiscales que Ibarra era una de las personas del  círculo que entregaba dinero en efectivo al exalcalde Torrealba.

Esa indagatoria judicial también alcanzará a la Asociación de Municipios para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (Amszo), organización privada que recibe subvenciones de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Según registros de transparencia que tuvo a la vista CIPER, otra sociedad de Ibarra percibió de esa entidad $1 millón mensual de 2017 hasta agosto de 2019.

La mayoría de las causas judiciales que actualmente amenazan a quienes han prestado servicios en Vitacura y Lo Barnechea, están radicadas en la Fiscalía Metropolitana Oriente, repartición a la que llegó la esposa del nuevo Fiscal Nacional, María José Taladriz, el pasado 12 de enero, luego de que tuviera que abandonar el cargo que ocupaba como abogada de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional. Resultaba incompatible que siguiera allí siendo su marido el jefe. Por ello, desde el entorno de Valencia dicen que el traslado fue solo para que ella haga uso de sus vacaciones, y luego de eso renunciará al Ministerio Público. 

Quien tendrá que tomar públicamente una decisión respecto de las causas que involucran a Vitacura y Lo Barnechea, será el fiscal Ángel Valencia. Cuando fue electo señaló que se inhabilitaría en las “causas que correspondan”, sin especificar. Y aún no da luces de cuáles serán esas causas. Y son muchas. Un nudo importante para el abogado valencia lo constituyen sus vínculos con los diversos directivos de las municipalidades que están bajo investigación judicial en pleno desarrollo. 

En 2015, cuando estallaron las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política, la Fiscalía Nacional tomó el control de esas indagatorias. En esa oportunidad el exfiscal Jorge Abbott se inhabilitó en la causa de Penta porque era primo de uno de los directivos del grupo. A pesar de ello, finalmente los dueños de Penta fueron beneficiados con una condena de clases de ética y multas exiguas respecto de los montos que marcan su fraude al Fisco. Está por verse cuál será la decisión de Ángel Valencia.

TESTIGOS CLAVES, NEXOS Y CONTRATOS A FAMILIARES

Al menos tres exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura prefirieron colaborar con la justicia y hacer declaraciones reveladoras ante la Fiscalía Centro Norte que indaga la posible existencia de delitos de fraude al Fisco, cohecho y malversación de caudales públicos en esa comuna. Sus testimonios están permitiendo desenredar el nudo. Domingo Prieto, Antonia Larraín y César Silva detallaron a la Fiscalía cómo, junto a otros colaboradores de confianza del exalcalde Raúl Torrealba, recibían y entregaban sobres con dinero en efectivo, cuyo destino final era el escritorio del exedil. 

La causa tiene en vilo a exautoridades, funcionarios y asesores de Vitacura. Pero también inquieta a sus pares de municipalidades vecinas. Porque si hay algo que caracterizó a los antiguos alcaldes Torrealba, Felipe Guevara (Lo Barnechea) y Pedro Sabat (Ñuñoa) fue la contratación, a veces en forma simultánea, de funcionarios y familiares que prestaron servicios para las mismas comunas del sector Oriente. Una verdadera trenza de fianzas municipales.

CIPER constató que entre Vitacura y Lo Barnechea al menos se repiten cinco funcionarios de confianza, entre los que se cuenta a testigos claves de la investigación en curso, como Antonia Larraín, la mujer que se autodenunció y delató el sistema de sobres con dinero. También el hermano del exalcalde de Ñuñoa, Aldo Sabat, quien posee una extensa trayectoria en el mundo municipal y es señalado como brazo derecho de Torrealba. Del mismo modo, entre Ñuñoa y Lo Barnechea, se repite un abogado cercano a Guevara, Patricio Lazcano, quien ejerció como director jurídico de ambas comunas.

Alejado de la vida pública, Sabat destaca las cualidades de su exdirector jurídico: “Lazcano antes de tomar un cargo administrativo debe haber peleado no sé cuántas cosas en no sé cuántas partes, el gallo era realmente bueno”, dice. “No es primera vez que encuentro alguien del partido que trabaja en una municipalidad, que son cargos de confianza”, agrega.

Lazcano es un nexo importante en el mundo municipal. Es el responsable además, de que el recién nombrado fiscal Nacional, Ángel Valencia, se desempeñara como abogado de la Municipalidad de Lo Barnechea, contratación que, tal como reveló CIPER el jueves 12 de enero pasado, fue omitida por el propio fiscal ante el Senado, cuando fue cuestionado por su relación con un alcalde investigado por el Ministerio Público.

Pero lo cierto es que, según registros públicos, Ángel Valencia, ha tenido relaciones laborales con estas tres municipalidades del sector oriente. Esto, tanto como persona natural, como a través de estudios jurídicos a los que ha pertenecido. Valencia representó a Pedro Sabat ante la Corte de Apelaciones de Santiago en 2016 para intentar que se le sobreseyera en una causa donde lo denunciaron dos concejales por negocios con proveedores de basura. De hecho, Sabat recordó que, en una oportunidad, compareció junto a Valencia ante el tribunal de alzada.

Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura

En Vitacura Valencia también dejó su huella. Según registra el Poder Judicial, entre 2007 y 2010, cuando Raúl Torrealba era la máxima autoridad de esa comuna, se llevaron a cabo cuatro juicios en los que Valencia integró el equipo de abogados, encabezado por Juan Domingo Acosta y donde se representaron los intereses del municipio en los tribunales.

En la investigación que hoy tiene como imputado al exalcalde Torrealba, existen declaraciones y gestiones de funcionarios que han prestado servicios también para Lo Barnechea, lo que, según conocedores de estas pesquisas, avizoran diligencias respecto de ese otro municipio, donde la recién elegida máxima autoridad del Ministerio Público, tuvo un  vínculo laboral. 

Pese a que el exalcalde de Lo Barnechea lo desmiente tajantemente, Domingo Prieto, exdirector de los programas de la Municipalidad de Vitacura, declaró que fue justamente Guevara el ideólogo del mecanismo para desviar recursos municipales a las cuentas del exalcalde Raúl Torrealba. También señaló que dineros de Vitacura terminaron en poder de Guevara: “Cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Vitacura, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar a Felipe Guevara Stephens $ 2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara”, declaró Prieto.   

Renato Sepúlveda es uno de los fundadores y dirigentes históricos de RN. Y muy cercano a Torrealba y Espina. Sepúlveda es otro de los hombres de esta red que la Fiscalía está indagando. Un reporte del Banco Central registró movimientos de cientos de miles de dólares en sus cuentas durante la última década, y el SII reportó que era socio de Espina en una corporación privada creada en 2005.

A esto se suma lo que otra funcionaria señaló en la Fiscalía el 27 de septiembre pasado: haber visto a una compañera, Mónica Reyes Swett, salir de la oficina de Felipe Guevara cuando éste era director de Desarrollo Comunitario de Vitacura y que en sus manos alcanzó a divisar que llevaba un fajo de billetes. 

Según registros públicos, Reyes es justamente una de las personas que se repiten entre estos municipios de la zona oriente y que forman parte del círculo íntimo de Torrealba. Porque desde 2004 a la fecha ostenta el cargo de gerenta de administración y finanzas de la Corporación Cultural de Vitacura, pero a la vez, entre 2015 y 2021, ofició de presidenta de Lo Barnechea Servicios, una de las corporaciones privadas que ha recibido subvenciones municipales.  

En esa entidad creada el 10 de septiembre de 2015 por el exalcalde Guevara, figura como segunda autoridad Antonia Larraín Prieto, funcionaria ligada por 16 años a la Municipalidad de Vitacura, persona de confianza de Torrealba y que se autodenunció como parte de la trama de corrupción que por años operó en Vitacura. 

Felipe Guevara, exalcalde de Lo Barnechea

Larraín Prieto es sobrina del denunciante inicial del caso Vitacura, Domingo Prieto. Una de sus frases vertidas a la Fiscalía que detonó el allanamiento al domicilio de Torrealba, fue: “En enero de 2015, el alcalde me solicitó que retirara la suma de $18 millones en efectivo y se la pasara directamente a él”. La publicista de 47 años, amiga de una de las hijas de Raúl Torrealba, fue desvinculada de la municipalidad en octubre de 2021. Entre sus cruces laborales con Lo Barnechea, también figura haber sido asesora en esa municipalidad entre agosto y diciembre de 2013 y un mes de 2009. 

En la lista de funcionarios de confianza que se pasan de Vitacura a Lo Barnechea, el nombre del abogado Andrés Ibarra Videla no solo se repite en ambas comunas, sino además, sus servicios ocurren de manera simultánea. Como ya se ha dicho, Ibarra está siendo investigado y el nuevo Fiscal Nacional ha sido su abogado.

Ibarra ingresó a la municipalidad de Vitacura en 1997 y se convirtió en director jurídico hasta 2014. Entre 2009 y 2011 realizó algunas asesorías para la Municipalidad de Lo Barnechea, cuando Guevara ya era alcalde de la municipalidad. Pero fue en 2014 cuando el abogado se diversificó y se desplegó por tres áreas en las dos comunas simultáneamente: en Vitacura colaboró como asesor experto, muy cercano a Torrealba, mientras al mismo tiempo ocupó el cargo de Director Ejecutivo de la Corporación Cultural de esa comuna. Y en Lo Barnechea figuró en esa misma época como “encargado” de la corporación Proemprende. 

Y como si no fuera copada su agenda durante esos años, Ibarra además aparece entre 2016 y 2020, como proveedor de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, Amszo, creada, financiada y administrada por las Municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Porque según información pública, Asesorias Ibarra Y Cia. Limitada, sociedad que Ibarra creó junto a su cónyuge, se adjudicó un contrato con Amszo para asesorar “en materias de coordinación de proyectos y ejercer labores de abogado jefe de los proyectos de concesiones, infraestructura y movilidad que lidera la asociación». Solo por ese contrato, su remuneración mensual era de $1 millón. Además, con otra sociedad junto a su esposa (Asesorías y Compañía), Ibarra facturaba otros $3 millones mensuales a Lo Barnechea. Entre 2012 y 2021 acumula pagos desde ese municipio por $400 millones.

Según testimonios, el abogado también aparece señalado como parte del mecanismo de corrupción en Vitacura. Ximena Núñez Vega, funcionaria de planta de Vitacura, señaló ante Fiscalía que Ibarra también entregaba dinero en efectivo: “La persona que les entregaba el dinero a Torrealba y a Antonia Larraín era Andrés Ibarra Videla, ex director jurídico de la municipalidad y ahora es el Director Jurídico de la Corporación Cultural. Ibarra siempre mantenía vínculos con la municipalidad a través de contratos a honorarios”, dijo. 

Al ser consultado, Guevara explica algo parecido a lo que Sabat señaló a CIPER: que haber contado con la labor de varios de los profesionales mencionados en este reportaje, resulta normal. Y detalla “tanto Ibarra como Lazcano, son abogados que tienen bastante experiencia en el mundo municipal”. Respecto a los varios contratos de Ibarra y su empresa con Lo Barnechea, el exedil agrega: “Para casos específicos, se contrata a abogados específicos. En el caso de esa empresa de asesorías, la municipalidad la contrata a través de propuestas públicas y aprobado por el Concejo Municipal, no veo que haya dificultad ni en lo primero ni en lo segundo”, señaló. 

Finalmente, el alcalde niega que pudiera haber en este cúmulo de contrataciones, la existencia de boletas o facturas falsas para desviar recursos a otros fines: “Por supuesto que lo niego. Cada trabajador tiene que hacer un informe de la labor realizada a fin de mes”, dice, “no es posible que una persona no cumpla con la labor encomendada, no me parece razonable pensar eso en los casos que usted me menciona”.  

Andrés Ibarra también fue defendido por el actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia. A partir de una causa por un atropello que protagonizó el exfuncionario de Vitacura en 2006, se abrió una arista penal que finalizó con una suspensión condicional decretada en acuerdo con el Ministerio Público, el 13 de marzo de 2007. En esa audiencia comparecieron Valencia e Ibarra y se decretó pagarle $3 millones a la víctima. El sobreseimiento de Ibarra, solicitado por Valencia, vino un año después, el 20 de junio de 2008. 

El exdiputado Sebastián Torrealba (RN), también mencionado en el caso desde que Domingo Prieto señalara que se debió desviar dinero para su campaña política, es uno de los familiares contratados en esta trenza. Antes de ser diputado, el sobrino del exalcalde de Vitacura fue concejal por Lo Barnechea. Pero también fue jefe de gabinete de Guevara y presidente de Lo Barnechea Servicios, lugar del que Reyes y Larraín también fueron parte. 

Pero el exdiputado y cientista político de la Universidad del Desarrollo, también tuvo un alto cargo en la Asociación de Municipalidades de Parque Cordillera que controla Lo Barnechea y que se dedica a la sola administración de senderos de montaña, donde la mayoría de los funcionarios son guardaparques. Su paso por esa entidad fue corto, de solo siete meses, pero de los cuales, efectivamente trabajó cuatro. Fue contratado por la asociación de Guevara justo en periodo de campaña y precampaña, donde fue elegido como diputado del Distrito 10. Y pese a ostentar el cargo de coordinador general de ese organismo desde agosto de 2017, en los meses oficiales de campaña -septiembre, octubre y noviembre siguiente-, Torrealba figura con permiso sin goce de sueldo en su recién estrenado trabajo en la asociación. Por su labor allí, percibió $12.5 millones en total ($4.2 millones mensuales), pues abandonó el cargo en febrero de 2018, días antes de asumir en la Cámara. 

¿Cuál fue su labor en la asociación? Él mismo aseguró a CIPER: “Coordinar y proponer nuevas acciones para Parques Cordillera, dada mi experiencia en temas de montaña”.

Otros familiares que se cruzan en esta relación Vitacura, Lo Barnechea y Ñuñoa, son Aldo Sabat Pietracaprina, hermano del exalcalde de Pedro Sabat. Asimismo, Pablo Parra Pietracaprina, primo de los Sabat Pietracaprina también pasó de un municipio a otro. Y  María Alejandra Guevara Stephens, hermana del exalcalde de Lo Barnechea, también aparece en las listas. 

Aldo Sabat fue administrador en Vitacura y en Lo Barnechea, director ejecutivo de la Corporación Cultural y asesor.  Su primo Pablo, en tanto, entre 2009 y 2017, ostentó varios cargos en Lo Barnechea, incluido haber sido en 2019 director ejecutivo de Lo Barnechea Servicios, lugar donde testigos señalaron haber visto correr dinero en efectivo.

Respecto de la relación entre Aldo Sabat y Guevara, su hermano Pedro Sabat dijo a CIPER que ambos “trabajaron mucho tiempo en Vitacura, y (Guevara) se lo llevó. Guevara trabajó muchos años en Vitacura, y de hecho en algún minuto dependía de mi hermano, que era como el administrador, el que hacía las cosas ahí”.

La hermana de Guevara completa la lista, con la salvedad que ella ingresó a la Municipalidad de Ñuñoa cuando estaba Sabat, pero se mantiene hasta hoy, cuya actual autoridad, Emilia Ríos, pertenece a otro conglomerado político, el Frente Amplio.

Entre las contrataciones de estos tres municipios y asociaciones ligadas, también figuran autoridades políticas y judiciales relevantes: Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, entre 2016 y 2018 prestó servicios para la Amszo. Indicó a CIPER que solo conoció a Ángel Valencia cuando expuso ante el máximo tribunal su candidatura para Fiscal Nacional. La senadora UDI, Luz Ebensperguer, fue secretaria del abogado municipal de Vitacura entre 2001 y 2003. Y un asesor de la bancada UDI, del Ministerio de Justicia en tiempos de Hernán Larraín y exabogado integrante de las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel, Héctor Mery Romero, fue asesor jurídico de Lo Barnechea. Mery y Ebensperger presenciaron en conjunto la elección de la quina para nuevo Fiscal Nacional que hizo la Corte Suprema y, según testigos, fue el abogado quien notificó a los candidatos a Fiscal Nacional las votaciones de los jueces antes de que estas se hicieran públicas (vea reportaje).

VALENCIA EN CAUSAS DE ÑUÑOA Y VITACURA

“No conozco al alcalde Torrealba (…) No entiendo el vínculo que la honorable senadora trata de construir entre mí y el alcalde Torrealba”. Así habló Ángel Valencia ante una pregunta realizada en la Comisión de Constitución del Senado, durante la misma jornada en que fue electo Fiscal Nacional.

Si bien no existen pruebas de que Valencia sea cercano al alcalde, o que siquiera lo conozca, sus huellas en el Poder Judicial sí lo conectan con causas de la Municipalidad de Vitacura, entre 2007 y 2010, cuando Raúl Torrealba era la máxima autoridad de esa comuna. CIPER encontró cuatro procesos en los que Valencia integró el equipo de abogados, encabezado por Juan Domingo Acosta, que representaría los intereses del municipio en los tribunales. 

En una de esas causas de Vitacura, fechada en 2007, quien le da poder a Acosta y Valencia es el abogado Rodrigo Ortúzar Rodríguez, quien aparece hacia ese año como subdirector jurídico de ese municipio. Tiempo después, en 2011, figura como director jurídico de Lo Barnechea en documentos que CIPER tuvo a la vista. Por último, Ortúzar, también en 2011, se retiró junto con Andrés Ibarra Videla de la sociedad Mackenna Cruzat y Compañía Limitada, en la que ambos compartían como socios desde 2007.

Juan Domingo Acosta, abogado y quien era uno de los socios del estudio en el que participaba Valencia en esos tiempos, indicó a CIPER que «en el caso de la Municipalidad de Vitacura existió un contrato de prestación de servicios profesionales, referido a temas penales y eventualmente a alguna otra área, no lo recuerdo y tampoco tengo ese contrato, dado el tiempo transcurrido. Eso explica que los abogados colaboradores de los socios hayan tenido junto con nosotros -los socios- poder de representación en las diferentes causas».

Aseguró que tiene «la mejor impresión profesional y humana del señor Valencia, no mantengo con él una relación de amistad ni con él ni con su familia, pero sí puedo dar cuenta de su rectitud. Con posterioridad a ello, me he encontrado socialmente con el señor Valencia en muy escasas oportunidades. No lo he visto en persona desde hace varios años» (vea su respuesta completa acá).

Pedro Sabat, exalcalde de Ñuñoa

CIPER le consultó al Fiscal Nacional sobre causas en las que participó representando los intereses de la Municipalidad de Vitacura, pero no recibimos respuesta.

Dentro de los otros municipios con los que se vinculó Ángel Valencia, estuvo la Municipalidad de Ñuñoa. Pedro Sabat indicó a CIPER que lo conoce: “Según recuerdo llegó porque nos asesoraba el estudio de Gonzalo Cisternas del cual era socio o trabajaba allí Ángel Valencia y le habrían pasado esa asesoría a él. La relación con él y el estudio jurídico era a través del Departamento Jurídico que cuando no tenía especialistas en las materias solicitaba contratar a alguien que sí lo fuera”.

CIPER tuvo acceso a un contrato firmado por el exalcalde y el actual fiscal nacional el 8 de julio de 2014, en donde se establece que Valencia debe representar al municipio en una causa determinada. Igualmente ocurrió con un decreto alcaldicio del 23 de octubre de ese año, en el que se contrató los servicios del abogado penalista por un recurso de protección que un grupo de residentes de la Villa Olímpica había interpuesto en contra de Ñuñoa. Esa acción judicial salió en favor de la entidad que encabezaba Sabat.

Valencia patrocinó en otro momento una querella de Marcela Sabat Fernández, hija del exalcalde, quien, según su relato, sufrió un ataque en su comando de campaña en la madrugada del 2 de diciembre de 2009.

El 19 de agosto de 2016, Ángel Valencia ingresó un recurso a la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando que, a su cliente, Pedro Sabat, se le sobreseyera de una denuncia que habían hecho dos concejales de Ñuñoa en su contra por, entre otras cosas, “la adjudicación del contrato de recolección de basura a la empresa Demarco por el alcalde, Pedro Sabat Pietracaprina, a pesar del rechazo del Concejo”. El sobreseimiento de Sabat fue visto en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el 9 de agosto de 2016, pero se había rechazado la solicitud, por lo que Valencia recurrió en segunda instancia al tribunal de alzada. Una de sus razones fue que, más allá de la denuncia de los concejales, no se estaba en presencia de un delito. En noviembre de 2016, Valencia renunció al poder que le había entregado Sabat para representarlo en la causa.

LOS CONTRATOS DE VALENCIA EN SALUD Y DEFENSA

Dos días después de ser ratificado por el Senado como nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia renunció al patrocinio del ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, en una causa relacionada con el estallido social y la violación de Derechos Humanos. Fue este 11 de enero de 2023, y el escrito del abogado señaló que en vista del cargo que le tocaba asumir, no podía continuar en ese juicio. “(El) nombramiento resulta incompatible con toda otra función o empleo remunerado con fondos públicos o privados, salvo con cargos docentes y con los límites que la ley establece”, aseguró (vea aquí el documento). 

En esta causa no solo figura Desbordes como querellado, en su calidad de exministro de Defensa, sino que también el expresidente Piñera, uno de sus ministros del Interior, Víctor Pérez, junto con el exsubsecretario de esa cartera, Juan Francisco Galli, y el propio exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. Dentro de los querellantes se encuentra la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La querella del INDH relata los hechos: un hombre de iniciales J.A.A.S. estaba el 31 de julio de 2020 dando vueltas en bicicleta por Peñalolén, cuando se encontró pasada la medianoche con enfrentamientos entre militares y manifestantes. En la avenida Tobalaba fue herido en su rostro. El 1 de agosto de ese año, en el Hospital del Salvador le diagnosticaron un trauma ocular “severo”.

El organismo que se querelló contra Desbordes fue la Comisión Chilena de Derechos Humanos, encabezada por el abogado Carlos Margotta. Ante esta situación, desde el Ministerio de Defensa decidieron suscribir un contrato con el abogado Ángel Valencia, para que representara al dirigente de Renovación Nacional y entonces ministro en la causa.

El acuerdo fue por 330 UF, poco más de $11 millones, que se pagarían en dos cuotas: una mayor al inicio de la causa y otra de 70 UF si esta se sobreseía, si había una sentencia definitiva o si el Ministerio Público decidía no perseverar en la indagación. El proceso sigue en curso, y ahora Valencia encabeza el Ministerio Público (vea aquí el contrato).

Contactado por CIPER, Mario Desbordes indicó que esta defensa fue en su calidad de ministro de Defensa. “Fui querellado como ministro de Defensa por un hecho ocurrido el primer día de mi gestión como ministro, en Peñalolén, y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, como era habitual práctica de la comisión, se querelló en contra de las Fuerzas Armadas, comandantes en jefe y del ministro de Defensa”, aseguró.

También dijo que «no he sido citado nunca, ni como testigo ni como querellado. Después que me vine del ministerio no ha habido ninguna sola gestión en la causa (…) Te insisto que aquí está querellado el ministro de Defensa, no yo como Mario Desbordes».

Ángel Valencia, nuevo Fiscal Nacional.

Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a CIPER que “se contrataron los servicios personales especializados de Ángel Valencia Vásquez, el 10 de septiembre de 2020, durante el gobierno de Sebastián Piñera, para la representación judicial y defensa penal del Ministro de Defensa Nacional de la época. En la actualidad el Fiscal Nacional presentó su renuncia al patrocinio y poder de esta causa penal”.

El nuevo Fiscal Nacional sumó otro contrato con organismos públicos, en particular con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. La orden de compra fue emitida a fines de marzo de 2022, y fue por 600 UF, en dos cuotas de 300 UF, poco menos del doble que el abogado había cobrado por representar a Mario Desbordes en el caso del estallido.

Ambos servicios no aparentan ser muy diferentes: tanto en el del militante de Renovación Nacional como en el de salud se le contrató para defender a personas en particular, aunque en este último queda abierta la posibilidad de que el abogado ejerza en otras causas si es que se llegasen a abrir.

A fines de marzo de 2022 lo llamaron para representar al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMO), Francisco Miranda Guerrero, en cualquier juicio que pudiera iniciar un funcionario del Instituto Traumatológico que atravesó por un sumario; cualquier causa que se abriera contra Miranda “con ocasión de haber sido testigo, fiscal, denunciante, informante, redactor de resoluciones, autoridad firmante de actos administrativos intermedios o finales, o cualquier tipo de actuación que diga relación con cualquier proceso disciplinario en que el Sr. (…) esté involucrado, en calidad de inculpado, imputado, denunciado, y en general, en cualquier calidad”, según un documento del 25 de marzo de 2022.

En esa fecha, Patricio Lazcano, el exdirector jurídico de Lo Barnechea y hombre de confianza de Felipe Guevara, figuraba como subdirector administrativo del SSMO, luego de salir de la intendencia regional. Unos días antes, el 18 de marzo de 2022, un trabajador del Instituto Traumatológico había presentado una querella en contra de Miranda Guerrero. CIPER accedió al historial de esa causa, que todavía se encuentra en tramitación. Aquí, eso sí, Valencia todavía no presentó su renuncia a la representación del ex director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

CIPER le consultó a Ángel Valencia sobre estos contratos. El Fiscal Nacional no contestó preguntas. Su equipo se excusó. ¿La razón? Está atareado en el proceso de instalación en el cargo.